La controversia alrededor de las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer sumó un nuevo capítulo luego de que fuentes de la Fiscalía General de la Nación señalaran que la entidad todavía no había recibido formalmente las pruebas anunciadas por la exfuncionaria. La versión contrasta con la posición de su abogado, Jhony Batalla, quien sostiene que el material sí fue enviado a un investigador del organismo.
La diferencia se conoció el viernes 23 de octubre de 2026, después de la segunda sesión de la declaración juramentada de Ferrer ante la Fiscalía. Durante las diligencias, la exasesora expuso su versión sobre presuntas irregularidades que involucrarían a Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro, y anunció la entrega de elementos que, según su defensa, respaldarían sus afirmaciones.
De acuerdo con reportes periodísticos, fuentes de la Fiscalía indicaron que Ferrer había concentrado sus intervenciones en relatar los hechos y que la entrega del material probatorio seguía pendiente. La entidad, según esas versiones, no contaba todavía con las evidencias que la exfuncionaria había anunciado como parte de su declaración.
El abogado Jhony Batalla contradijo esa información y aseguró que la defensa había remitido audios, documentos y otros archivos a través del correo electrónico de un investigador. El jurista sostuvo que existían elementos para respaldar las afirmaciones de su representada y pidió que se aclarara qué había ocurrido con el material enviado.
La defensa también comunicó que había solicitado a la Fiscalía verificar si los archivos llegaron a su destinatario, si podían consultarse y si existía alguna dificultad técnica que impidiera su acceso. La petición busca establecer si la diferencia entre ambas versiones corresponde a una falta de envío, a un problema de recepción o a la ausencia de una incorporación formal de los documentos al expediente.
Uno de los elementos mencionados por Batalla es una grabación que, según su interpretación, respaldaría una denuncia relacionada con el pago de una deuda personal mediante recursos estatales. Sin embargo, el contenido de ese material y su eventual valor probatorio requieren verificación por parte de las autoridades competentes. Hasta que se examine su autenticidad y contexto, no puede presentarse como demostración de una conducta ilegal.
Las denuncias de Ferrer se refieren a presuntas irregularidades en viajes y operaciones relacionadas con Verónica Alcocer. Entre sus afirmaciones figura el supuesto transporte de drogas, armas y dinero en aeronaves oficiales durante desplazamientos a Venezuela. La exfuncionaria también aseguró que se habrían trasladado 2,5 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Estas acusaciones no constituyen hechos judicialmente probados. Alcocer ha rechazado los señalamientos y presentó ante la Fiscalía documentación con la que busca controvertir la versión de Ferrer sobre un viaje oficial a Venezuela realizado en enero de 2023. La investigación deberá determinar si existen elementos objetivos que permitan respaldar o descartar las afirmaciones de las partes.
El caso ha generado atención por la naturaleza de los señalamientos y por la necesidad de establecer si las pruebas anunciadas por Ferrer fueron efectivamente puestas a disposición de los investigadores. La diferencia entre enviar archivos y entregarlos formalmente resulta relevante en una actuación judicial, pues la existencia de un correo electrónico no demuestra por sí sola que el material haya sido recibido, incorporado al expediente y sometido a las verificaciones correspondientes.
Para esclarecer la situación, será necesario establecer cuáles archivos fueron remitidos, quién era el destinatario, cuándo se produjo el envío y si existe constancia de recepción. También deberá precisarse si el material puede abrirse, si corresponde a los elementos mencionados durante la declaración y si cumple las condiciones necesarias para ser incorporado a la investigación.
La defensa de Ferrer, además, anunció su intención de poner material a disposición de autoridades estadounidenses, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA). No obstante, ese anuncio no confirma que la agencia haya recibido las evidencias ni que las haya validado. Cualquier eventual actuación de autoridades extranjeras deberá distinguirse de las diligencias que adelanta la Fiscalía colombiana.
La declaración de Ferrer está prevista para continuar el 2 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana. Esa diligencia podría ofrecer nuevas precisiones sobre las acusaciones y sobre el estado de los elementos que la defensa asegura haber aportado. Por ahora, no se ha establecido públicamente si la Fiscalía recibió posteriormente los archivos cuestionados.
La controversia plantea una pregunta central para el desarrollo del caso: ¿se enviaron las pruebas y no quedaron registradas formalmente, o la entrega anunciada todavía no se ha concretado? La respuesta depende de los soportes de envío, los registros institucionales y una aclaración verificable del organismo investigador.
Mientras se conocen esos detalles, las versiones deben mantenerse diferenciadas. Las fuentes consultadas por los medios sostienen que la Fiscalía no había recibido formalmente las evidencias, mientras que Batalla afirma que fueron remitidas por correo electrónico. Ninguna de esas afirmaciones, por sí sola, permite concluir que las pruebas hayan sido ocultadas, rechazadas o validadas.
El curso de la investigación dependerá de la verificación del material, de su eventual incorporación al expediente y de las decisiones que adopten las autoridades frente a las denuncias. Hasta entonces, los señalamientos contra Alcocer deben tratarse como acusaciones pendientes de comprobación y la discrepancia sobre la entrega de las pruebas como un asunto que requiere aclaración documental.
