El reclutamiento de menores por grupos armados ilegales está adquiriendo una nueva dimensión en Colombia: la captación puede comenzar en una pantalla mucho antes de que el menor llegue a un territorio controlado por una estructura armada.
El fenómeno fue documentado en profundidad por Human Rights Watch, que en agosto de 2026 publicó una investigación sobre el reclutamiento y uso de menores en el conflicto colombiano. El informe advierte que los grupos armados están utilizando redes sociales para acercarse a niños, niñas y adolescentes, mediante contenidos que pueden glorificar la vida armada, ofrecer supuestos empleos o facilitar contactos posteriores.
La magnitud del problema resulta difícil de establecer con una sola cifra. La Defensoría del Pueblo registró 463 casos de reclutamiento durante 2024, mientras que HRW, al analizar registros de diferentes entidades, habla de al menos 1.500 menores reclutados desde 2021. Las diferencias responden a las metodologías, períodos y fuentes utilizadas y evidencian, además, un problema estructural: el subregistro.
La propia Defensoría había advertido que durante 2023 registró 184 casos y que las comunidades indígenas estaban entre las más afectadas. En el primer semestre de 2024, el 51 % de los casos conocidos por esa entidad correspondía a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas.
En 2024, Cauca concentró una proporción particularmente elevada de los casos registrados por la Defensoría. El departamento acumuló 325 de los 463 casos reportados durante ese año, una cifra que permite entender por qué el reclutamiento debe analizarse en relación con la disputa territorial y la presencia de estructuras armadas.
Pero el territorio ya no es el único espacio de disputa. Las redes sociales permiten que los grupos armados amplíen su capacidad de búsqueda y contacto. El reclutador no necesariamente tiene que conocer personalmente al adolescente ni encontrarse inicialmente en la misma región.
La captación puede comenzar con una conversación, una promesa de empleo, dinero o reconocimiento. El mecanismo es especialmente peligroso cuando se dirige a adolescentes que viven en condiciones de pobreza, exclusión, violencia o ausencia de oportunidades. HRW señala precisamente estas condiciones como factores que incrementan la vulnerabilidad.
La estrategia también plantea una dificultad para las familias. Un padre, una madre o un cuidador pueden conocer las amistades físicas de un adolescente, pero difícilmente pueden controlar todas sus interacciones digitales. La estructura armada puede operar detrás de una cuenta que no revela su verdadera identidad.
Ahí aparece la primera gran responsabilidad: la de los grupos armados. Ninguna plataforma tecnológica crea el delito de reclutar menores. Son las organizaciones ilegales las que buscan, seducen, amenazan, trasladan y utilizan a niños, niñas y adolescentes. El uso de Internet es una herramienta dentro de una estrategia de guerra y control social.
Pero que los grupos armados sean los responsables directos no elimina las obligaciones de las plataformas. Facebook, Instagram, TikTok y otros servicios tienen sistemas de moderación y recomendación capaces de detectar determinados contenidos, cuentas y patrones de comportamiento.
Human Rights Watch cuestionó precisamente la respuesta de las plataformas y recomendó que realicen procesos continuos de debida diligencia para identificar los riesgos de que sus sistemas contribuyan al reclutamiento de menores. También pidió que los algoritmos no amplifiquen ni recomienden contenidos vinculados con grupos armados, crimen organizado o reclutamiento.
La organización fue incluso más lejos: planteó auditorías públicas e independientes de los sistemas de recomendación, canales de denuncia adaptados a niños, niñas y adolescentes y mecanismos para conservar evidencia cuando un contenido sea eliminado, de manera que pueda ser utilizado posteriormente en investigaciones judiciales.
Ese último punto es particularmente importante. Eliminar una publicación no necesariamente elimina la evidencia de un delito. Si una cuenta utilizada para captar menores desaparece sin que se preserve la información relevante, una acción de moderación puede terminar dificultando una investigación penal.
La responsabilidad del Estado es diferente, pero igualmente determinante. El Gobierno debe prevenir el reclutamiento, proteger a las víctimas, investigar a los responsables y garantizar que las instituciones tengan capacidad para actuar frente a delitos que comienzan o se desarrollan en entornos digitales.
HRW recomendó que fiscales e investigadores reciban capacitación permanente para realizar investigaciones digitales, preservar evidencia y solicitar información a las plataformas. También pidió mecanismos de denuncia seguros, confidenciales y accesibles para comunidades rurales y étnicas.
El ICBF tiene una responsabilidad particular porque su función no comienza cuando un menor ya fue utilizado por un grupo armado. La prevención exige identificar factores de riesgo y fortalecer los entornos protectores. En agosto de 2026, el instituto anunció que pondría atención en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook frente al reclutamiento digital, precisamente después de las alertas formuladas por HRW.
Pero la prevención no puede reducirse a pedirles a las familias que vigilen los teléfonos. Si un adolescente vive en un territorio donde un grupo armado controla economías ilegales, impone normas y ofrece dinero que el Estado no puede garantizar, la responsabilidad pública es mucho mayor.
Tampoco basta con una campaña institucional en redes sociales. El Estado necesita saber qué cuentas están siendo utilizadas, cómo se conectan entre sí, qué patrones de captación existen, qué plataformas concentran los contactos y qué ocurre después de la primera conversación.
Ahí aparece una de las grandes zonas grises del fenómeno: todavía conocemos mejor el número de menores que llegan a ser identificados como víctimas que el recorrido digital que precede a muchos de esos casos. No existe todavía una estadística pública consolidada que permita saber qué porcentaje del reclutamiento comienza en Internet, qué plataformas son utilizadas y cuántas captaciones fueron detectadas antes de que se produjera el traslado.
Esa ausencia de información también tiene consecuencias políticas. Sin datos específicos sobre la dimensión digital del fenómeno, las autoridades pueden terminar reaccionando a casos individuales sin comprender completamente la estructura de captación que los produce.
La discusión, además, no puede perder de vista las diferencias entre niños y niñas. Las estadísticas de la Defensoría muestran que ambos son víctimas del reclutamiento, pero las niñas enfrentan riesgos particulares de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género. Por eso, la protección no debería borrar las diferencias que permiten identificar esas vulnerabilidades.
También resulta significativo que las comunidades indígenas aparezcan reiteradamente entre las más afectadas. El reclutamiento en estos territorios no puede analizarse únicamente como un problema de seguridad digital: está relacionado con aislamiento geográfico, pobreza, disputas territoriales, presencia de economías ilícitas y debilitamiento de los entornos comunitarios de protección.
La nueva dimensión digital tampoco significa que el reclutamiento territorial haya desaparecido. Por el contrario, Internet puede funcionar como una primera fase de una operación que posteriormente continúa en el territorio. El algoritmo puede encontrar a la víctima; la estructura armada puede encargarse de lo que ocurre después.
Por eso la respuesta necesita unir capacidades que históricamente han estado separadas: protección de infancia, investigación criminal, inteligencia, educación, política social y regulación tecnológica. Ninguna de esas herramientas, por sí sola, puede resolver el problema.
Hay además una discusión sobre el modelo de negocio de las plataformas. Las empresas tecnológicas diseñan sistemas cuyo objetivo principal es mantener a los usuarios conectados y recomendarles contenidos. Cuando esos mismos mecanismos pueden facilitar que un grupo armado encuentre y contacte a un menor, surge una pregunta inevitable sobre los límites de la responsabilidad empresarial.
No significa que las plataformas deban convertirse en organismos de inteligencia ni que puedan eliminar arbitrariamente contenidos. Significa que, cuando existe evidencia de un riesgo específico para niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de demostrar que sus sistemas incorporan medidas razonables para reducirlo.
Para Colombia, el desafío es todavía mayor porque se trata de un conflicto armado con estructuras capaces de combinar control territorial, economías ilegales y herramientas digitales. La tecnología no está sustituyendo la guerra tradicional: está haciendo que sus mecanismos de captación sean más amplios y difíciles de detectar.
La pregunta central, entonces, no es solamente cuántos menores han sido reclutados. Es cuántos fueron encontrados primero por un algoritmo, cuántos recibieron una oferta disfrazada de empleo, cuántos fueron contactados mediante una cuenta aparentemente inocua y cuántos llegaron a las autoridades antes de ser trasladados a una estructura armada.
Responder esas preguntas permitiría pasar de una política reactiva a una política preventiva. También permitiría determinar con mayor precisión qué parte de la responsabilidad corresponde a los grupos armados, qué fallas pueden atribuirse al Estado y qué obligaciones incumplen —si las hay— las plataformas digitales.
La guerra colombiana ya no se desarrolla únicamente donde hay fusiles, retenes o combates. También puede comenzar con un teléfono, una conexión a Internet y una conversación privada. La diferencia es que en ese nuevo escenario la víctima puede estar a cientos de kilómetros del territorio donde opera el grupo armado.
Y esa es quizá la mayor advertencia: si el reclutamiento puede empezar en una pantalla, proteger a la niñez exige que el Estado también aprenda a detectar la guerra antes de que llegue al territorio. Para hacerlo necesitará datos, investigación digital, cooperación con las plataformas, prevención social y, sobre todo, instituciones capaces de llegar antes que quienes buscan convertir a los niños, niñas y adolescentes en instrumentos del conflicto.
