Más de un mes después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Armenia, James Padilla García, lanzó un llamado al Gobierno nacional para acelerar la respuesta a las necesidades que todavía enfrenta la capital del Quindío y los demás municipios afectados.
El reclamo fue formulado el 17 de septiembre, durante una reunión con delegados nacionales y regionales de la Procuraduría General de la Nación convocada para revisar la respuesta institucional durante el primer mes y una semana posterior al sismo.
Padilla afirmó que, pese a las visitas que, según señaló, realizaron el presidente Abelardo de la Espriella, el vicepresidente y miembros del gabinete al departamento, no se había concretado ningún compromiso claro con el Quindío.
“Ha pasado un mes y una semana y no hemos tenido comunicación”, sostuvo el mandatario, quien expresó preocupación por la falta de una interlocución permanente con la Nación.
La afirmación del alcalde requiere una precisión: no significa que Armenia haya quedado completamente por fuera de las actuaciones nacionales ni que no haya existido ningún contacto técnico con entidades del Estado. Su cuestionamiento apunta a la ausencia de una comunicación permanente y de compromisos concretos para la fase de reconstrucción.
De hecho, Padilla aseguró que la información técnica requerida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, ya había sido consolidada y entregada semanas atrás por las administraciones municipales y la Gobernación del Quindío.
El problema planteado por Armenia es que esa información todavía no se habría traducido, según la administración municipal, en una ruta suficientemente concreta para atender las necesidades posteriores a la emergencia.
Entre las solicitudes se encuentran subsidios de arrendamiento para las familias que no pueden regresar a sus viviendas, maquinaria amarilla para las labores de recuperación y un banco de materiales de construcción que permita avanzar hacia la reparación de los inmuebles afectados.
El alcalde pidió además que la Procuraduría actuara como enlace directo con el Gobierno nacional para facilitar la comunicación con el denominado Fondo Milagro y acelerar la llegada de los recursos destinados a la recuperación de la región.
La solicitud resulta significativa porque el Fondo Milagro es precisamente uno de los instrumentos creados por el Gobierno para canalizar recursos hacia la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. Para Armenia, sin embargo, el desafío estaría ahora en convertir ese mecanismo nacional en intervenciones concretas en el territorio.
Mientras reclama una mayor participación de la Nación, la Alcaldía de Armenia asegura haber destinado recursos propios para atender parte de la emergencia. El municipio anunció una apropiación de $35.500 millones para enfrentar las afectaciones ocasionadas por el terremoto.
De ese monto, $32.000 millones fueron destinados al programa de mejoramiento de viviendas, mientras que los $3.500 millones restantes se orientaron a necesidades asociadas con la emergencia, entre ellas la recolección de escombros y la solución de la escombrera municipal.
La administración local también sostiene que ha avanzado con recursos propios en la atención humanitaria, la recolección de escombros y la identificación de las edificaciones afectadas. Ante delegados de Naciones Unidas, Padilla explicó que el municipio había elaborado una base de datos para cuantificar los daños y calcular las necesidades de reconstrucción.
La situación adquiere otra dimensión porque Armenia no concentra todas las necesidades del departamento. Durante la reunión con la Procuraduría, los alcaldes de Montenegro, Quimbaya y Calarcá expusieron problemas relacionados con remoción de escombros, vivienda, infraestructura educativa y otros requerimientos derivados del sismo.
El alcalde de Montenegro pidió recursos para intervenir estructuras complejas, entre ellas la iglesia principal, además de soluciones definitivas de vivienda. Quimbaya planteó la necesidad de apoyo para infraestructura escolar, mientras Armenia y Calarcá reclamaron canales directos con los ministerios.
La diferencia entre la respuesta de emergencia y la reconstrucción aparece así como uno de los principales problemas planteados por las autoridades locales. Las ayudas humanitarias permiten atender las necesidades inmediatas, pero las viviendas dañadas, los escombros, las edificaciones afectadas y la recuperación económica requieren decisiones de mayor alcance.
El propio Padilla advirtió que el hecho de que Armenia no haya registrado víctimas mortales directamente atribuibles al colapso de edificaciones no significa que la ciudad haya superado las consecuencias del terremoto. La Alcaldía sostiene que persisten afectaciones físicas, sociales y económicas que requieren intervención.
Por eso, el reclamo no se limita a una transferencia de recursos. También plantea una discusión sobre la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales cuando una emergencia pasa de la fase de atención inmediata a la reconstrucción.
El caso de Armenia deja además una pregunta sobre la capacidad del Fondo Milagro y de los demás mecanismos nacionales para llegar con rapidez a los municipios afectados. Si los recursos existen pero las administraciones locales consideran que no tienen interlocución suficiente para acceder a ellos, el problema deja de ser únicamente presupuestal y pasa a ser también de coordinación institucional.
Más de un mes después del terremoto, la principal reclamación de Armenia sigue siendo que las decisiones anunciadas desde el nivel nacional se traduzcan en acciones verificables en el territorio. El alcalde ha decidido incluso acudir a la Procuraduría para facilitar ese contacto, mientras la administración municipal avanza con recursos propios en una reconstrucción que, según sus propias cifras, supera la capacidad de una respuesta exclusivamente local.
