El primer mes de gobierno de Abelardo De la Espriella dejó un registro que abre una pregunta distinta sobre el uso de los recursos destinados a la movilidad presidencial: entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre se contabilizaron 219 operaciones aéreas asociadas a los apoyos al jefe de Estado, con un costo reportado de $2.286 millones.
La cifra fue divulgada por el representante José Luis Bohórquez a partir de información entregada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, después de que una tutela obligara al Ministerio de Defensa a ampliar la información sobre los desplazamientos presidenciales. Del total, 138 operaciones tuvieron una duración inferior a diez minutos.
Pero dentro de ese conjunto hay un dato que concentra buena parte de las preguntas: 43 operaciones tuvieron como origen o destino el sector de Sabanilla, donde está ubicada la sede deportiva Adelita de Char, relacionada con el Junior de Barranquilla. Esos trayectos representaron, según el consolidado divulgado por Bohórquez, alrededor de $141 millones.
El dato, por sí solo, no demuestra que los desplazamientos hayan sido irregulares ni que el presidente hubiera acudido allí por razones ajenas a sus funciones. El registro de vuelo establece rutas, aeronaves, tiempos y costos, pero no explica necesariamente la actividad que motivó cada operación.
Precisamente por eso aparece la primera pregunta que el Gobierno tendría que responder: ¿qué actividades presidenciales se realizaron en la sede deportiva Adelita de Char durante esos desplazamientos?
La respuesta es relevante porque una sede deportiva no constituye, por su propia naturaleza, una instalación estatal. Si allí se desarrollaron reuniones, encuentros institucionales o actividades relacionadas con la agenda presidencial, sería necesario conocer cuáles fueron y qué funcionarios o entidades participaron.
También habría que establecer si esas actividades exigían la presencia física del presidente. Esa distinción resulta fundamental porque la discusión no consiste simplemente en determinar si De la Espriella tenía derecho a desplazarse, sino en conocer qué criterio se utilizó para decidir que debía hacerlo físicamente.
Existe además una segunda pregunta: si la presencia del presidente era necesaria, por qué el traslado hasta ese punto requería una aeronave de la Fuerza Pública?
Seguridad y transporte aéreo no son conceptos equivalentes. La protección presidencial puede imponer restricciones especiales a los desplazamientos, pero la existencia de un esquema de seguridad no demuestra automáticamente que cada trayecto deba hacerse en helicóptero.
En determinados casos, una aeronave puede ser necesaria por razones de seguridad, tiempo, amenaza o logística. En otros, podría ser suficiente el transporte terrestre. Y cuando una actividad no requiere presencia física, existe una tercera posibilidad: la participación mediante videoconferencia.
La videoconferencia, por tanto, no debería presentarse como una alternativa automática al esquema de seguridad presidencial. La cuestión es establecer si las actividades realizadas en Adelita requerían realmente la presencia física del mandatario y, de ser así, qué circunstancia hacía indispensable el transporte aéreo.
Los datos adquieren mayor relevancia por la cantidad de operaciones. No se trata de un desplazamiento aislado hacia Barranquilla, sino de 43 movimientos entre el aeropuerto Ernesto Cortissoz y Sabanilla durante poco más de un mes. El costo informado para ese conjunto ronda los $141 millones.
Además, el consolidado general muestra que 138 de las 219 operaciones tuvieron una duración inferior a diez minutos y que el conjunto de vuelos representó 74 horas y 27 minutos de operación y más de 37.000 galones de combustible, según las cifras divulgadas por Bohórquez.
La corta duración tampoco permite concluir por sí misma que un vuelo fuera innecesario. Un helicóptero puede utilizarse para cubrir distancias breves por razones operacionales o de seguridad. Pero cuanto más frecuente es ese tipo de desplazamiento, mayor importancia adquiere conocer el criterio que llevó a escoger la aeronave.
Hay otro elemento que debería aclararse. La información publicada señala que algunas operaciones hacia ese destino registraron cero pasajeros. Ese dato tampoco prueba un uso indebido: una aeronave puede desplazarse sin pasajeros para posicionarse, esperar al mandatario o cumplir una misión logística. Pero la misión específica de cada vuelo permitiría saber cuál de esas explicaciones corresponde en cada caso.
El Gobierno de De la Espriella ha planteado públicamente una revisión de la administración estatal. El 29 de agosto, desde Barranquilla, el presidente anunció una reestructuración del Estado y dijo que había ordenado revisar de manera inmediata y profunda la contratación en las entidades del Gobierno.
Ese discurso hace que el costo de la movilidad presidencial tenga una dimensión adicional. La austeridad no significa necesariamente eliminar los gastos de seguridad del jefe de Estado, pero sí plantea la necesidad de justificar aquellos gastos que puedan ser sustituidos por alternativas menos costosas sin afectar las funciones presidenciales.
Por eso, la discusión tampoco debería reducirse a la frase «¿por qué el presidente usa helicóptero?». Una pregunta más precisa sería: ¿cuáles son los criterios mediante los cuales la Presidencia determina que una actividad requiere presencia física y que esa presencia requiere transporte aéreo militar?
En el caso de Adelita de Char, esa explicación resulta particularmente necesaria porque la sede está vinculada al Junior de Barranquilla y los 43 movimientos constituyen una proporción significativa de las operaciones cortas identificadas en el consolidado. La información disponible, sin embargo, no permite establecer qué relación concreta tuvo cada vuelo con actividades del club o con personas vinculadas a él.
Tampoco sería correcto concluir que una visita a la sede deportiva tenía necesariamente carácter privado. Una actividad presidencial puede desarrollarse en instalaciones privadas por razones institucionales, de seguridad, logística o de convocatoria. Lo que falta es conocer cuál de esas razones operó en cada caso.
La pregunta adquiere todavía más importancia porque durante el mismo periodo hubo actividades oficiales en Barranquilla que sí están claramente identificadas. El 29 de agosto, por ejemplo, De la Espriella encabezó un consejo de ministros desde una sede alterna del Gobierno en esa ciudad.
Eso permite separar dos asuntos que suelen mezclarse en la discusión pública: que el presidente tenga actividades oficiales en Barranquilla no explica automáticamente cada uno de sus desplazamientos dentro del área metropolitana; y que un desplazamiento sea corto tampoco demuestra automáticamente que haya sido innecesario.
El problema de fondo es, entonces, documental. Para evaluar esos 43 vuelos haría falta conocer la agenda correspondiente a cada fecha, la misión asignada a la aeronave, el número de pasajeros, la duración de la actividad presidencial y la razón operacional por la que se escogió el transporte aéreo.
También sería necesario saber cuántas de esas actividades podían realizarse de manera remota. Una reunión virtual no puede sustituir un consejo de seguridad, una inspección de una operación militar o determinadas actividades protocolarias que requieran presencia física. Pero sí podría ser una alternativa para reuniones o encuentros en los que la presencia del presidente no sea indispensable.
Por ahora, el dato comprobable es otro: 43 operaciones conectaron el sistema de movilidad aérea presidencial con la sede deportiva Adelita de Char y representaron alrededor de $141 millones dentro de un gasto aéreo total reportado de $2.286 millones en el primer mes de gobierno.
La controversia, por tanto, no debería resolverse suponiendo que esos vuelos fueron injustificados ni aceptando que todos estaban automáticamente amparados por razones de seguridad. La pregunta que queda abierta es mucho más concreta: qué hacía el presidente en Adelita, por qué necesitaba estar allí físicamente y por qué, en cada uno de esos casos, era necesario llegar en una aeronave de la Fuerza Pública.
Mientras esas respuestas no sean públicas, los 43 vuelos permanecerán como una parte particularmente llamativa del registro de movilidad presidencial. No necesariamente como prueba de una irregularidad, sino como un gasto que requiere una explicación suficientemente detallada para determinar si correspondió a necesidades de Estado, a decisiones logísticas o a actividades que pudieron desarrollarse mediante otras alternativas.
