Claudia Victoria Carrasquilla Minami, exfiscal y concejal de Medellín por el Centro Democrático, fue designada como viceministra de Defensa en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. Su llegada al Ejecutivo representa un salto desde la política local hacia uno de los sectores más sensibles del Estado y se explica, en buena medida, por su trayectoria en investigaciones contra el crimen organizado y por la imagen de firmeza que construyó durante más de dos décadas en la Fiscalía.
El nombramiento la ubica dentro del equipo que acompañará al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, en la formulación y ejecución de las políticas de seguridad. La designación también refuerza el perfil de un Gobierno que ha anunciado una estrategia enfocada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la recuperación del control territorial y una respuesta más estricta frente a los grupos armados y las organizaciones criminales.
La llegada de Carrasquilla al Ministerio plantea, además, la posibilidad de que tenga que renunciar a su curul en el Concejo de Medellín. Fue elegida por el Centro Democrático para el período 2024-2027 y, de asumir formalmente el cargo nacional, tendría que separarse de la corporación para evitar incompatibilidades entre el ejercicio de una función en el Ejecutivo y el mandato como concejal. La eventual salida abriría el proceso para determinar quién ocuparía la vacante dentro de la lista con la que fue elegida.
Carrasquilla construyó buena parte de su reconocimiento público durante su carrera en la Fiscalía General de la Nación. Ingresó a la entidad en la década de 1990 y ocupó cargos relacionados con la investigación de organizaciones criminales, narcotráfico y seguridad ciudadana. Entre otras responsabilidades, llegó a desempeñarse como directora de Fiscalías contra el Crimen Organizado, desde donde participó en operaciones contra estructuras delincuenciales y promovió públicamente los resultados de esas investigaciones.
Su trayectoria le dio el apelativo de la “dama de hierro”, una denominación que ella misma adoptó como parte de su identidad pública. La expresión buscaba resaltar una postura de mano firme frente al crimen y una carrera marcada por investigaciones de alto impacto. Esa imagen se trasladó posteriormente a la política, donde mantuvo un discurso centrado en la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones y la crítica a las estrategias de negociación del Gobierno de Gustavo Petro.
Después de salir de la Fiscalía, Carrasquilla intentó llegar al Congreso y posteriormente se vinculó al Centro Democrático. En las elecciones regionales de 2023 obtuvo una curul en el Concejo de Medellín y se convirtió en una de las voces de oposición al Gobierno nacional. Su experiencia como fiscal fue uno de los principales argumentos de su perfil político y le permitió proyectarse como una dirigente especializada en seguridad y lucha contra las estructuras criminales.
Sin embargo, la narrativa de la “dama de hierro” ha quedado enfrentada a graves cuestionamientos judiciales y periodísticos sobre actuaciones realizadas durante su etapa como fiscal. Carrasquilla fue imputada por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro de una investigación relacionada con un proceso adelantado contra organizaciones criminales y varios integrantes de la Policía. La imputación constituye una hipótesis formal de la Fiscalía y no equivale a una condena.
El caso se relaciona con una operación desarrollada en 2015 contra una estructura que operaba en departamentos de la región Caribe. De acuerdo con los cuestionamientos conocidos públicamente, varios policías fueron capturados bajo la hipótesis de que hacían parte de organizaciones criminales. Uno de los casos más mencionados es el del patrullero William Molina Torres, quien aseguró que durante el proceso se ignoraron elementos que podían favorecerlo y que se utilizaron pruebas y declaraciones cuestionadas para sostener su vinculación.
Una investigación de Revista RAYA plantea una acusación más amplia: sostiene que varios testigos habrían sido presionados o constreñidos para declarar y que algunas versiones habrían sido construidas para involucrar a uniformados. El medio recoge el testimonio de Alberto Nicolás Guerrero Villero, alias “Nico”, quien afirmó que investigadores lo habrían amenazado y visitado en prisión para construir un relato que, según su versión, funcionaba como una especie de “película” o rompecabezas destinado a comprometer a varios policías.
RAYA también señala que algunos testigos habrían sido utilizados para respaldar capturas y que varios investigadores y declarantes fueron vinculados judicialmente por hechos relacionados con el expediente. La revista sostiene que, según los elementos revisados, Carrasquilla habría avalado las actuaciones de los funcionarios bajo su dirección. No obstante, estas son acusaciones y conclusiones periodísticas que deben diferenciarse de una decisión judicial definitiva, pues la exfiscal niega los cargos y conserva la presunción de inocencia.
El reportaje también incluye la declaración de Henry Cifuentes, quien desde el exilio aseguró haber sido utilizado como uno de los supuestos falsos testigos en investigaciones adelantadas durante la etapa de Carrasquilla en la Fiscalía. La publicación presenta su testimonio como parte de una trama más amplia de presunta manipulación de declaraciones para fortalecer procesos judiciales y exhibir resultados contra organizaciones criminales. La veracidad y el alcance de esas afirmaciones deben ser establecidos dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
Otro de los aspectos señalados por RAYA es el tratamiento dado al caso de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín durante la primera administración de Federico Gutiérrez. La revista sostiene que existían elementos sobre posibles vínculos y acuerdos con la estructura criminal La Terraza, pero que Villegas terminó suscribiendo un preacuerdo y fue condenado por omisión de denuncia y abuso de la función pública, sin que se le declarara responsable por concierto para delinquir. El medio plantea interrogantes sobre el manejo institucional de ese expediente.
La investigación también cuestiona el relato de Carrasquilla sobre las amenazas que habría recibido de La Oficina de Envigado. La exfiscal afirmó públicamente que esa estructura quería asesinarla por las operaciones que había liderado en Medellín. Sin embargo, Henry Cifuentes sostuvo ante RAYA que esa versión era falsa. Se trata de un contraste entre versiones que no permite concluir, por sí solo, que las amenazas existieron o que fueron inventadas, pues no equivale a una decisión judicial que haya resuelto definitivamente la controversia.
Las acusaciones contra Carrasquilla adquirieron además una dimensión política cuando presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. En esa acción atribuyó al mandatario presuntos delitos como falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por aplicación oficial diferente. La coincidencia generó críticas porque la propia exfiscal había sido imputada por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
La controversia fue presentada por sus críticos como una paradoja política: una dirigente que denunciaba al presidente por una conducta que, en términos jurídicos, también hacía parte de los cargos formulados en su contra. La discusión, sin embargo, no significa que estuviera impedida legalmente para presentar la denuncia. La coincidencia fue cuestionada principalmente desde el punto de vista de la coherencia política y la imagen pública, mientras Carrasquilla sostuvo que continuaría ejerciendo su papel de oposición y defendiendo sus denuncias contra el Gobierno.
La designación como viceministra de Defensa vuelve a poner esos antecedentes en el centro del debate. Sus defensores pueden destacar que tiene experiencia directa en investigaciones criminales, conocimiento de las estructuras delincuenciales y una trayectoria extensa en asuntos de seguridad. Sus críticos, en cambio, podrían cuestionar que una funcionaria con una imputación pendiente y con denuncias periodísticas sobre presuntos montajes judiciales llegue a ocupar un cargo de alto nivel en el sector encargado de dirigir la política de defensa y seguridad.
El nombramiento también plantea un desafío institucional: convertir la experiencia de una fiscal en políticas públicas de seguridad. Desde el Viceministerio, Carrasquilla tendría responsabilidades distintas a las que ejerció en la Fiscalía o en el Concejo. Su labor estaría relacionada con la formulación, coordinación y seguimiento de estrategias estatales, en un contexto marcado por la expansión de grupos armados, el aumento de la violencia en varias regiones y el debate sobre el papel de la Fuerza Pública.
La discusión sobre su llegada al Gobierno deberá separar los hechos comprobados de las acusaciones pendientes. La imputación por fraude procesal y falsedad ideológica es un acto procesal formal, pero no una sentencia. Las denuncias sobre fabricación de falsos testigos, presiones a declarantes y presuntos montajes judiciales han sido expuestas por víctimas, testigos e investigaciones periodísticas, y requieren ser contrastadas dentro de los procesos judiciales antes de ser presentadas como verdades definitivas.
La trayectoria de Claudia Carrasquilla queda así atravesada por dos narrativas en tensión. Por un lado, la exfiscal que construyó una imagen de firmeza contra el crimen organizado y que ahora llega al Ministerio de Defensa con el respaldo del nuevo Gobierno. Por otro, la funcionaria cuestionada por actuaciones realizadas durante su paso por la Fiscalía y vinculada a un proceso penal que podría afectar su futuro político y administrativo.
Su eventual renuncia al Concejo de Medellín marcaría el cierre de una etapa local y el comienzo de una carrera en el Ejecutivo nacional. Pero su llegada a Defensa no eliminará las controversias sobre su pasado. La gestión que adelante como viceministra estará acompañada por el debate sobre su experiencia, su papel en investigaciones de alto impacto, la denuncia que presentó contra Petro y las graves acusaciones recogidas por Revista RAYA, mientras la justicia define el alcance de su responsabilidad en los hechos por los que fue imputada.
