El presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró que “todos vamos a ponernos las botas”, una frase con la que defendió el fortalecimiento del servicio militar como una herramienta para promover la disciplina, el compromiso ciudadano y el respaldo a las Fuerzas Militares. La declaración abrió nuevamente el debate sobre el modelo de incorporación que necesita Colombia frente a los desafíos actuales en materia de seguridad.
Aunque el mandatario electo no ha presentado un proyecto de ley para modificar el servicio militar obligatorio, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que buscaría ampliar el papel de los ciudadanos en la defensa nacional. Sin embargo, especialistas en asuntos militares consideran que la discusión va más allá del número de jóvenes que prestan el servicio.
Uno de los principales interrogantes es si el país requiere incrementar el número de soldados regulares o fortalecer el componente profesional del Ejército. Mientras los soldados que cumplen el servicio militar permanecen en la institución por un tiempo limitado, los soldados profesionales desarrollan una carrera militar, reciben entrenamiento continuo y concentran gran parte de las operaciones de combate.
La profesionalización de la Fuerza Pública ha sido una tendencia de las últimas décadas, impulsada por la necesidad de contar con personal más especializado para enfrentar amenazas complejas como el crimen organizado, las disidencias armadas, el narcotráfico y las operaciones de inteligencia. En Colombia, la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO) fue creada precisamente para consolidar ese proceso.
Diversos estudios académicos señalan que la diferencia no radica únicamente en el tiempo de entrenamiento inicial, sino en la experiencia acumulada durante años de servicio. Los soldados profesionales permanecen en la institución, perfeccionan sus capacidades y participan de manera permanente en operaciones, lo que fortalece la preparación de las unidades militares.
No obstante, mantener una fuerza compuesta principalmente por soldados profesionales implica un costo considerablemente mayor para el Estado. Además del salario, supone inversiones permanentes en formación, bienestar, seguridad social y carrera militar. Ese factor ha sido uno de los argumentos históricos para mantener el servicio militar obligatorio como complemento del pie de fuerza.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro se aprobaron medidas para mejorar las condiciones de quienes prestan el servicio militar. La Ley 2384 de 2024 incrementó gradualmente la bonificación que reciben los conscriptos hasta alcanzar el equivalente a un salario mínimo mensual, además de ampliar beneficios educativos y de reconocimiento de la experiencia adquirida.
Aun con esos incentivos, algunos analistas sostienen que el principal reto de las Fuerzas Militares no es aumentar el número de conscriptos, sino fortalecer la capacidad de retener personal profesional, mejorar las condiciones de carrera y garantizar un entrenamiento cada vez más especializado frente a las nuevas modalidades de conflicto.
La experiencia internacional muestra que no existe un modelo único. Países como Israel, Finlandia o Corea del Sur mantienen sistemas de conscripción por razones geopolíticas, mientras que otros han optado por fuerzas predominantemente profesionales. La elección depende de factores como las amenazas, el presupuesto disponible y la estrategia de defensa nacional.
En ese contexto, la frase de De La Espriella reavivó una discusión que trasciende el carácter simbólico de “ponerse las botas”. Más allá del debate sobre la obligatoriedad del servicio militar, el desafío para el próximo Gobierno será definir si la prioridad está en incorporar un mayor número de jóvenes a las filas o en consolidar un Ejército con más soldados profesionales, especializados y preparados para responder a las exigencias de la seguridad contemporánea.
