El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio luz verde al trámite de ascenso del brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien es investigado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en irregularidades ocurridas durante un operativo militar en el departamento del Cauca, en enero de 2024. La decisión quedó consignada en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, firmado por el mandatario y el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora.
La inclusión del oficial en el proceso de ascensos abrió un nuevo capítulo en el caso judicial que lo involucra. Mejía Torres fue imputado por cuatro delitos el 16 de septiembre de 2026, en una investigación relacionada con la presunta liberación de un hombre capturado por integrantes del Ejército con una sustancia que sería pasta base de cocaína. El militar no aceptó los cargos, según los reportes publicados sobre la diligencia judicial.
El procedimiento se remonta al 31 de enero de 2024, cuando tropas del Ejército adelantaron un operativo en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. Para ese momento, Mejía Torres se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca, una unidad militar que operaba en una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales y las economías ilícitas asociadas al narcotráfico.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante el procedimiento los uniformados capturaron a un hombre que presuntamente transportaba alrededor de 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína. El detenido y la sustancia incautada habrían sido trasladados inicialmente con el propósito de ponerlos a disposición de las autoridades judiciales, pero las circunstancias posteriores del operativo se convirtieron en el eje de la investigación penal.
Los investigadores sostienen que el general habría impartido instrucciones para que el capturado y la sustancia regresaran a El Plateado, en lugar de continuar el procedimiento ante las autoridades competentes. La Fiscalía también examina posibles irregularidades en los documentos oficiales relacionados con el operativo y las circunstancias en las que se habría producido la devolución del detenido y del material incautado.
Por estos hechos, el oficial enfrenta señalamientos por prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. La imputación de estos delitos representa la formulación de una hipótesis penal por parte del ente acusador y no equivale a una condena. La responsabilidad del general deberá establecerse en el marco del proceso judicial, con las garantías correspondientes.
El caso también tiene antecedentes en la trayectoria reciente del oficial dentro de la institución. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el nombre de Mejía Torres no fue incluido en el proceso de ascensos, mientras avanzaban las actuaciones relacionadas con la investigación. Posteriormente, el militar fue destinado al Comando de Educación y Doctrina del Ejército, según los antecedentes recogidos en la información periodística sobre su situación.
Con el cambio de Gobierno y la renovación de la cúpula militar, el general volvió a aparecer en el panorama de los ascensos. El comandante general de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez, le asignó funciones en la oficina de planeación estratégica de la institución, antes de que su nombre fuera incorporado en la nueva lista de oficiales propuestos para avanzar al siguiente grado.
El Decreto 1591 del 22 de octubre formalizó el inicio del trámite para que Mejía Torres pueda ascender de brigadier general a mayor general. Sin embargo, la disposición no significa que la promoción esté aprobada de manera definitiva. El procedimiento debe continuar ante el Congreso, donde corresponde evaluar la hoja de vida del oficial y decidir sobre la propuesta presentada por el Gobierno.
La Comisión Segunda del Senado tendrá un papel central en la revisión de la documentación y de los antecedentes del candidato. Posteriormente, la plenaria de esa corporación deberá pronunciarse sobre el ascenso, de acuerdo con el procedimiento previsto para este tipo de promociones en la cúpula militar. La investigación penal contra el oficial constituye un elemento relevante en el debate sobre su trayectoria y su eventual promoción.
La decisión del Ejecutivo plantea interrogantes sobre los criterios que se aplican para seleccionar a los oficiales que aspiran a ocupar los grados superiores de las Fuerzas Militares cuando enfrentan procesos judiciales. También pone en el centro de la discusión la relación entre las decisiones administrativas del Gobierno, la evaluación política que corresponde al Senado y la presunción de inocencia que ampara a los investigados mientras no exista una decisión judicial condenatoria.
Por ahora, el futuro del ascenso de Federico Mejía Torres dependerá del desarrollo del trámite legislativo y de las decisiones que se adopten en el proceso penal. La inclusión de su nombre en la lista de candidatos representa un respaldo del Gobierno a la continuidad del procedimiento, pero no resuelve los cuestionamientos que originaron la investigación ni determina el resultado judicial del caso.
