El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5 % al 7 de agosto de 2026, fecha en la que terminó su mandato, según el balance de la Contraloría General de la República. El resultado corresponde al plan Colombia, potencia mundial de la vida y se ubicó por debajo de los porcentajes reportados para las dos administraciones anteriores.
El vicecontralor general, Francisco José Chaux, señaló que el cumplimiento del plan de Petro fue inferior al registrado durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. La entidad también advirtió dificultades en la calidad de los reportes y en la verificación de los indicadores empleados para medir los avances de las políticas públicas.
Las cifras presentadas distinguen entre el cumplimiento general del plan y el estado de sus metas individuales. Según el balance, el 33 % de las metas se había cumplido, el 44 % permanecía incumplido y el 23 % registraba avances inferiores a la mitad. Estas proporciones muestran que, aunque el indicador general llegó al 72,5 %, persistían compromisos con resultados limitados o pendientes.
Uno de los ámbitos con mayores dificultades fue la reforma agraria, una de las principales apuestas del Gobierno. La administración se propuso entregar tres millones de hectáreas a campesinos a través del Fondo de Tierras, en el marco de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, los datos sobre entrega, compra y formalización de predios presentaron diferencias entre los registros oficiales y las cifras citadas por distintos actores.
El portal Razón Pública reportó que durante el cuatrienio se entregaron 15.517 predios, equivalentes a unas 351.000 hectáreas. Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, afirmó que, de las tierras ofrecidas en el marco del acuerdo con el Gobierno, finalmente se compraron 24.000 hectáreas. También se señalaron diferencias en los resultados de titulación y formalización, mientras que la Contraloría había advertido inconsistencias en los registros de las entidades responsables.
El acceso al agua potable en las zonas rurales fue otro de los puntos críticos. Según las cifras citadas en el informe, la cobertura de acueducto superaba el 92 % en las áreas urbanas, mientras que en el campo llegaba al 43,38 %. La brecha evidencia las dificultades para ampliar el acceso a este servicio en las comunidades rurales, donde persisten limitaciones en la infraestructura y en la prestación formal del suministro.
La política antidrogas también hizo parte del balance. El Gobierno priorizó la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la incautación de cocaína como componentes de su estrategia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito había verificado el tránsito de 15.000 hectáreas de coca hacia cultivos legales. No obstante, el último informe mencionado registró más de 261.000 hectáreas sembradas con coca y una producción potencial superior a las 3.000 toneladas de cocaína al año, cifras que reflejaban la magnitud del desafío.
En los compromisos con pueblos indígenas y comunidades negras, raizales y rom también se identificaron rezagos. De los 269 compromisos evaluados, 149 registraban avances inferiores a la mitad y 82 no presentaban ningún avance. Estos resultados fueron expuestos por el vicecontralor y forman parte de las observaciones sobre el cumplimiento de las políticas dirigidas a las comunidades étnicas.
Las políticas de juventud y el funcionamiento del Ministerio de la Igualdad también enfrentaron dificultades institucionales. La Corte Constitucional declaró inexequible en mayo de 2024 la ley que creó el ministerio, al considerar que el Congreso no había analizado adecuadamente su impacto fiscal. Aunque el Gobierno presentó un nuevo proyecto para corregir el problema, este no fue aprobado dentro del plazo establecido, lo que afectó la continuidad de esa estructura institucional durante el cierre de la administración.
En materia legislativa, el balance del cuatrienio incluyó avances y proyectos que no consiguieron consolidarse. La reforma laboral fue aprobada en junio de 2025, después de enfrentar obstáculos en el Congreso, mientras que la reforma pensional, aprobada en 2024, pasó por una revisión de la Corte Constitucional que suspendió temporalmente su trámite. En agosto de 2026, el alto tribunal avaló 92 de sus 101 artículos y su entrada en vigor quedó prevista para el 1 de abril de 2027. En contraste, la reforma a la salud no logró completar su trámite legislativo y terminó archivada.
El resultado general del Plan Nacional de Desarrollo deja así un balance desigual entre los objetivos propuestos y los avances reportados en diferentes sectores. La Contraloría llamó la atención tanto sobre los rezagos en áreas prioritarias como sobre las dificultades para verificar algunos indicadores, un aspecto relevante para establecer el alcance real de los resultados de la administración Petro.
