Un proyecto de ley presentado por los senadores Julia Correa y Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, busca otorgar al presidente Abelardo De la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar la estructura de la Administración Pública Nacional. La iniciativa pretende convertirse en una de las principales herramientas para cumplir la promesa de reducir el tamaño y el gasto de funcionamiento del Estado.
El proyecto no se limita a autorizar una reducción del número de ministerios. El texto contempla que el Ejecutivo pueda crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir, disolver y ordenar la liquidación de organismos y entidades, además de modificar su naturaleza jurídica, objetivos y funciones.
Las facultades abarcarían los 18 ministerios y otros sectores administrativos vinculados con Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, Planeación y la Presidencia de la República. Los autores plantean que el objetivo es eliminar duplicidades, corregir la dispersión institucional y racionalizar el gasto.
La dimensión económica es uno de los elementos centrales de la propuesta. Juan Caicedo afirmó que la meta es conseguir un ahorro permanente equivalente a por lo menos el 2 % del Producto Interno Bruto, que los promotores calculan en unos $42 billones. Según los autores, esos recursos podrían utilizarse para reducir impuestos y aumentar la inversión.
Pero los $42 billones son una estimación de los promotores, no un ahorro que ya esté identificado en el presupuesto nacional. El debate legislativo tendrá que determinar qué entidades producirían ese ahorro, qué gastos desaparecerían efectivamente y cuáles simplemente serían trasladados de una institución a otra.
Esa distinción resulta relevante porque reducir una entidad no necesariamente significa eliminar la función que cumple. Si una competencia pasa a otro ministerio, departamento administrativo o establecimiento público, puede desaparecer parte del gasto administrativo, pero no necesariamente el costo de prestar el servicio.
El proyecto establece precisamente la posibilidad de trasladar competencias y modificar plantas de personal. También contempla ajustes presupuestales derivados de la reorganización, bajo los límites establecidos por la iniciativa para evitar que las modificaciones terminen aumentando el gasto de funcionamiento.
Los autores han presentado la propuesta como una forma de darle al Ejecutivo capacidad para ejecutar rápidamente una reforma administrativa que, de otro modo, tendría que tramitarse mediante múltiples proyectos y decisiones legislativas. El punto de fondo es que durante seis meses una parte importante de esa reorganización quedaría en manos del Gobierno mediante normas con fuerza de ley.
Ahí aparece el primer problema constitucional que ya ha sido señalado públicamente. El artículo 150, numeral 10, de la Constitución permite al Congreso otorgar facultades extraordinarias al presidente hasta por seis meses, pero establece que deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno y aprobadas por mayoría absoluta de ambas cámaras.
El proyecto fue presentado por congresistas del Centro Democrático y no nació, inicialmente, como una iniciativa del Gobierno. Blu Radio señaló precisamente este aspecto como un posible vicio de constitucionalidad y reportó que los autores contemplan que, durante el trámite, el ministro de Hacienda formule por escrito la solicitud de las facultades.
La discusión no es meramente formal. La Corte Constitucional ha señalado que la solicitud expresa del Gobierno es una exigencia del artículo 150 y que debe contener las razones de necesidad o conveniencia que justifican la delegación. También ha precisado que el Congreso puede modificar un proyecto durante su trámite, pero existen límites cuando se incorporan materias nuevas que no fueron solicitadas por el Ejecutivo.
Eso significa que la eventual solicitud posterior del Gobierno será un elemento importante para determinar si el proyecto cumple las condiciones constitucionales. No basta con que el Congreso quiera conceder las facultades: debe existir una solicitud gubernamental y las materias delegadas deben estar suficientemente delimitadas.
También está el problema de la precisión. Las facultades extraordinarias no pueden convertirse en una autorización genérica para que el Ejecutivo legisle sobre cualquier asunto relacionado con el Estado. La Constitución exige que sean precisas y estén limitadas temporalmente y por materia.
El alcance que propone el proyecto hace que esta cuestión cobre especial importancia. La posibilidad de intervenir simultáneamente ministerios, entidades, funciones, plantas de personal y recursos puede representar una delegación considerable de capacidad normativa, aunque formalmente esté circunscrita a la reorganización administrativa.
Hay, sin embargo, entidades que quedarían expresamente por fuera. Entre ellas aparecen el Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales y otros organismos sometidos a regímenes especiales. Es decir, el proyecto no entrega al presidente una capacidad irrestricta sobre toda la institucionalidad pública.
La propuesta también debe leerse a la luz de la promesa política de De la Espriella de reducir el tamaño del Estado. El Gobierno ha planteado disminuir el número de ministerios, pero hasta ahora la discusión pública ha estado más concentrada en la meta que en un listado definitivo de las carteras que desaparecerían o serían fusionadas.
Por eso, una de las preguntas que el proyecto deja abiertas es cuáles serían concretamente los ministerios afectados. Dar al presidente la facultad de reorganizar los 18 ministerios no equivale a anunciar cuáles desaparecerán, cuáles se fusionarán ni qué funciones pasarían de una cartera a otra.
El proyecto tiene además un antecedente político en la administración de Álvaro Uribe. Los promotores han citado la reforma administrativa de comienzos de los años 2000 como referencia para defender una reducción de entidades y ministerios. La comparación, sin embargo, requiere tener en cuenta que el tamaño, las obligaciones y la estructura presupuestal del Estado actual son diferentes.
El momento fiscal también introduce una contradicción que el Congreso tendrá que examinar. Mientras el Gobierno defiende la reducción del gasto de funcionamiento, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 pasó de una cifra cercana a $575 billones a $634,9 billones. El Ejecutivo ha explicado que el aumento incluye obligaciones como deuda, pensiones y gastos electorales.
Por esa razón, la discusión sobre el tamaño del Estado no puede reducirse a comparar el presupuesto total de un año con el siguiente. El gasto público incluye componentes que no pueden reducirse simplemente eliminando ministerios, mientras que el gasto de funcionamiento es apenas una parte de las cuentas nacionales.
El Gobierno también ha anunciado otras medidas de ajuste. Según Blu Radio, ha planteado recortes iniciales de gastos, una iniciativa fiscal para eliminar gastos por alrededor de $40 billones y una posterior reforma estructural dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La propuesta del Centro Democrático se inserta en ese conjunto de medidas.
La iniciativa tiene, además, una dimensión política. El Centro Democrático no solo respalda una promesa central del Gobierno, sino que intenta proporcionarle al presidente una herramienta para ejecutarla. Juan Caicedo presentó el proyecto como una manera de “unir fuerzas” con De la Espriella en torno a la austeridad estatal.
Ese respaldo también puede convertirse en una forma de presión. Si el Gobierno acepta las facultades, deberá asumir parte del costo político de las entidades que eventualmente sean eliminadas o fusionadas. Si las rechaza o las modifica sustancialmente, el debate podría convertirse en una disputa sobre quién está realmente dispuesto a reducir el aparato estatal.
Hay otra cuestión que tendrá que ser examinada: el efecto sobre los empleados públicos. La modificación de plantas puede implicar supresión de cargos, traslados y reestructuraciones laborales. El ahorro anunciado tendría que calcularse después de considerar indemnizaciones, costos de liquidación, obligaciones laborales y eventuales gastos derivados de la transición.
La experiencia de otras reformas administrativas muestra por qué el ahorro anunciado inicialmente no necesariamente equivale al ahorro fiscal permanente. Liquidar una entidad puede generar costos inmediatos y trasladar funciones puede crear nuevas necesidades de personal, tecnología, infraestructura o contratación.
Por eso, el indicador decisivo no debería ser únicamente cuánto presupuesto desaparece de una entidad, sino cuánto gasto neto se elimina después de completar la reorganización. También será necesario determinar qué servicios públicos pueden verse afectados y qué mecanismos utilizará el Gobierno para evitar que una reducción administrativa termine deteriorando la capacidad institucional.
El Congreso deberá examinar igualmente si las facultades son suficientemente precisas. La Constitución permite la delegación legislativa bajo condiciones concretas, pero la Corte Constitucional ha advertido que no puede utilizarse como una autorización abierta para que el Ejecutivo defina por sí mismo el alcance de materias que corresponden al legislador.
Por ahora, De la Espriella no tiene las facultades extraordinarias planteadas en el proyecto. La iniciativa apenas comienza su trámite y tendrá que superar las etapas correspondientes en el Congreso. Tampoco existe todavía una decisión definitiva sobre qué ministerios o entidades serían eliminados o fusionados.
El proyecto, sin embargo, ya permite identificar la dimensión de la reforma que se pretende impulsar. No se trata solamente de reducir algunas carteras: la propuesta contempla intervenir buena parte de la estructura administrativa nacional y entregar durante seis meses al Ejecutivo instrumentos para hacerlo mediante normas con fuerza de ley.
La discusión, por tanto, tendrá dos planos. Uno será fiscal: si realmente es posible ahorrar $42 billones, dónde están esos recursos y cuánto de ese ahorro sería permanente. El otro será constitucional e institucional: si la delegación propuesta cumple los requisitos de necesidad, precisión, temporalidad y solicitud gubernamental establecidos por la Constitución.
El resultado de ese debate determinará hasta dónde puede llegar la promesa de reducir el Estado. El Congreso no está votando todavía la desaparición de un ministerio específico, sino una herramienta que podría permitirle al presidente reorganizar una parte significativa de la administración nacional. Esa diferencia será fundamental cuando el proyecto avance.
La propuesta del Centro Democrático pone así sobre la mesa una pregunta que va más allá de la austeridad: ¿cuánto poder está dispuesto a delegar el Congreso al Ejecutivo para modificar el Estado y qué controles quedarán funcionando durante esos seis meses? La respuesta dependerá del texto definitivo, de la solicitud que presente el Gobierno y del trámite que adelante el Congreso.
