Las declaraciones de la ministra de Educación, Viviane Morales, sobre una presunta campaña “woke” en la enseñanza y la educación sexual integral abrieron uno de los primeros debates ideológicos de fondo del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La ministra anunció que revisará los materiales educativos y cuestionó lo que considera intentos de introducir una visión ideológica en la formación de niños, niñas y adolescentes.
Morales sostuvo que durante los últimos años se habría desarrollado una campaña “woke” que, según sus palabras, ha introducido “sutiles movimientos” para influir en la enseñanza y en la educación de los hijos, especialmente a través de los programas de educación sexual integral. La declaración instaló inmediatamente el debate sobre qué contenidos concretos serán objeto de revisión y cuáles son los cambios que planea impulsar el Ministerio de Educación.
La ministra planteó que su propósito será “restaurar principios y valores”, evitar la “ideologización” de la educación y reforzar el papel de los padres de familia en la formación de sus hijos. Bajo esa perspectiva, el Ministerio revisará los contenidos para establecer si corresponden a la edad y al nivel de desarrollo de los estudiantes.
Sin embargo, hasta ahora Morales no ha presentado públicamente un inventario detallado de cartillas, textos, guías o programas específicos que vayan a ser modificados o retirados. Esa ausencia de precisiones ha sido uno de los principales puntos de discusión, pues la ministra ha utilizado términos como “woke” e “ideologización” sin identificar de manera concreta cuáles materiales representan, según su interpretación, ese problema.
El anuncio tiene una carga política particular porque se produce después de una administración, la de Gustavo Petro, que impulsó el fortalecimiento de la educación sexual integral y promovió enfoques relacionados con género, diversidad y derechos. La llegada de Morales al Ministerio representa, por tanto, un posible cambio de orientación frente a esas políticas y una revisión de la manera en que estos asuntos son abordados dentro del sistema educativo.
En el centro de la discusión aparece precisamente la palabra “woke”, un término surgido en el inglés estadounidense que originalmente estuvo asociado a la idea de mantenerse alerta frente a las injusticias sociales y raciales. Con el tiempo, su significado se transformó y comenzó a utilizarse también, especialmente desde sectores conservadores, como una expresión crítica para referirse a políticas o discursos progresistas relacionados con género, diversidad, identidad, raza y otras causas sociales.
Esa transformación del término es importante porque “woke” ya no funciona únicamente como una descripción de una posición política o cultural. En el debate contemporáneo se ha convertido en una etiqueta con una fuerte carga negativa para quienes consideran que determinadas políticas progresistas han llegado a espacios como las escuelas, las universidades, las empresas, los medios de comunicación y las instituciones públicas.
Cuando Morales habla de una “campaña woke”, por tanto, no está utilizando una categoría técnica del sistema educativo colombiano. Está introduciendo en la discusión nacional un lenguaje propio de las disputas ideológicas y culturales que han marcado la política de Estados Unidos y de varios países occidentales durante los últimos años.
En Colombia, esa discusión conecta con un debate que ya había tenido episodios intensos alrededor de las cartillas escolares, la denominada “ideología de género”, la educación sexual y el papel de los padres en la formación de sus hijos. La diferencia ahora es que una de las principales voces de esa posición se encuentra al frente del Ministerio encargado de definir buena parte de la política educativa nacional.
Las declaraciones de Morales recibieron una respuesta de Juan Daniel Oviedo, quien cuestionó que la discusión sobre la educación se convierta en una confrontación ideológica. Su mensaje se resumió en una frase: menos “guerra cultural” y más Constitución, una expresión que buscó trasladar el debate desde las etiquetas políticas hacia el marco de derechos y obligaciones establecido por el ordenamiento constitucional.
La expresión “guerra cultural” también tiene una larga historia en el debate político contemporáneo. Se utiliza para describir conflictos en los que la confrontación no gira principalmente alrededor de impuestos, empleo o política económica, sino de valores, identidades, religión, familia, sexualidad, educación, lenguaje y formas de entender la sociedad.
En una guerra cultural, conceptos como “woke”, “ideología de género”, “familia”, “libertad de los padres” o “adoctrinamiento” dejan de ser simples palabras y se convierten en instrumentos de movilización política. Cada sector intenta definir el significado de esos conceptos y presentar su propia visión como una defensa frente a una amenaza ideológica.
La intervención de Oviedo apuntó precisamente a evitar que el debate educativo quede atrapado únicamente en esa lógica. Su planteamiento no supone necesariamente desconocer el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos, pero sí cuestiona que la discusión se resuelva a partir de etiquetas como “woke” o de una confrontación permanente entre sectores conservadores y progresistas.
El punto de fondo será determinar hasta dónde llegará la revisión anunciada por la ministra. Una cosa es evaluar si los materiales pedagógicos están adaptados a la edad y a las necesidades de los estudiantes, un principio que puede ser objeto de discusión técnica y pedagógica. Otra diferente será decidir si determinados contenidos son retirados exclusivamente por su relación con enfoques de género, diversidad o derechos sexuales.
Esa distinción será clave porque Morales todavía no ha explicado cuáles son los criterios concretos que utilizará el Ministerio para revisar los materiales. Tampoco se ha conocido un listado oficial de contenidos que serán eliminados ni un cronograma detallado sobre las modificaciones que podrían realizarse.
La discusión también involucra el papel de los padres. Morales ha defendido que las familias deben conocer y participar en la formación que reciben sus hijos, un principio que forma parte de su argumento contra una supuesta imposición ideológica desde el sistema educativo. El desafío será establecer cómo se equilibra esa participación con la obligación del Estado de garantizar educación, información y protección de derechos para todos los estudiantes.
La llegada de la ministra al Ministerio de Educación, por tanto, puede abrir una revisión más amplia de la política heredada del Gobierno Petro. La educación sexual integral aparece como uno de los primeros escenarios de ese cambio, pero el debate podría extenderse hacia otros contenidos relacionados con género, diversidad, convivencia y formación ciudadana.
Los sectores conservadores podrán presentar la revisión como una corrección frente a lo que consideran un proceso de ideologización de las aulas. Sus críticos, en cambio, podrían interpretar una eventual eliminación de contenidos sobre género y diversidad como un retroceso en materia de educación sexual y reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por ahora, las declaraciones de Viviane Morales han logrado trasladar al sistema educativo una disputa que en otros países ya ocupa el centro de la confrontación política: la oposición entre quienes denuncian el avance de una agenda “woke” y quienes consideran que esa expresión se utiliza para deslegitimar políticas de inclusión y protección de derechos.
La respuesta de Juan Daniel Oviedo introduce, en ese escenario, una advertencia distinta: que la educación no termine reducida a una batalla de etiquetas y que las decisiones sobre los contenidos escolares se discutan desde la Constitución, los derechos, la evidencia pedagógica y las responsabilidades del Estado. La verdadera dimensión de la controversia dependerá ahora de lo que haga el Ministerio: si la revisión se traduce en ajustes técnicos y pedagógicos o en un giro ideológico que convierta las aulas colombianas en uno de los principales frentes de la nueva guerra cultural.
