El eventual retiro de Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Estatuto de Roma empieza a adquirir una dimensión que trasciende la política exterior. El debate se produce en momentos en que el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha dado un giro hacia Estados Unidos e Israel y mientras la administración de Donald Trump desarrolla una ofensiva internacional contra el tribunal de La Haya.
Por ahora, no existe evidencia pública de que Colombia haya formalizado ante la CPI un procedimiento de retiro, por lo que hablar de una salida debe entenderse como un escenario político y jurídico en discusión, no como un hecho consumado. La relevancia del asunto está en que Colombia es Estado parte del Estatuto de Roma desde 2002 y la CPI examinó durante 17 años la situación derivada del conflicto armado.
Colombia firmó el Estatuto de Roma el 10 de diciembre de 1998 y depositó su instrumento de ratificación el 5 de agosto de 2002. El tratado fue aprobado internamente mediante la Ley 742 de 2002 y su incorporación a la Constitución estuvo acompañada por una reforma al artículo 93.
La discusión adquiere especial importancia porque la CPI no es un tribunal destinado a reemplazar a los jueces nacionales. Su principio fundamental es el de complementariedad: interviene cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y juzgar genuinamente los crímenes más graves de competencia de la Corte.
Precisamente bajo ese principio, en octubre de 2021 el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió cerrar el examen preliminar sobre Colombia. Su conclusión fue que las autoridades nacionales no habían permanecido inactivas ni habían demostrado falta de voluntad o capacidad para investigar y juzgar genuinamente los crímenes contemplados en el Estatuto.
El cierre no significó que la CPI hubiera determinado que en Colombia no se cometieron crímenes internacionales. Tampoco implicó que las víctimas perdieran la posibilidad de obtener justicia. Significó que, en ese momento, la Fiscalía consideró que la justicia colombiana, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estaba ejerciendo su responsabilidad primaria.
De hecho, en febrero de 2026, representantes de la Fiscalía de la CPI reconocieron avances de Colombia en justicia transicional restaurativa y destacaron el trabajo de la JEP en la identificación de patrones de criminalidad, calificación de conductas y emisión de decisiones.
Pero el antecedente de la CPI sigue siendo fundamental. El examen preliminar sobre Colombia comenzó en junio de 2004 y abarcó presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de noviembre de 2002 y crímenes de guerra desde el 1 de noviembre de 2009, debido a la declaración temporal realizada por Colombia al ratificar el Estatuto.
Entre las conductas examinadas estuvieron asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, secuestros y toma de rehenes, así como el reclutamiento y utilización de menores de edad. La investigación preliminar no se concentró en un solo actor del conflicto, sino en información relacionada con distintos grupos armados y agentes estatales.
Uno de los capítulos centrales fue el de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de grupos armados muertos en combate. La Fiscalía de la CPI examinó información sobre estos hechos mientras la justicia colombiana desarrollaba sus propias investigaciones.
La CPI también siguió los avances relacionados con los crímenes atribuidos a las extintas Farc, entre ellos los secuestros y otras graves privaciones de la libertad. De igual manera, prestó atención al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto, asunto que posteriormente fue abordado por la JEP.
La violencia sexual fue otro de los asuntos que preocupó especialmente a la Fiscalía internacional. En sus informes anteriores, la CPI había advertido sobre la magnitud del fenómeno y cuestionado que la respuesta judicial interna fuera proporcional a la escala de los hechos y al número de víctimas.
Por eso, una eventual salida colombiana del Estatuto de Roma tendría una dimensión particularmente sensible: ocurriría después de que el país construyera durante años una arquitectura judicial para demostrar que puede investigar y sancionar los crímenes internacionales sin necesidad de una intervención directa de la CPI.
El segundo elemento de la discusión está en Washington. Durante 2026, la administración Trump ha intensificado su ofensiva contra la Corte. En julio, el Departamento de Estado anunció una campaña para “desmantelar” y debilitar sistemáticamente la capacidad operativa de la CPI, incluyendo presión diplomática sobre países miembros para que retiren su respaldo al tribunal.
La presión estadounidense no es nueva. Trump ya había impuesto sanciones contra funcionarios de la CPI durante su primer mandato. En su actual administración, sin embargo, la estrategia ha adquirido una dimensión internacional más amplia, con sanciones, restricciones financieras y esfuerzos diplomáticos para reducir el número de países que respaldan a la Corte.
La ofensiva volvió a escalar este 18 de agosto de 2026, cuando Estados Unidos sancionó a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al abogado sénior Abdoulaye Seye. Washington argumentó que la Corte está intentando ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no han aceptado su competencia, entre ellos Estados Unidos e Israel.
En paralelo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, criticó a la CPI durante una reunión con países latinoamericanos y alentó a los gobiernos de la región a rechazar su autoridad. El episodio ocurrió en Panamá, en el marco de la nueva alianza de seguridad impulsada por Washington, en la que Colombia participa bajo el Gobierno de De La Espriella.
El caso de Israel es una pieza central de esta ofensiva. La CPI emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes relacionados con la guerra de Gaza. Israel y Estados Unidos no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan la jurisdicción de la Corte.
Para Washington, la situación de Netanyahu se convirtió en uno de los principales argumentos para cuestionar a la CPI. La administración Trump sostiene que el tribunal no debería poder perseguir a funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción. La Corte, por su parte, sostiene que su competencia puede activarse bajo las reglas previstas en el Estatuto de Roma.
La conexión con Colombia adquiere mayor peso por el viraje de la política exterior del nuevo Gobierno. De La Espriella ha impulsado un acercamiento estrecho con Washington y Jerusalén, incluyendo decisiones relacionadas con Israel que rompen con varias de las posiciones adoptadas durante la administración de Gustavo Petro.
Además, antes de asumir el poder, el nuevo Gobierno anunció que Colombia retiraría su apoyo a la denuncia presentada contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por el caso de Gaza. Esa decisión corresponde a otro tribunal y a otro procedimiento, pero forma parte del mismo giro diplomático que ahora vuelve relevante cualquier discusión sobre la CPI.
En este contexto, una eventual decisión colombiana de abandonar el Estatuto de Roma sería interpretada inevitablemente a la luz del nuevo alineamiento internacional de Bogotá. Eso no demuestra que Washington o Israel hayan ordenado a Colombia retirarse de la CPI, pero sí muestra que la discusión colombiana ocurre dentro de una campaña internacional en la que Estados Unidos está intentando convencer a otros países de reducir o abandonar su respaldo al tribunal.
Hay además un asunto jurídico que impediría presentar la salida como una decisión sencilla del Ejecutivo. El Estatuto de Roma contempla el retiro en su artículo 127 y establece que la denuncia surte efecto un año después de que se notifique oficialmente al secretario general de Naciones Unidas. Durante ese período Colombia seguiría siendo Estado parte.
El retiro tampoco funcionaría como un mecanismo automático para borrar el pasado. El artículo 127 establece que la salida no libera al Estado de las obligaciones surgidas mientras era parte del Estatuto y que tampoco afecta la cooperación relacionada con investigaciones o procedimientos que ya estén en consideración antes de que el retiro sea efectivo. La jurisprudencia de la propia CPI ha discutido precisamente estos límites.
Por eso, la discusión colombiana tiene dos dimensiones distintas. Una es política: si el Gobierno considera que la CPI limita la soberanía nacional y comparte la crítica de Trump contra el tribunal. La otra es jurídica: qué efectos tendría abandonar un tratado que fue aprobado por el Congreso, revisado por la Corte Constitucional y convertido en parte del marco constitucional colombiano.
La Constitución establece un procedimiento complejo para la incorporación de tratados internacionales, en el que intervienen el Gobierno, el Congreso y la Corte Constitucional. La jurisprudencia ha explicado que los tratados son actos complejos en los que participan las tres ramas del poder público. Por eso, cualquier intento de modificar radicalmente los compromisos derivados del Estatuto de Roma abriría previsiblemente una discusión constitucional además de diplomática.
El debate también tiene una paradoja política. La CPI cerró su examen preliminar precisamente porque consideró que Colombia estaba en condiciones de hacer justicia por sí misma. Si el nuevo Gobierno pretende desmontar instituciones como la JEP o reducir los mecanismos de justicia transicional, la pregunta internacional sería si el Estado conserva esa capacidad y voluntad de investigar los crímenes más graves. La complementariedad no es un cheque en blanco: depende de que la justicia nacional funcione genuinamente.
Así, el posible retiro no debería analizarse únicamente como un capítulo más del enfrentamiento entre De La Espriella y las instituciones internacionales. También toca directamente a las víctimas de décadas de conflicto, los procesos por falsos positivos, secuestros, violencia sexual, desapariciones y reclutamiento de menores, y el compromiso adquirido por Colombia de investigar y sancionar esos crímenes.
La discusión llega, además, en un momento en que Colombia estrecha su cooperación militar con Estados Unidos. Washington ha anunciado una mayor colaboración con Bogotá contra grupos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico, mientras Hegseth ha defendido una estrategia regional más agresiva. En ese escenario, las reglas del derecho internacional penal adquieren una importancia adicional.
El punto de fondo, entonces, no es solamente si Colombia puede retirarse del Estatuto de Roma. Puede iniciar el procedimiento de denuncia previsto por el tratado. La verdadera discusión es qué costo institucional, jurídico y diplomático tendría hacerlo, qué protección quedaría para las víctimas frente a eventuales fallas de la justicia nacional y hasta qué punto la decisión sería parte de una reconfiguración internacional impulsada por Washington.
Colombia fue durante años uno de los casos que la propia CPI presentó como ejemplo de complementariedad: un país en conflicto que desarrolló mecanismos nacionales para juzgar a los responsables de los crímenes más graves. Ahora, con el giro de De La Espriella hacia Estados Unidos e Israel y la campaña de Trump contra La Haya, el Estatuto de Roma vuelve al centro de una disputa que combina soberanía, justicia internacional, política exterior y memoria del conflicto colombiano.
