Colombia quedó en el centro de nuevos cuestionamientos por su ausencia, o al menos por la falta de una representación política de alto nivel, en dos espacios consecutivos de la agenda ambiental internacional. Primero, durante la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se desarrolla en Ulán Bator, Mongolia; posteriormente, en una reunión de presidentes y vicepresidentes de las tres grandes convenciones ambientales de Naciones Unidas.
El debate trasciende la ausencia en dos eventos aislados. Ambos encuentros están relacionados con las llamadas Convenciones de Río, los tres grandes instrumentos internacionales creados para enfrentar de manera articulada la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la desertificación.
La primera de las ausencias se produjo en la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, un encuentro que reúne a las partes del acuerdo internacional para discutir estrategias frente a la degradación de los suelos, las sequías y la restauración de tierras.
La conferencia, que se desarrolla en Mongolia entre el 17 y el 28 de agosto de 2026, convoca a 197 partes y concentra buena parte de la discusión internacional sobre el deterioro de los ecosistemas terrestres y sus efectos sobre la seguridad alimentaria, los medios de vida y el desplazamiento de poblaciones.
No se trata de una cumbre marginal dentro de la arquitectura ambiental de Naciones Unidas. La Convención contra la Desertificación integra, junto con las convenciones sobre Cambio Climático y Diversidad Biológica, el grupo de las tres Convenciones de Río.
Precisamente por esa condición, la ausencia de Colombia resulta llamativa. El país ha buscado durante los últimos años proyectarse como una voz relevante en los debates sobre biodiversidad, acción climática y protección de los ecosistemas, tres asuntos que se encuentran directamente relacionados con las discusiones que se desarrollan en Mongolia.
La degradación de los suelos y la desertificación tampoco son problemas ajenos a Colombia. Las sequías, la transformación de los ecosistemas, la pérdida de cobertura vegetal y la presión sobre los territorios rurales hacen parte de una crisis ambiental que afecta distintas regiones del país.
La COP17 se desarrolla, además, bajo el lema “Restaurar la tierra, restaurar la esperanza”, con una agenda enfocada en la recuperación de ecosistemas, la restauración de pastizales y la búsqueda de respuestas frente a la creciente amenaza de la sequía.
En las jornadas del encuentro también se han previsto diálogos ministeriales y espacios de alto nivel con participación de ministros, viceministros y jefes de delegación. Por eso, el nivel de representación de cada país adquiere relevancia no solo desde el punto de vista técnico, sino también político y diplomático.
El segundo episodio profundizó las preguntas. Posteriormente a la ausencia en la COP17, Colombia tampoco estuvo presente en una reunión de presidentes y vicepresidentes de las tres convenciones ambientales de Naciones Unidas, un espacio diseñado precisamente para fortalecer la coordinación entre las agendas de biodiversidad, cambio climático y desertificación.
La coincidencia entre ambas ausencias es la que ha despertado críticas. Para distintos sectores, el problema no sería únicamente la falta a una conferencia específica, sino la ausencia en dos escenarios consecutivos que buscan articular la respuesta internacional frente a las principales crisis ambientales del planeta.
La lógica detrás de las tres Convenciones de Río parte de un principio cada vez más aceptado: la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de las tierras no pueden enfrentarse como fenómenos independientes. La deforestación, las sequías y el deterioro de los ecosistemas comparten causas y, al mismo tiempo, generan consecuencias que se retroalimentan.
Desde esa perspectiva, la coordinación entre las tres convenciones se ha convertido en un componente central de la diplomacia ambiental. Los encuentros entre sus presidencias y vicepresidencias buscan precisamente reducir la fragmentación de las políticas y promover respuestas conjuntas.
La situación abre entonces una pregunta sobre la continuidad de la política exterior ambiental colombiana. ¿Por qué un país que ha defendido internacionalmente la necesidad de conectar las agendas de biodiversidad y cambio climático no tuvo la presencia esperada en dos espacios dedicados a coordinar justamente esas discusiones?
El interrogante adquiere mayor peso por el historial reciente de Colombia en la agenda ambiental global. El país ha insistido en la necesidad de proteger la biodiversidad, combatir la deforestación y promover una transformación de los modelos de desarrollo frente a la crisis climática.
Sin embargo, los compromisos y discursos internacionales requieren también presencia en los espacios donde se negocian las decisiones, se construyen alianzas y se definen las prioridades de la cooperación internacional. La ausencia de representantes políticos de alto nivel puede limitar la capacidad de un país para influir directamente en esas conversaciones.
Aún así, el alcance exacto de la controversia requiere una precisión fundamental: establecer si Colombia no envió ningún tipo de delegación a Mongolia o si contó con representación técnica o diplomática, pero sin la participación del Ministerio de Ambiente u otros funcionarios de alto nivel.
Esa diferencia es determinante para medir la dimensión real de la ausencia. No es lo mismo que un país abandone por completo un escenario de negociación internacional a que participe mediante funcionarios técnicos, aunque sin la presencia política que suelen tener este tipo de cumbres.
Hasta ahora, el cuestionamiento también apunta a la falta de una explicación pública suficientemente detallada sobre las dos inasistencias y sobre si ambas obedecieron a una decisión política, a problemas de agenda o a un cambio en las prioridades de la política exterior ambiental.
Por ello, la Cancillería y el Ministerio de Ambiente tendrían que aclarar cuál fue el nivel de representación colombiana en la COP17, quiénes participaron en nombre del país y por qué no hubo presencia en el posterior encuentro de presidentes y vicepresidentes de las tres Convenciones de Río.
La discusión, además, sigue abierta porque la COP17 aún se encuentra en desarrollo hasta el 28 de agosto. Colombia todavía podría participar en las jornadas finales o explicar oficialmente su posición frente a las críticas por la ausencia de una representación política de alto nivel.
El episodio deja, en cualquier caso, una pregunta de fondo sobre el papel que Colombia quiere desempeñar en la diplomacia ambiental. Mientras el país mantiene un discurso de liderazgo frente a la biodiversidad y el cambio climático, su ausencia en escenarios vinculados con las tres grandes crisis ambientales pone bajo la lupa la coherencia entre esa aspiración internacional y su presencia efectiva en las mesas donde se toman las decisiones.
