Colombia retiró formalmente su declaración de intervención en el proceso que Sudáfrica adelanta contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.
La decisión fue comunicada por el Gobierno colombiano al secretario de la CIJ el pasado 18 de septiembre y fue confirmada por la Corte el 22 de septiembre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La declaración de intervención había sido presentada por Colombia el 5 de abril de 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro, en virtud del artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Ese mecanismo permite que un Estado parte de una convención intervenga en un proceso cuando está en discusión la interpretación de ese tratado. En el caso colombiano, la intervención estaba relacionada con la interpretación de la Convención contra el Genocidio.
El retiro significa que Colombia deja de participar como tercer Estado interviniente en ese proceso específico. Sin embargo, no implica que el país abandone la Convención contra el Genocidio ni que deje de estar obligado por sus disposiciones.
La propia Cancillería precisó que la decisión no modifica la condición de Colombia como Estado parte de la Convención y tampoco afecta la vigencia, el alcance o la fuerza vinculante de las obligaciones internacionales adquiridas bajo ese instrumento.
Tampoco significa que Colombia se retire del proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel. El litigio continúa entre las partes ante la Corte Internacional de Justicia.
La diferencia jurídica es relevante porque la intervención colombiana tenía un alcance específico: participar en la discusión sobre la interpretación de la Convención, sin convertirse en parte demandante o demandada dentro del litigio principal.
En 2024, Colombia había presentado ante la CIJ una declaración en la que explicó las razones jurídicas por las cuales buscaba intervenir en el caso. Posteriormente, mediante el Decreto 0275 del 5 de marzo de ese año, fueron designados funcionarios para representar los intereses del país en esa actuación.
La posición adoptada entonces hacía parte de una política exterior del gobierno de Petro que había llevado a Colombia a respaldar públicamente la actuación de Sudáfrica y a participar en diferentes escenarios internacionales relacionados con la situación en Gaza.
En febrero de 2024, Colombia también intervino ante la CIJ dentro del procedimiento de opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado. En ese escenario, el país sostuvo que determinadas políticas y prácticas israelíes contravenían normas esenciales del derecho internacional.
El cambio decidido ahora se produce bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha anunciado una reorientación de la política exterior hacia lo que denomina defensa del interés nacional y fortalecimiento de alianzas estratégicas.
El canciller Omar Bula explicó ante el Senado el 16 de septiembre que el Gobierno pretende fortalecer la cooperación internacional en áreas como seguridad e inteligencia y enfrentar amenazas transnacionales, entre ellas el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos y el contrabando.
En ese mismo contexto, el Gobierno ha adoptado decisiones que muestran un cambio en la relación bilateral con Israel frente a la política mantenida durante la administración anterior.
El 10 de agosto, Colombia reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, una decisión que el Gobierno justificó en consideraciones relacionadas con la seguridad israelí y la situación estratégica de Oriente Medio.
Posteriormente, el 11 de septiembre, la Cancillería anunció el restablecimiento de la exención recíproca de visas de turismo entre Colombia e Israel, medida que presentó como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de los intercambios entre ambos países.
El 16 de septiembre, además, Bula explicó ante el Congreso que el fortalecimiento de la relación con Israel busca ampliar las capacidades colombianas de cooperación en seguridad e inteligencia y responder a intereses nacionales.
Una semana después, la Cancillería anunció que durante la Asamblea General de Naciones Unidas Colombia presentaría los nuevos lineamientos de su política exterior, centrados en el posicionamiento internacional, el crecimiento económico, la protección de los intereses nacionales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas.
La retirada de la intervención ante la CIJ ocurre, por tanto, en un momento de modificaciones importantes en la política exterior colombiana hacia Israel y frente a determinados escenarios multilaterales.
Sin embargo, la Cancillería no explicó en su comunicado del 22 de septiembre una razón jurídica o política específica para retirar la declaración presentada en 2024. El Gobierno se limitó a señalar que la decisión fue adoptada en ejercicio de la atribución constitucional del Presidente para dirigir las relaciones internacionales.
La referencia corresponde al numeral segundo del artículo 189 de la Constitución Política, que establece entre las funciones del Presidente dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los agentes diplomáticos y consulares.
Por el momento se desconoce que el Gobierno haya presentado públicamente una argumentación específica sobre por qué considera conveniente abandonar la intervención colombiana en este proceso de la CIJ.
La decisión tampoco permite concluir, por sí misma, que Colombia haya modificado sus obligaciones frente a la Convención contra el Genocidio. La Cancillería fue explícita en señalar que esas obligaciones permanecen vigentes.
El movimiento sí marca una diferencia respecto de la decisión adoptada en 2024, cuando Colombia consideró pertinente intervenir en el litigio para participar en la discusión sobre la interpretación del tratado internacional.
La nueva postura deberá leerse además dentro de una política exterior que el Gobierno ha descrito como más orientada hacia alianzas estratégicas, cooperación en seguridad y resultados vinculados con lo que denomina interés nacional.
Así, la salida de Colombia como interviniente no modifica el proceso judicial entre Sudáfrica e Israel, pero sí cambia la posición procesal que el Estado colombiano había asumido ante la Corte Internacional de Justicia y constituye otro indicador del giro de su política exterior frente a Israel y los escenarios internacionales relacionados con el conflicto en Gaza.
