La designación de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) duró menos de 24 horas. La economista había sido escogida el 25 de agosto por la junta directiva del gremio, pero al día siguiente declinó el ofrecimiento después de la controversia generada alrededor de su llegada.
Soto cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y económico: fue viceministra de Hacienda, alta consejera para el Sector Privado y la Competitividad y codirectora del Banco de la República. Su perfil, por tanto, no era el de una recién llegada a la administración pública ni al manejo de asuntos económicos.
La elección correspondía a una decisión interna de una organización privada. La CCI reúne empresas y actores del sector de infraestructura y su junta directiva tiene la responsabilidad de escoger a quien representa al gremio ante el Gobierno, el Congreso y las demás instituciones del Estado.
La controversia comenzó después de que se conociera la elección. Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo de la Espriella, cuestionó públicamente la decisión y señaló que resultaba paradójico que el gremio eligiera a una persona sin cercanía con el Ejecutivo en un momento en que la relación entre la CCI y el Gobierno resultaba especialmente importante.
El mensaje adquirió especial relevancia porque la anterior presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo, dejó el cargo para convertirse en embajadora de Colombia en Estados Unidos. En ese contexto, la reacción gubernamental fue interpretada como una señal de inconformidad frente al perfil escogido por la junta.
La situación llegó al punto de que, según los reportes publicados, dentro del gremio comenzó a contemplarse la posibilidad de revisar la decisión. Soto terminó anticipándose a cualquier nueva votación y comunicó a la junta que declinaba el ofrecimiento.
En su comunicación, la economista explicó que tomó la decisión ante la oposición que había generado su nombramiento. Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de que el sector de infraestructura trabaje coordinadamente con el Estado, pero defendió la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno hacia ellas.
Ese último punto convirtió el episodio en algo más grande que una discusión sobre el nombre de una presidenta gremial. La pregunta que quedó planteada es hasta dónde puede llegar un Gobierno en su intención de mantener una relación política y administrativa con organizaciones que, aunque tienen una enorme influencia económica, pertenecen al ámbito privado.
La Fundación para el Estado de Derecho cuestionó precisamente esa situación y sostuvo que el Gobierno no debería intervenir en la elección de directivos de organizaciones privadas ni exigir cercanía política a quienes las dirigen. La organización calificó el episodio como un precedente preocupante para la autonomía gremial.
La preocupación adquiere mayor dimensión porque la CCI representa a un sector estrechamente relacionado con el Estado. Las empresas de infraestructura participan en obras públicas, concesiones y proyectos que dependen de decisiones gubernamentales, presupuestos y contratos. Esa relación económica puede generar una asimetría de poder que vuelve particularmente delicada cualquier presión política sobre sus dirigentes.
Un Gobierno tiene, naturalmente, derecho a establecer relaciones institucionales con los gremios y a expresar sus posiciones frente a ellos. También puede cuestionar públicamente decisiones que considere inconvenientes. El problema aparece cuando esa capacidad de interlocución se convierte en una herramienta para condicionar quién puede o no dirigir una organización privada.
La diferencia es fundamental. Una cosa es que el Ejecutivo diga que prefiere trabajar con determinado interlocutor; otra muy distinta es que un gremio termine modificando una decisión porque teme que el Gobierno castigue, excluya o dificulte la relación institucional con quien haya sido elegido.
Ese riesgo es precisamente el que preocupa en el caso Soto. Aunque la economista fue quien formalmente declinó el ofrecimiento, la secuencia de acontecimientos —elección, reacción pública del Gobierno, presión para revisar la decisión y posterior salida— alimenta la percepción de que la autonomía de la CCI quedó sometida a una fuerte presión política.
La controversia también generó críticas dentro de sectores cercanos al propio Gobierno. El senador del Centro Democrático Andrés Forero calificó como una “pésima” noticia la salida de Soto y defendió la autonomía e independencia gremial. Su posición muestra que la preocupación no proviene exclusivamente de la oposición.
El episodio también abre una discusión sobre el pluralismo. Los gremios privados no tienen que compartir la ideología o las preferencias de un Gobierno de turno. Su función consiste en representar los intereses de sus afiliados y mantener interlocución con las instituciones, independientemente de quién ocupe la Presidencia.
Si los dirigentes gremiales comienzan a ser evaluados por su cercanía política con el Gobierno y no por su experiencia, capacidad de negociación y conocimiento del sector, se corre el riesgo de transformar organizaciones privadas en extensiones informales del poder político.
La consecuencia puede ser aún más profunda: generar autocensura. Si empresarios y dirigentes entienden que elegir a una persona considerada políticamente incómoda puede traer consecuencias en su relación con el Estado, podrían comenzar a privilegiar candidatos aceptables para el Ejecutivo antes que aquellos que consideren mejores para sus organizaciones.
Eso afectaría no solamente a la CCI. El precedente podría extenderse a otros gremios empresariales, asociaciones profesionales, organizaciones sociales e incluso entidades privadas que necesitan mantener interlocución permanente con el Estado. La frontera entre cooperación institucional e injerencia política tendría que mantenerse clara.
También existe un riesgo para el propio Gobierno. Una administración que intenta influir en la conformación de organizaciones privadas puede terminar debilitando la confianza de los empresarios y de los ciudadanos en la separación entre el poder público y la sociedad civil. La relación entre Gobierno y sector privado necesita canales de diálogo, no mecanismos de subordinación.
La salida de Carolina Soto deja, por ahora, a la CCI ante la necesidad de iniciar nuevamente su proceso para escoger presidente ejecutivo. Pero el debate ya trascendió el nombre de la economista: lo que está en juego es si los gremios privados pueden escoger libremente a sus representantes sin que el poder político determine cuáles perfiles resultan aceptables.
En una democracia, el Gobierno debe poder dialogar con los gremios, cuestionarlos e incluso discrepar de ellos. Pero la autonomía del sector privado exige que las decisiones internas de esas organizaciones no dependan de la aprobación del Ejecutivo. El caso Carolina Soto deja una señal de alerta: cuando el poder político empieza a influir en quién puede representar a los privados, la discusión deja de ser gremial y pasa a convertirse en un problema institucional.
