Cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, Chocó, tuvieron que abandonar sus hogares durante la tarde del domingo 1.º de noviembre de 2026. La salida se produjo por temor a la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales que mantienen una confrontación por el control territorial en esta zona del departamento.
La emergencia fue reportada por la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre el desplazamiento forzado de las familias y pidió a las autoridades activar medidas urgentes para atender a la población afectada. Entre las personas que tuvieron que salir de sus viviendas se encuentran niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales indígenas.
De acuerdo con la información conocida, los habitantes buscaron refugio temporal en la comunidad de Jurubirá, un territorio de población afrodescendiente. Sin embargo, las familias no habían podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí, por lo que permanecían en condiciones de vulnerabilidad mientras esperaban una respuesta institucional.
La situación genera preocupación por las necesidades humanitarias de quienes abandonaron sus hogares. La población requiere alimentación, agua potable, atención médica, alojamiento y condiciones de seguridad que permitan evitar nuevas afectaciones durante su permanencia fuera del territorio.
La Defensoría del Pueblo señaló que el desplazamiento está relacionado con la disputa territorial entre el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La confrontación entre estas estructuras representa un riesgo para las comunidades que habitan en zonas donde los grupos armados buscan consolidar su presencia.
Los antecedentes de violencia en Villa Nueva
El desplazamiento ocurrió después de que la Defensoría advirtiera sobre un deterioro de las condiciones de seguridad en la comunidad. El 30 de octubre, la entidad informó sobre el hallazgo de dos personas asesinadas en el sector de Villa Nueva y el presunto secuestro de una tercera persona.
Estos hechos incrementaron el temor de los habitantes y se sumaron a las amenazas que enfrentan las comunidades de la zona por la presencia de organizaciones armadas ilegales. La salida de las familias se produjo apenas dos días después de ese reporte, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones para permanecer en sus territorios.
La Defensoría relacionó los riesgos con las advertencias formuladas en la Alerta Temprana 009 de 2024, documento en el que ya había identificado amenazas para la población de esta región del Chocó. La situación actual vuelve a poner de manifiesto la exposición de las comunidades indígenas y afrodescendientes a las disputas armadas.
El control territorial es uno de los principales motivos de confrontación entre las estructuras ilegales. La presencia de estos grupos puede traducirse en amenazas, restricciones a la movilidad, homicidios y presiones sobre la población civil, que termina enfrentando las consecuencias de una disputa en la que no participa.
En este contexto, el desplazamiento de Villa Nueva no representa únicamente la salida de cerca de 500 personas de sus viviendas. También supone la interrupción de sus actividades cotidianas, la separación de sus espacios comunitarios y el riesgo de perder temporalmente el acceso a sus medios de subsistencia.
Puerto Indio también estaría en riesgo
La preocupación de las autoridades se extiende a otras comunidades de Nuquí. Según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían considerando abandonar sus hogares por temor a la situación de orden público.
La eventual salida de estas familias podría ampliar la emergencia humanitaria en el municipio y aumentar el número de personas que necesitan protección y asistencia. Por esa razón, la entidad pidió que las medidas no se concentren exclusivamente en quienes ya fueron desplazados, sino que también contemplen acciones preventivas para las comunidades que continúan en sus territorios.
La posibilidad de un nuevo desplazamiento evidencia la urgencia de garantizar condiciones de seguridad para la población civil. Las autoridades deben evitar que las familias tengan que tomar la decisión de abandonar sus viviendas como única alternativa para proteger su vida e integridad.
El llamado de la Defensoría a las autoridades
Ante la situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales coordinar una respuesta inmediata para atender a las familias desplazadas. Entre las prioridades se encuentran garantizar alimentación, agua potable, servicios de salud y alojamiento temporal en condiciones dignas.
También pidió disponer de transporte seguro, incluidos medios fluviales, para facilitar la movilización de las personas cuando existan condiciones que permitan realizarla sin ponerlas en mayor riesgo.
La atención debe tener en cuenta las características culturales y las necesidades particulares de la población indígena. Esto implica coordinar las medidas con las autoridades tradicionales y respetar las formas de organización de la comunidad, además de garantizar que las personas afectadas puedan acceder a las rutas institucionales de atención a víctimas.
La entidad también insistió en la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección para quienes permanecen en Villa Nueva y Puerto Indio. La respuesta institucional debe evitar que la confrontación entre los grupos armados continúe generando desplazamientos y nuevas vulneraciones de derechos.
La situación en Nuquí vuelve a evidenciar los efectos de la disputa entre organizaciones ilegales sobre las comunidades del Pacífico colombiano. En esta ocasión, cerca de 500 indígenas tuvieron que abandonar su territorio en medio del temor por la violencia, mientras otras 300 personas permanecen bajo la amenaza de tener que hacer lo mismo.
El desafío inmediato es garantizar la atención humanitaria de las familias desplazadas y proteger a quienes siguen en sus comunidades. También será necesario que las autoridades establezcan condiciones para un eventual retorno seguro, voluntario y digno, sin exponer nuevamente a la población a los riesgos que provocaron su salida.
