OIM alerta por riesgo de trata de personas entre damnificados del terremoto

El riesgo no se limita a un determinado grupo de la población. Sin embargo, las situaciones de emergencia pueden afectar de manera particular a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas que quedaron sin ingresos y familias que perdieron sus redes de apoyo - Foto: Defensa Civil Colombiana

El riesgo no se limita a un determinado grupo de la población. Sin embargo, las situaciones de emergencia pueden afectar de manera particular a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas que quedaron sin ingresos y familias que perdieron sus redes de apoyo - Foto: Defensa Civil Colombiana

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 en el occidente de Colombia abrió un nuevo frente de preocupación para las autoridades y organizaciones humanitarias: el riesgo de que los damnificados sean víctimas de trata de personas.

La advertencia fue hecha por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que llamó la atención sobre las condiciones de vulnerabilidad que pueden surgir después de una catástrofe natural y que pueden ser aprovechadas por redes dedicadas a este delito.

Según la organización, factores como el desplazamiento de las familias, la pérdida de vivienda, la falta de ingresos y la ruptura de las redes de protección pueden incrementar los riesgos para las personas afectadas por la emergencia.

La situación cobra especial relevancia por la dimensión del terremoto. El último balance de la emergencia registra cientos de miles de personas afectadas en cientos de municipios, muchas de ellas obligadas a abandonar temporal o permanentemente sus viviendas.

En este escenario, la OIM advierte que la vulnerabilidad puede aumentar cuando las personas necesitan con urgencia empleo, alojamiento, transporte o recursos económicos para reconstruir sus vidas.

Las redes de trata pueden aprovechar precisamente esas necesidades para realizar procesos de captación mediante ofertas que aparentan ser oportunidades legítimas. Una promesa de trabajo, mejores ingresos, alojamiento o traslado puede convertirse en el mecanismo utilizado para someter posteriormente a una persona a explotación.

El riesgo no se limita a un determinado grupo de la población. Sin embargo, las situaciones de emergencia pueden afectar de manera particular a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas que quedaron sin ingresos y familias que perdieron sus redes de apoyo.

La separación de los integrantes de una familia constituye otro factor de preocupación. En medio de las evacuaciones, los desplazamientos y la búsqueda de alojamiento temporal, las estructuras familiares y comunitarias que normalmente funcionan como mecanismos de protección pueden debilitarse.

La OIM también pone el foco en la necesidad de que la respuesta humanitaria incorpore mecanismos para identificar posibles víctimas y prevenir nuevos casos, además de atender las necesidades básicas de las comunidades afectadas.

El llamado adquiere importancia en la etapa de recuperación. La reconstrucción de viviendas, carreteras y otras obras puede generar una mayor demanda de trabajadores y movilidad entre las zonas afectadas y otros territorios.

Ese movimiento de personas y la aparición de nuevas oportunidades laborales pueden convertirse en espacios de riesgo si no existen controles suficientes sobre las ofertas de empleo, los intermediarios y las condiciones en las que son trasladados los trabajadores.

La organización insiste en la importancia de que las personas puedan reconocer situaciones de riesgo y acudir a las autoridades cuando reciban ofertas sospechosas o enfrenten condiciones que puedan estar relacionadas con explotación.

Dentro de las herramientas de prevención se encuentra LibertApp, desarrollada por la OIM y Migración Colombia, que ofrece información relacionada con la trata de personas y permite reportar situaciones que puedan representar un riesgo.

La advertencia de la OIM no significa que se haya establecido la existencia de una ola de casos de trata provocada por el terremoto. Su mensaje apunta a prevenir que las condiciones generadas por la emergencia sean aprovechadas por redes criminales para captar nuevas víctimas.

Así, mientras Colombia avanza desde la atención inmediata hacia la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, la protección de los damnificados plantea un desafío adicional: evitar que quienes perdieron sus viviendas, ingresos y redes de apoyo terminen enfrentando una segunda tragedia, esta vez a manos de estructuras dedicadas a la explotación de personas.

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