El nombramiento de David Santiago Tamayo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó formalizado el 11 de agosto, un día después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias regiones del país. El Decreto 1170 de 2026 estableció su designación, aunque el presidente Abelardo de la Espriella ya lo había anunciado públicamente para el cargo desde el 21 de julio.
La demora resulta llamativa porque entre el anuncio y la formalización transcurrieron aproximadamente tres semanas. De La Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto, pero Tamayo tampoco fue nombrado durante los primeros días del nuevo Gobierno. Cuando ocurrió el terremoto, el 10 de agosto, Javier Pava, funcionario designado por la administración anterior, continuaba formalmente al frente de la UNGRD y encabezó el Puesto de Mando Unificado.
El problema no fue solamente administrativo. El proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante se había roto en medio de los enfrentamientos políticos que acompañaron la transición. Así, aunque Tamayo ya había sido anunciado como el hombre que conduciría la UNGRD, no existió una transición efectiva que le permitiera asumir anticipadamente el conocimiento operativo de una entidad fundamental para responder ante una emergencia.
El terremoto, por supuesto, no podía ser previsto. Sin embargo, la necesidad de mantener plenamente operativa la UNGRD sí era previsible. El Gobierno entrante conocía además riesgos como el fenómeno de El Niño y la necesidad de preparar al país para amenazas naturales y climáticas. El propio Tamayo, antes de asumir formalmente, ya hablaba de los desafíos que tendría al frente de la entidad y de la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo. Adicionalmente, días antes de la posesión también se conocía una situación compleja con el volcán Puracé en el Cauca.
Esto plantea una pregunta que va más allá del sismo: si Tamayo había sido escogido desde julio, ¿por qué no se formalizó su nombramiento al comienzo del Gobierno y por qué no hubo un empalme efectivo con Pava? La emergencia terminó poniendo de manifiesto las consecuencias de esa transición inconclusa: el funcionario del Gobierno anterior dirigió la respuesta inicial mientras el director escogido por la nueva administración todavía esperaba su nombramiento.
La controversia se trasladó rápidamente a la coordinación de la ayuda internacional. Durante las primeras horas se conocieron ofertas de distintos países y organizaciones para enviar equipos de búsqueda y rescate. Sin embargo, también surgieron versiones según las cuales Colombia estaba priorizando la recepción de insumos y consideraba suficiente su capacidad nacional de rescate, pese a que municipios afectados continuaban solicitando personal especializado.
La llegada de los Topos Aztecas desde Venezuela por iniciativa propia y la situación de los Topos Tlatelolco, que habían ofrecido sus capacidades de rescate y cuentan con amplia experiencia, hicieron más visible la discusión. Si existían equipos dispuestos a desplazarse y territorios que seguían reclamando rescatistas, la decisión de restringir inicialmente el ingreso de determinadas brigadas requiere una explicación técnica precisa.
Posteriormente, Tamayo afirmó que Colombia recibiría equipos de búsqueda y rescate de Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, siempre que cumplieran los protocolos internacionales, fueran autónomos y llegaran con sus propias herramientas. La explicación busca presentar la cooperación extranjera como un complemento a los equipos nacionales. Sin embargo, deja abierta una pregunta fundamental: ¿qué criterio concreto se utilizó para aceptar unos equipos y no otros?
La cuestión es especialmente relevante porque Estados Unidos terminó enviando 22 especialistas USAR procedentes de Los Ángeles y Virginia después de una solicitud del Gobierno colombiano, mientras México había preparado ayuda y otros países habían ofrecido capacidades de rescate desde el primer día. El Gobierno debe explicar cuándo activó los mecanismos de cooperación internacional, qué solicitudes realizó y por qué algunas ofertas tuvieron una respuesta distinta.
En medio de esta discusión surgieron críticas de sectores políticos. Claudia López y Jennifer Pedraza, entre otros, cuestionaron la idea de limitar la ayuda y defendieron que, frente a una tragedia de estas dimensiones, cualquier capacidad adicional puede contribuir a salvar vidas. El argumento adquiere fuerza ante los reportes de municipios que aún reclamaban asistencia y frente a la existencia de personas desaparecidas cuya localización dependía de operaciones de búsqueda.
También apareció una dimensión internacional de la controversia. El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que Colombia estaba aceptando insumos, pero no requería los equipos de rescate que su Gobierno había ofrecido inicialmente. Al mismo tiempo, México tenía preparadas despensas y otros elementos de ayuda humanitaria. La coexistencia de ofertas disponibles y dificultades para coordinar su llegada alimentó las dudas sobre si el problema era realmente de capacidad técnica o de coordinación institucional.
La selección de los países cuyos equipos fueron finalmente aceptados abrió además una hipótesis política: un posible sesgo ideológico en la gestión de la cooperación internacional. No obstante, esa acusación todavía no puede darse por demostrada. Que los países aceptados tengan determinadas relaciones políticas con el Gobierno no prueba por sí mismo que esa haya sido la razón de su selección. Para sostener esa tesis sería necesario comparar los requisitos técnicos aplicados a cada brigada y determinar si fueron utilizados de manera uniforme.
El verdadero interrogante, entonces, está en la combinación de factores: un director de la UNGRD anunciado tres semanas antes pero nombrado apenas después del terremoto; una transición sin empalme; una emergencia que encontró a Pava todavía al frente de la entidad; riesgos previsibles como El Niño o el volcán Puracé que exigían continuidad institucional; y una política de cooperación internacional que inicialmente generó dudas y posteriormente se abrió a determinados equipos extranjeros. La respuesta definitiva dependerá de establecer quién tomó cada decisión, cuándo la tomó y con qué información. Mientras eso no sea aclarado, las dudas sobre coordinación, oportunidad y un eventual sesgo político seguirán abiertas.
