Por primera vez en 27 años, el Ministerio de las Culturas no entregará los Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos. La decisión quedó establecida en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, mediante la cual la cartera determinó que este año no habrá designación de ganadores ni asignación de los estímulos económicos correspondientes.
La medida alcanza a 1.308 propuestas que habían superado la etapa de habilitación y que estaban a la espera de ser evaluadas. De ellas, 351 correspondían a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos. El proceso de evaluación, que debía conducir a la selección de los ganadores, finalmente no se realizará.
El alcance de la decisión debe precisarse: no significa la suspensión completa del Programa Nacional de Estímulos. Las becas, residencias y pasantías continúan porque sus ganadores ya habían sido seleccionados meses atrás. El golpe se concentra en las modalidades de premios y reconocimientos que todavía estaban pendientes de evaluación.
La resolución plantea como primera razón una dificultad institucional. Según el Ministerio, el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos no cuenta actualmente con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional necesaria para evaluar las 1.308 propuestas habilitadas.
El documento señala que el equipo terminó concentrado en otras tareas: cierres administrativos y financieros, atención de reclamaciones, respuestas a derechos de petición y acciones de tutela y acompañamiento a beneficiarios, entre otras obligaciones. En esas condiciones, la cartera considera que no puede asumir directamente la evaluación.
La segunda razón está relacionada con la caja. La resolución invoca las restricciones en la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, conocido como PAC, y sostiene que no existen las condiciones necesarias para garantizar tanto la evaluación de las postulaciones como el posterior pago de los estímulos económicos.
La tercera explicación está vinculada con la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el acto administrativo, la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica llevó al Estado a priorizar la disponibilidad del PAC para atender las necesidades derivadas del desastre.
Así, la decisión no se presenta jurídicamente como una eliminación permanente del Programa Nacional de Estímulos, sino como la imposibilidad de continuar durante 2026 con las etapas pendientes de los premios y reconocimientos. Sin embargo, sus efectos sobre quienes participaron son inmediatos: sus propuestas fueron habilitadas, pero no llegarán a la fase de evaluación.
El Programa Nacional de Estímulos tiene una trayectoria que se remonta a 1997. Durante casi tres décadas se convirtió en uno de los principales mecanismos mediante los cuales el Estado colombiano ha apoyado procesos de creación, investigación, formación y circulación en las artes, la cultura y el patrimonio.
Por eso, la decisión tiene una dimensión que supera el número de convocatorias suspendidas. Se trata de la interrupción, por primera vez desde la creación del programa, de las modalidades de premios y reconocimientos en un año determinado. La novedad adquiere mayor relevancia porque ocurre al comienzo de una administración que ha planteado una transformación de la política cultural.
La ministra Paola Holguín ya había expuesto ante el Congreso las dificultades financieras que encontró al asumir el cargo. Durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara, el 8 de septiembre, afirmó que el Ministerio estaba recibiendo reclamaciones por pagos pendientes y que existía un rezago en el PAC y en las cuentas provenientes de la administración anterior.
Holguín aseguró entonces que el diagnóstico había encontrado también problemas de gestión interna. Mencionó contratos vencidos sin liquidar, saldos sin conciliar y archivos de ejecución desactualizados, elementos que, según explicó, contribuían al rezago financiero de la entidad.
Las cifras entregadas por la ministra permiten dimensionar la restricción de caja. Entre abril y julio de 2026, el Ministerio solicitó $512.215 millones en PAC y Hacienda habilitó $238.791 millones, equivalentes al 46,6 %. Según la cartera, la proporción autorizada cayó del 70,9 % en abril al 15,1 % en julio.
Holguín dijo además que a agosto había $28.430 millones certificados pero todavía sin pagar, principalmente relacionados con Convocatorias y Estímulos, por $16.420 millones, y Artes para la Paz, por $12.010 millones. También afirmó que existía un rezago de $41.130 millones correspondiente a obligaciones de las vigencias 2024 y 2025.
La ministra atribuyó ese rezago al gobierno anterior. En el debate sostuvo que las resoluciones no se pagaban desde febrero y que los convenios, estímulos y convocatorias no recibían desembolsos desde marzo. Su argumento es que la nueva administración heredó obligaciones que limitaron su margen de maniobra durante sus primeras semanas.
Pero una semana después apareció una cifra de mayor dimensión. El Ministerio informó que, a agosto de 2026, la deuda pendiente por pagos del PAC ascendía a $185.482 millones. De ese monto, $75.436 millones correspondían a los programas Nacional de Estímulos y Nacional de Concertación Cultural.
La cartera dijo que esa situación afecta a 4.162 beneficiarios de diferentes convocatorias y programas. También anunció que había conseguido $40.000 millones adicionales de PAC para comenzar a atender los rezagos de Estímulos, Concertación y Artes para la Paz, mientras continúa buscando recursos para cubrir la totalidad de las obligaciones.
La diferencia entre los $41.130 millones de rezago heredado mencionados por Holguín ante el Congreso y los $185.482 millones reportados posteriormente no significa necesariamente que una de las cifras sea falsa. Se refieren a universos que pueden ser distintos. Pero sí deja pendiente una explicación detallada sobre qué obligaciones corresponden a vigencias anteriores, cuáles se generaron durante 2026 y cuánto de la deuda depende específicamente de la falta de PAC.
Esa distinción resulta especialmente relevante porque el Gobierno utiliza la restricción de caja como una de las razones para no continuar con los Premios y Reconocimientos. Tener una apropiación presupuestal no equivale automáticamente a disponer del efectivo para efectuar un desembolso: el PAC determina la programación de caja. La discusión, por tanto, no se reduce a establecer si había presupuesto, sino a reconstruir cuándo se apropiaron los recursos, cuándo se comprometieron y cuándo fueron solicitados y autorizados los respectivos PAC.
En paralelo, existe una consecuencia menos visible en los documentos oficiales: la incertidumbre de quienes organizaron sus proyectos contando con el estímulo. Fuentes consultadas por este medio señalaron que hay artistas y gestores que ya se encuentran en plena ejecución de actividades y que asumieron compromisos económicos esperando recibir los recursos previstos en las convocatorias.
Según esas fuentes, algunos participantes recurrieron a endeudamiento para poder avanzar con sus proyectos mientras esperaban los desembolsos. La suspensión de los Premios y Reconocimientos introduce ahora una diferencia fundamental: quienes estaban esperando el resultado de una convocatoria no solo desconocen si recibirán el reconocimiento, sino que en muchos casos deben enfrentar obligaciones económicas asumidas durante el proceso.
La situación es distinta para quienes ya habían sido declarados ganadores de otras modalidades del programa. En esos casos existe una obligación previamente formalizada, aunque también se han presentado retrasos en los desembolsos. Para las 1.308 propuestas afectadas por la Resolución 1887, en cambio, ni siquiera habrá una selección de ganadores en 2026.
La oposición al Gobierno ha cuestionado precisamente esa ruptura del proceso. La exministra de las Culturas Yannai Kadamani sostuvo que no es necesario cerrar formalmente el Ministerio para debilitarlo y planteó que la reducción progresiva de presupuesto, talento humano, capacidad técnica e instrumentos de política pública puede producir un efecto similar. Su interpretación es que primero se reducen los recursos, luego los equipos y finalmente los programas.
Kadamani también cuestionó que la emergencia del terremoto sea utilizada para explicar la ausencia de recursos destinados al sector cultural. Reconoció la necesidad de la respuesta estatal frente al desastre, pero preguntó por las prioridades adoptadas y por el impacto de esas decisiones sobre la financiación de la cultura. Estas son sus posiciones políticas, no una conclusión establecida por la resolución.
Otra crítica provino de Nórida Rodríguez, actriz y gestora cultural, quien acusó al Gobierno de querer “amordazar la cultura” y reclamó el cumplimiento de los desembolsos correspondientes a proyectos ganadores. También se han producido pronunciamientos desde organizaciones culturales preocupadas tanto por los retrasos de pagos como por la suspensión de la evaluación de las nuevas propuestas.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la discusión debe partir del estado financiero encontrado en el Ministerio. Holguín ha defendido una revisión de la contratación y del gasto administrativo, con el argumento de que los recursos destinados a la cultura deben concentrarse en los programas misionales. En el debate del Congreso anunció una revisión exhaustiva de la gestión contractual y presupuestal de la cartera.
La controversia adquiere una dimensión adicional por el contexto político en el que ocurre. La administración de Abelardo de la Espriella ha presentado la cultura como uno de los escenarios de su proyecto de gobierno y ha hablado de una “batalla cultural”. Al mismo tiempo, la primera gran decisión sobre uno de los programas históricos de estímulos consiste en suspender las modalidades que todavía no habían sido evaluadas.
Eso no permite concluir por sí mismo que exista un plan deliberado para desmontar la política cultural del Estado. Para sostener esa hipótesis sería necesario demostrar que las decisiones presupuestales, administrativas y de personal forman parte de una estrategia coordinada y no de una combinación de restricciones fiscales, reorganización institucional y decisiones coyunturales.
Pero sí existe un hecho difícil de ignorar: en 2026, por primera vez en 27 años, 1.308 propuestas habilitadas para Premios y Reconocimientos no serán evaluadas y no tendrán ganadores ni estímulos económicos. La resolución atribuye la decisión a una combinación de falta de capacidad institucional, restricciones de caja y prioridades derivadas de la emergencia.
Para los artistas que ya habían organizado sus proyectos, contratado servicios, comprometido recursos o asumido deudas con la expectativa de obtener el estímulo, la discusión deja de ser exclusivamente presupuestal. Se convierte en una pregunta sobre la previsibilidad de las convocatorias públicas y sobre cuánto riesgo económico termina trasladándose a quienes participan en ellas.
La respuesta del Gobierno será determinante para esa discusión. No solo deberá explicar cómo se distribuyen los $185.482 millones de obligaciones pendientes, sino también cómo se llegó a la imposibilidad de evaluar las 1.308 propuestas y qué ocurrirá con quienes incurrieron en gastos confiando en el cronograma y las reglas de una convocatoria estatal.
El Ministerio sostiene que consiguió $40.000 millones adicionales para empezar a pagar parte de los rezagos y que continuará buscando recursos. La cifra, sin embargo, representa una fracción del pasivo que la propia cartera reportó a agosto. El Gobierno tendrá que mostrar cómo pretende atender el saldo restante y qué mecanismos utilizará para evitar que nuevos compromisos culturales queden atrapados entre la apropiación presupuestal y la disponibilidad efectiva de caja.
La decisión de 2026 deja así abierto un debate que va más allá de la continuidad de un concurso. Está en discusión la capacidad del Estado para sostener políticas culturales de largo plazo cuando cambian los gobiernos, aparecen restricciones fiscales y se modifican las prioridades institucionales. Y, sobre todo, está pendiente determinar quién termina asumiendo el costo de esa transición: el presupuesto público, el Ministerio o los artistas que ya comenzaron a pagar de su propio bolsillo por proyectos que esperaban financiar con recursos estatales.
