La renuncia de Andrés Felipe Caballero a la representación judicial de Deicy Jiménez abrió un nuevo episodio en el caso de los presuntos ‘sexocontratos’ durante el Gobierno de Gustavo Petro. El penalista anunció su decisión el martes 3 de noviembre de 2026 y explicó que se apartaba del proceso después de recibir amenazas de muerte.
La decisión se conoció el mismo día en que Jiménez tenía previsto ampliar sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación. La diligencia fue aplazada mientras se define cómo continuará su representación jurídica.
Caballero hizo pública su salida del caso y aseguró que las amenazas recibidas comprometían su seguridad personal. Aunque no se conocen detalles verificables sobre el origen de esas intimidaciones ni sobre sus posibles responsables, el abogado pidió que las autoridades presten atención a la situación.
El penalista también solicitó garantías de protección para Jiménez y para otras mujeres que eventualmente puedan aportar información sobre los hechos denunciados. Su preocupación, según las declaraciones conocidas, no se limita a su propia seguridad, sino que incluye las condiciones en las que la denunciante puede continuar colaborando con las autoridades.
Jiménez sostiene que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales con el entonces presidente Gustavo Petro. Sus afirmaciones han generado una controversia política y judicial, pero deben entenderse como señalamientos que están bajo verificación y no como hechos probados.
La renuncia de Caballero se produce después de que Jiménez compareciera ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ratificó sus denuncias, según los reportes periodísticos. La diligencia formó parte de las actuaciones orientadas a establecer la veracidad de sus afirmaciones y determinar si existen elementos para abrir o impulsar investigaciones.
La comparecencia ante la Fiscalía prevista para el 3 de noviembre tenía como propósito ampliar la información entregada por la denunciante. Sin embargo, la salida de su abogado llevó a solicitar el aplazamiento de la diligencia.
La Fiscalía indicó que, por la naturaleza de esa declaración, Jiménez no necesita estar acompañada obligatoriamente por un abogado para rendir testimonio. Esto significa que la renuncia de Caballero no impide que la mujer comparezca ante el organismo investigador ni supone la suspensión automática de las actuaciones.
No obstante, la designación de un nuevo representante podría ser relevante para el acompañamiento jurídico de Jiménez en las siguientes etapas del proceso, especialmente si se presentan nuevas denuncias, solicitudes o actuaciones que requieran intervención de su defensa.
Caballero, por su parte, sostuvo que su salida no invalida las declaraciones que ya entregó su representada ni afecta las actuaciones judiciales que se han adelantado. También manifestó que mantiene su respaldo a la versión de Jiménez y que continuará pronunciándose públicamente sobre el caso.
La renuncia adquiere relevancia porque el abogado había asumido un papel visible en la divulgación y defensa de las denuncias. Desde que el caso llegó a la agenda pública, Caballero intervino en entrevistas y declaraciones para explicar la versión de su representada y reclamar que las autoridades investigaran los hechos.
El penalista también había acompañado a Jiménez en las actuaciones judiciales que se conocieron antes de su renuncia. Su salida obliga ahora a reorganizar el equipo jurídico de la denunciante en un momento en que las autoridades deben contrastar sus afirmaciones con documentos, registros de contratación y otros elementos de prueba.
Las amenazas denunciadas por Caballero plantean, además, un asunto distinto al contenido de las acusaciones contra Petro: la seguridad de quienes participan en una investigación de interés público. Para establecer la gravedad de la situación será necesario conocer si el abogado presentó una denuncia formal, si las autoridades iniciaron verificaciones y qué medidas de protección podrían adoptarse.
Hasta el momento, la información divulgada no permite establecer quién estaría detrás de las amenazas ni si estas tienen una relación directa con el caso de Jiménez. Tampoco se conocen públicamente detalles suficientes para determinar cuándo comenzaron o por qué medios fueron recibidas.
La trayectoria de Caballero ayuda a entender su experiencia como litigante en procesos de alta exposición mediática. El abogado ha intervenido en la defensa de Juan José Salazar, socio de Diego Cadena, investigado por actuaciones relacionadas con la búsqueda de testigos favorables al expresidente Álvaro Uribe.
También representó al humorista Fabio Zuleta durante la controversia por sus declaraciones sobre mujeres indígenas wayúu y participó en la defensa de personas investigadas por el atentado al centro comercial Andino, ocurrido en Bogotá en junio de 2017.
Otro de los procesos en los que intervino fue el del exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, investigado por los piques ilegales realizados en la pista del aeropuerto Perales. En ese expediente, la defensa consiguió la preclusión del delito de peculado por uso debido a la prescripción, aunque otras actuaciones continuaron.
Estos antecedentes muestran que Caballero ha asumido la defensa de personas vinculadas con investigaciones de amplio interés público. Sin embargo, su participación como abogado no implica responsabilidad en los hechos investigados ni permite establecer una relación entre esos procesos anteriores y las amenazas que ahora denuncia.
Por el momento, el principal interrogante es si Jiménez designará un nuevo abogado y cuándo podrá cumplir la diligencia pendiente ante la Fiscalía. La entidad deberá continuar con la recepción y verificación de la información, independientemente de la salida de Caballero.
También queda por establecer qué medidas se adoptarán frente a las amenazas denunciadas por el penalista y si se evaluarán condiciones de protección para la denunciante. La seguridad de ambos se convierte así en un asunto paralelo a la investigación sobre los presuntos contratos y encuentros sexuales.
El caso mantiene dos líneas de atención: por una parte, el esclarecimiento de las acusaciones sobre posibles irregularidades en la contratación estatal y, por otra, las circunstancias que llevaron al abogado a abandonar la representación de Jiménez.
La renuncia no cierra la investigación ni desvirtúa por sí misma las denuncias. Su impacto inmediato está en la reorganización de la defensa y en el aplazamiento de una diligencia ante la Fiscalía, mientras se espera que las autoridades establezcan si las amenazas denunciadas requieren actuaciones adicionales.
