El 7 de octubre de 2023 comenzó una guerra que transformó Gaza y alteró nuevamente el equilibrio político de Oriente Medio. Tres años después, la ofensiva israelí dejó una franja devastada, una población desplazada y una discusión internacional que ya no se limita a cómo detener las operaciones militares, sino que alcanza la calificación jurídica de los hechos como genocidio y el futuro político de palestinos e israelíes.
El conflicto entre Israel y Hamás se venía agudizando desde hacía años, pero el punto máximo llegó con el ataque del 7 de octubre, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y cientos fueron tomadas como rehenes. Hoy se discute si hubo omisión del gobierno israelí sobre un posible incidente desde Gaza.
Tras la acción de Hamás, Israel respondió con una campaña militar aérea y terrestre de una magnitud sin precedentes en Gaza. Desde entonces, la población civil ha quedado atrapada entre las operaciones israelíes, la presencia de grupos armados palestinos y la progresiva destrucción de sus condiciones de vida.
El balance humano es difícil de dimensionar incluso tres años después. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, reporta las cifras del Ministerio de Salud de Gaza; a finales de septiembre, ese registro superaba los 73.000 palestinos muertos desde octubre de 2023.
Hay una disputa sobre estas cifras. Desde Israel indican que el Ministerio de Salud de Gaza no establece en su balance general una separación completa entre combatientes y no combatientes, mientras que Israel tampoco ha entregado un registro independiente y exhaustivo que permita determinar con precisión cuántas de las víctimas palestinas eran civiles.
Entre los muertos se reportan 21.700 niños que murieron tras las acciones militares de Israel. La magnitud de las víctimas infantiles se convirtió en uno de los elementos centrales de las denuncias internacionales, no solamente por el número de fallecidos, sino por las consecuencias acumuladas de las heridas, las amputaciones, el hambre, el desplazamiento y la interrupción de la educación.
El impacto no terminó con quienes murieron. La evaluación conjunta de Naciones Unidas, Banco Mundial y Unión Europea calculó que más de 1,9 millones de palestinos habían sido desplazados dentro de Gaza, muchos de ellos en repetidas ocasiones, y que más de 1,2 millones habían perdido sus viviendas.
La destrucción física alcanzó una escala que modificó prácticamente todos los sectores de la vida cotidiana. La evaluación final de daños estimó en 35.200 millones de dólares los daños físicos y en 22.700 millones las pérdidas económicas y sociales. La reconstrucción y recuperación requerirían unos 71.400 millones de dólares durante la próxima década.
La vivienda concentra la mayor parte de los daños, con unos 18.000 millones de dólares. Más de 371.888 unidades habitacionales habían resultado destruidas o dañadas, dejando a cientos de miles de familias sin una posibilidad inmediata de regresar a condiciones normales de vida.
El problema se extiende al agua y el saneamiento. El RDNA calculó daños por unos 1.700 millones de dólares en este sector, mientras Naciones Unidas continúa reportando dificultades para mantener plantas de desalinización, sistemas de alcantarillado y servicios de recolección de residuos.
La electricidad constituye otro de los grandes puntos de quiebre. Gaza permanece sin un suministro eléctrico estable y depende de generadores y combustible para mantener servicios esenciales. En octubre de 2026, OCHA advertía que las restricciones para introducir aceite de motor, repuestos y equipos estaban reduciendo incluso la capacidad de desalinización en el sur de la Franja.
La crisis sanitaria también dejó una infraestructura prácticamente irreconocible. La evaluación internacional estimó que más de la mitad de los hospitales no eran funcionales y que menos del 38 por ciento de los centros de atención primaria permanecían parcialmente operativos en el momento del análisis.
La salud de los sobrevivientes constituye, además, una emergencia de largo plazo. Más de 41.000 personas habían sufrido lesiones que requerían rehabilitación prolongada, mientras las estimaciones disponibles señalaban entre 5.000 y 6.500 amputaciones. Una cuarta parte de las personas con lesiones que cambiaron sus vidas eran niños.
La educación también quedó atrapada en la destrucción. Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea calcularon que 728.000 niños y jóvenes en edad escolar llevaban más de dos años fuera de la educación formal y que al menos 792 profesores y trabajadores educativos habían muerto.
La destrucción de las escuelas tiene además un efecto que va más allá de las aulas. Muchas fueron utilizadas como refugios para desplazados, mientras otras resultaron destruidas o necesitan reconstrucciones mayores antes de volver a funcionar.
La economía de Gaza sufrió una contracción extraordinaria. El RDNA calculó una reducción de alrededor del 84 por ciento y estimó en 6.350 millones de dólares los daños en comercio e industria. Agricultura, pesca, transporte y actividades productivas también fueron golpeados por la destrucción y las restricciones de acceso.
La dimensión humanitaria tampoco desapareció con el alto el fuego anunciado en octubre de 2025. OCHA continúa registrando muertes y heridos posteriores a ese acuerdo, además de ataques, operaciones militares, restricciones de movimiento y dificultades para introducir bienes esenciales.
El informe humanitario publicado el 5 de octubre de 2026 señala que entre el 23 y el 30 de septiembre fueron reportados 29 palestinos muertos y 147 heridos. El acumulado desde el anuncio del alto el fuego llegó entonces a 1.431 muertos y 5.026 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
El mismo informe muestra que la emergencia sigue siendo física y territorial. Más de 4.000 edificios inseguros requerían demolición total o parcial y más de 2.300 permanecían habitados, con cerca de 44.000 personas viviendo en ellos. Al mismo tiempo, 217 sitios de desplazamiento fueron considerados de riesgo medio o alto de inundación.
La tragedia del 16 de septiembre de 2026 mostró que la destrucción acumulada continúa matando incluso cuando disminuye la intensidad de las operaciones respecto de los momentos más duros de la guerra. El derrumbe de un edificio de seis pisos dañado durante el conflicto causó la muerte de 21 personas, entre ellas 12 niños.
A esto se suma una crisis forense. La Defensa Civil palestina reportó la recuperación de más de 630 cuerpos y restos humanos debajo de edificios destruidos entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras calcula que más de 8.000 personas podrían continuar desaparecidas bajo los escombros.
La discusión sobre las víctimas está directamente relacionada con otra pregunta: ¿qué ocurrió y con qué intención? Es allí donde la palabra genocidio dejó de ser solamente una acusación política y pasó a ocupar un lugar central en el debate jurídico internacional.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio exige demostrar actos específicos, entre ellos matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos o mentales o imponer deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción, pero también exige demostrar la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Sudáfrica llevó esa discusión ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023. La CIJ ordenó medidas provisionales contra Israel, pero esas decisiones no equivalieron a una sentencia definitiva que determinara que Israel había cometido genocidio.
La diferencia es fundamental. La CIJ consideró que los derechos invocados por Sudáfrica bajo la Convención eran plausibles y ordenó medidas destinadas a prevenir actos comprendidos en ella, preservar pruebas y garantizar determinadas condiciones humanitarias. El proceso sobre el fondo de la acusación es distinto de esas medidas provisionales.
Mientras ese proceso continúa, otros organismos internacionales han utilizado una conclusión mucho más contundente. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido genocidio contra los palestinos de Gaza.
La Comisión sostuvo que se habían configurado cuatro de los actos contemplados en la Convención: asesinatos, lesiones graves físicas o mentales, imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física del grupo y medidas destinadas a impedir nacimientos.
En junio de 2026, la misma Comisión reiteró su conclusión y afirmó que Israel continuaba cometiendo genocidio, señalando particularmente las consecuencias de las operaciones militares sobre los niños palestinos. Se trata de la conclusión de una comisión investigadora de Naciones Unidas, no de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
Israel rechaza esa caracterización y sostiene que sus operaciones están dirigidas contra Hamás y otros grupos armados, no contra los palestinos como grupo. El Gobierno israelí ha defendido además que sus operaciones responden al ataque del 7 de octubre, al lanzamiento de cohetes y a la utilización de infraestructura civil por parte de organizaciones armadas.
La controversia, por tanto, no se reduce a contabilizar muertos o edificios destruidos. El punto jurídico central es determinar si esas acciones constituyeron parte de una conducta acompañada de la intención específica de destruir al grupo palestino, total o parcialmente.
La destrucción de infraestructura puede ser relevante para esa discusión, pero no convierte por sí misma una operación militar en genocidio. Para llegar a esa conclusión deben analizarse conjuntamente los actos, sus patrones, las declaraciones de responsables, las políticas adoptadas y la intención que pueda inferirse de ellos.
La discusión tampoco elimina otras posibles categorías jurídicas. Ataques contra civiles, desplazamientos forzados, ataques contra bienes protegidos, privación de ayuda indispensable y otras conductas pueden ser examinados como posibles crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad sin que necesariamente alcancen el umbral jurídico específico del genocidio.
Mientras los tribunales y organismos internacionales discuten esas responsabilidades, la cuestión política permanece abierta: qué ocurrirá con Gaza y con el conjunto del territorio palestino cuando termine definitivamente la guerra.
La propuesta que continúa defendiendo Naciones Unidas es la solución de dos Estados. El secretario general António Guterres reiteró en septiembre de 2026 que el objetivo debe ser la existencia de dos Estados independientes, soberanos y democráticos, Israel y Palestina, viviendo en paz y seguridad sobre la base de las fronteras anteriores a 1967.
Pero la distancia entre esa fórmula diplomática y la realidad territorial se ha ampliado. Naciones Unidas advierte que la expansión de asentamientos, la violencia de colonos, las restricciones de movimiento y las políticas de anexión en Cisjordania están reduciendo las condiciones materiales necesarias para crear un Estado palestino territorialmente viable.
La cuestión de Gaza tampoco puede separarse de Cisjordania. El informe de Naciones Unidas de septiembre sostiene que Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, deberían permanecer política, económica y territorialmente integradas bajo un único Gobierno palestino legítimo como parte de cualquier futura solución estatal.
El futuro de Gaza plantea además el problema de quién gobernará, quién garantizará la seguridad, quién administrará la reconstrucción y qué ocurrirá con Hamás y los demás grupos armados. Casi un año después del alto el fuego, Naciones Unidas advertía que el desarme de Hamás y otros grupos todavía no se había implementado plenamente y que los mecanismos de transición previstos tampoco funcionaban a la escala necesaria.
La reconstrucción, por su parte, no es solamente una cuestión financiera. Naciones Unidas calcula que se necesitarán 71.400 millones de dólares durante una década, pero advierte que el acceso, la seguridad, la financiación y la gobernanza política determinarán si esos recursos pueden convertirse realmente en viviendas, hospitales, escuelas, agua, electricidad y empleos.
También está abierta la discusión sobre la responsabilidad por los crímenes cometidos durante estos tres años. Naciones Unidas ha advertido que la remoción de escombros debe preservar restos humanos y evidencias potencialmente relevantes para investigaciones de crímenes internacionales. En septiembre, la relatora especial Francesca Albanese alertó sobre el riesgo de que la limpieza del territorio destruya pruebas relacionadas con las acusaciones de atrocidades, incluido el genocidio.
Tres años después del 7 de octubre, Gaza enfrenta así dos procesos simultáneos: el de una emergencia humanitaria que todavía no termina y el de una disputa jurídica y política cuyo desenlace puede tardar mucho más que la reconstrucción física de la Franja.
La cifra de muertos seguirá aumentando mientras existan cuerpos sin identificar, personas desaparecidas bajo los escombros y nuevas víctimas de ataques y derrumbes. La reconstrucción, incluso si comenzara a gran escala, requeriría años y no devolvería automáticamente las viviendas, familias, escuelas, hospitales y comunidades que fueron destruidos.
El debate sobre genocidio tampoco desaparecerá con un alto el fuego. La determinación definitiva dependerá de los procesos judiciales y de la evaluación de las pruebas sobre los actos cometidos y la intención que los acompañó. Mientras tanto, la conclusión de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas constituye una de las acusaciones internacionales más graves formuladas contra Israel.
Y la solución de dos Estados enfrenta una paradoja: es presentada por Naciones Unidas como la salida política para garantizar la seguridad de israelíes y palestinos, pero las condiciones territoriales y políticas necesarias para hacerla posible continúan deteriorándose.
El desafío, por tanto, ya no consiste solamente en detener una guerra. Implica reconstruir Gaza, garantizar justicia para las víctimas, determinar responsabilidades, resolver el futuro político del territorio, establecer garantías de seguridad para Israel y crear las condiciones para que los palestinos puedan ejercer su derecho a la autodeterminación.
Tres años después del comienzo de la guerra, la devastación de Gaza es visible en sus viviendas destruidas, sus hospitales, sus escuelas, sus redes de agua y electricidad y en una población que continúa viviendo entre desplazamientos y escombros. Pero la pregunta decisiva para el futuro de la región será si esa devastación termina produciendo únicamente una pausa en la violencia o si finalmente abre un camino político capaz de resolver las causas que llevaron al conflicto.
