La deuda externa de Colombia volvió a registrar una disminución, un comportamiento que el gobierno saliente atribuye a una estrategia deliberada para modificar la composición del endeudamiento público. De acuerdo con cifras del Banco de la República, al cierre de abril de 2026 las obligaciones externas del país se redujeron hasta los 247.669 millones de dólares, impulsadas principalmente por una caída en la deuda del sector público.
Lejos de significar que el Estado dejó de endeudarse, la reducción responde a un cambio en la forma de financiar sus necesidades. Durante el último año de la administración de Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda optó por sustituir parte de la deuda denominada en dólares por emisiones de deuda interna en pesos, principalmente a través de Títulos de Tesorería (TES), con el objetivo de disminuir la exposición del país a la volatilidad del tipo de cambio.
La principal ventaja de esa estrategia radica en la reducción del riesgo cambiario. Cuando una parte importante de la deuda está denominada en dólares, una devaluación del peso incrementa automáticamente el valor de las obligaciones en moneda nacional y eleva el costo de atender el servicio de la deuda. Al trasladar una mayor proporción del endeudamiento al mercado interno, el Gobierno buscó hacer menos vulnerable al país frente a ese tipo de choques externos.
Otro aspecto positivo es que una mayor participación del mercado local puede reducir la dependencia de inversionistas internacionales y de las condiciones financieras externas. En momentos de incertidumbre global o de aumento de las tasas de interés en economías desarrolladas, contar con una base de financiamiento doméstica más sólida puede otorgar mayor margen de maniobra al Estado para administrar sus obligaciones.
Sin embargo, la estrategia también presenta costos. En términos generales, la deuda emitida en pesos suele tener tasas de interés superiores a las de buena parte de la financiación obtenida en los mercados internacionales. Eso significa que, aunque disminuya el riesgo cambiario, el costo financiero de la deuda puede aumentar y presionar el presupuesto nacional a través de mayores pagos por intereses.
También existe el riesgo de concentrar una mayor parte del endeudamiento en el mercado interno. Si el Estado absorbe una porción creciente del ahorro disponible mediante la emisión de TES, podría competir con el sector privado por esos recursos, encareciendo el crédito para empresas y hogares y reduciendo la capacidad de inversión de la economía, un fenómeno conocido como desplazamiento o crowding out.
Además, la disminución de la deuda externa no resuelve por sí sola los problemas estructurales de las finanzas públicas. Colombia continúa enfrentando un déficit fiscal significativo y un elevado nivel de endeudamiento total, razón por la cual organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal han insistido en la necesidad de avanzar hacia un ajuste que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo.
En ese contexto, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha planteado una estrategia diferente. Su equipo económico ha anunciado la intención de realizar un “reperfilamiento” de la deuda pública mediante negociaciones con organismos multilaterales y acreedores internacionales. La propuesta no busca desconocer las obligaciones ni renegociar el monto adeudado, sino extender plazos de pago y mejorar el calendario de vencimientos para aliviar las presiones de caja del Estado.
Los defensores de esa alternativa consideran que un perfil de deuda con vencimientos más largos permitiría reducir el riesgo de refinanciación y ofrecería mayor espacio para estabilizar las finanzas públicas sin recurrir a ajustes abruptos. No obstante, ese tipo de operaciones dependerá de la confianza que mantengan los mercados y las entidades multilaterales en la capacidad de pago del país, así como de las condiciones financieras que estén dispuestos a ofrecer.
En definitiva, el debate no gira únicamente en torno al tamaño de la deuda, sino a la forma en que Colombia decide administrarla. Mientras el gobierno saliente apostó por reducir la exposición al dólar mediante un mayor financiamiento en pesos, el gobierno entrante propone reorganizar el perfil de los vencimientos para ganar margen financiero. Ambas estrategias persiguen el objetivo de fortalecer la estabilidad fiscal, pero enfrentan desafíos distintos y su éxito dependerá, en última instancia, de la evolución de la economía, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas y la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
