El informe final de la Comisión de la Verdad llegará al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, a finales de noviembre de 2026, en un momento de tensión por las decisiones del Gobierno sobre la representación de la historia nacional en los espacios culturales. La exposición busca acercar al público a los hallazgos y recomendaciones del organismo que investigó las causas, las responsabilidades y las consecuencias del conflicto armado colombiano.
La muestra se presentará cuando se cumplen diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, un aniversario que vuelve a poner en el centro de la discusión pública los avances, las dificultades y las deudas pendientes del proceso de reconciliación. Su llegada al principal museo histórico del país también coincide con el debate sobre el retiro de decenas de piezas de sus salas, una decisión que ha provocado cuestionamientos de personas vinculadas con la memoria histórica y la defensa de los derechos de las víctimas.
La exposición ya había sido presentada en el Museo de Memoria de Bogotá y en muestras itinerantes por distintas regiones. Su traslado al Museo Nacional representa una nueva oportunidad para divulgar los resultados de la Comisión, cuyo mandato concluyó en 2022, después de más de tres años de trabajo y de la recopilación de miles de testimonios sobre la violencia en Colombia.
La Comisión de la Verdad, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, escuchó cerca de 30.000 testimonios de víctimas, integrantes de las Fuerzas Armadas, miembros de grupos armados ilegales, políticos, empresarios y expresidentes. El informe resultante abordó las dinámicas de un conflicto de más de medio siglo y sus consecuencias, particularmente sobre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
La exposición reúne elementos relacionados con el relato histórico del conflicto, los factores que han permitido la persistencia de la violencia y las recomendaciones formuladas para avanzar hacia la paz. Entre sus contenidos figura el capítulo No matarás, que aborda la trayectoria de la guerra y sus múltiples responsabilidades, así como testimonios de víctimas y reflexiones sobre los efectos del conflicto en la naturaleza.
Lucía González, excomisionada de la verdad y curadora principal de la muestra, explicó que la exposición pretende contribuir a una comprensión colectiva de las responsabilidades necesarias para construir paz. La propuesta busca que los visitantes no se limiten a conocer hechos históricos, sino que reflexionen sobre las consecuencias de la violencia y las transformaciones que necesita la sociedad colombiana para evitar su repetición.
Sin embargo, la llegada de la muestra se produce en medio de una controversia por la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar alrededor de treinta piezas del Museo Nacional. Entre los elementos afectados se encuentran referencias a figuras políticas asesinadas, movimientos sociales y expresiones de las luchas por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
Entre las piezas retiradas o afectadas por la decisión figuran objetos relacionados con Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, candidatos presidenciales asesinados durante la campaña electoral de 1990. También se mencionan elementos vinculados con la historia de las personas LGBTIQ+, los movimientos feministas y la Séptima Papeleta, iniciativa estudiantil que contribuyó al proceso que desembocó en la Constitución de 1991.
La controversia se enmarca en la denominada «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente el 15 de octubre. De acuerdo con el reportaje, De la Espriella pidió a la ministra de Cultura, Paola Holguín, emprender una lucha contra lo que calificó como «wokismo». Las decisiones sobre las piezas del museo han abierto preguntas sobre los criterios empleados para definir qué episodios, personajes y movimientos deben ocupar un lugar en la representación pública de la historia colombiana.
La discusión no se limita a la permanencia de determinados objetos en las salas. También involucra el papel de los museos estatales en la construcción de memoria y la obligación de preservar distintas perspectivas sobre hechos que han marcado la vida política y social del país. En este contexto, la exposición de la Comisión de la Verdad adquiere relevancia porque propone una lectura del conflicto basada en testimonios, investigación histórica y recomendaciones dirigidas a evitar la repetición de la violencia.
El artículo señala, además, que el Gobierno ha mantenido una posición contraria a la apertura de nuevos diálogos de paz con los grupos armados que continúan operando en Colombia y una postura crítica frente a instituciones surgidas del acuerdo con las FARC. En ese escenario, el Ministerio de Cultura contemplaba la posibilidad de organizar una exposición paralela que presentara la perspectiva de los militares, aunque el reportaje no señala que esa iniciativa se hubiera concretado.
La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, constituye uno de los referentes jurídicos de esta discusión. Su artículo 143 establece el deber de memoria del Estado y contempla la reconstrucción plural de la memoria histórica, sin promover una verdad oficial que restrinja la pluralidad, la participación o las libertades de expresión y pensamiento.
Marta Ruiz, periodista y excomisionada de la verdad, cuestionó el retiro de las piezas del Museo Nacional y calificó la decisión como censura. La excomisionada planteó que las medidas podrían afectar la representación de las víctimas, los sectores populares y los episodios de violencia política que forman parte de la historia nacional. También consideró que deberían solicitarse medidas cautelares para proteger la exposición del informe final, una propuesta que, según el reportaje, correspondía a su posición y no a una decisión judicial ya adoptada.
La discusión plantea un desafío para la institución: conciliar las decisiones administrativas sobre sus colecciones con la obligación de ofrecer al público una representación amplia y documentada de la historia del país. Las piezas relacionadas con líderes asesinados, movimientos estudiantiles, luchas feministas y comunidades históricamente excluidas forman parte de procesos sociales que han incidido en la transformación política y constitucional de Colombia.
La exposición de la Comisión de la Verdad permitirá volver sobre las experiencias de las víctimas y las conclusiones de un organismo que buscó explicar las causas y consecuencias de la guerra, así como identificar factores que contribuyeron a su prolongación. Su presentación en el Museo Nacional también ofrecerá un escenario para examinar las recomendaciones formuladas en 2022 y su vigencia frente a los desafíos actuales de la construcción de paz.
La muestra llegará, por tanto, a una institución inmersa en una discusión sobre qué memorias se preservan, cuáles se exhiben y cómo se presentan los episodios más difíciles de la historia nacional. La controversia por las piezas retiradas y las críticas de antiguos integrantes de la Comisión reflejan diferencias sobre la manera de interpretar el pasado y sobre el papel que deben desempeñar las instituciones culturales en ese proceso.
A finales de noviembre, cuando se inaugure la exposición, el informe de la Comisión de la Verdad volverá a ocupar un espacio central en la conversación pública sobre el conflicto armado. Su presencia en el Museo Nacional coincidirá con una conmemoración decisiva para el proceso de paz y con interrogantes sobre la memoria histórica, la pluralidad de los relatos y las responsabilidades del Estado frente a las víctimas.
El debate de fondo será cómo garantizar que los espacios culturales públicos permitan conocer y discutir la historia colombiana en toda su complejidad, incluidas las voces de quienes sufrieron la violencia y las experiencias de los movimientos que contribuyeron a transformar el país. La exposición aspira a promover esa reflexión, mientras la controversia por las decisiones del Gobierno mantiene abierta la discusión sobre el lugar de la memoria en la vida democrática.
