La ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella dejó una particular huella religiosa. Hubo una invocación a Jesucristo, una imagen de la Virgen de Fátima en el escenario y varias intervenciones de líderes religiosos. También participó el gran rabino David Michaan, quien cerró su intervención con la expresión “Viva Colombia y Viva Israel”. En contraste, no hubo una intervención de un imán ni una representación visible de la comunidad musulmana. El contraste adquiere especial relevancia por las posiciones que el propio presidente había expresado durante la campaña.
En mayo, De la Espriella afirmó en una entrevista con Caracol Radio que era católico, pero que tenía una “visión ecuménica” y que respetaba distintas creencias. Puso como ejemplo su participación en ritos cristianos y sus oraciones con la comunidad judía. Sin embargo, cuando fue preguntado específicamente por el islam, cambió radicalmente el tono: dijo que esa religión le parecía “una gran amenaza”.
El entonces candidato fue más allá y sostuvo que el islam era “más que una religión”, al considerarlo un “fundamentalismo” y un “radicalismo” que, según él, perjudica a la democracia, las sociedades y las libertades. También dijo que no tenía “nada que ver con el islam” y que no le interesaba “en lo absoluto”.
La afirmación no equivale necesariamente a decir que De la Espriella considere amenazante a cada musulmán. Pero sí existe una diferencia importante entre condenar determinadas expresiones del islamismo radical y caracterizar al islam en términos generales como una amenaza. En su declaración, el presidente no estableció una distinción clara entre la religión islámica, sus diferentes corrientes y los movimientos políticos o extremistas que actúan en su nombre.
Ese antecedente permite mirar de otra manera la composición religiosa de su posesión. En el escenario sí hubo una representación formal del judaísmo, con el rabino Michaan, además de representantes católicos y evangélicos. En cambio, no hubo un imán que interviniera en el segmento religioso, al menos entre las intervenciones que se realizaron públicamente durante la ceremonia.
El contraste resulta llamativo porque la población musulmana colombiana, aunque pequeña, no es inexistente. El Departamento de Estado estadounidense recoge una estimación de entre 85.000 y 100.000 musulmanes en Colombia, basada en una investigación de Pew de 2018. También señala que la comunidad está particularmente concentrada en la costa Caribe región de donde es originario De la Espriella.
La comunidad judía es considerablemente menor. La Confederación de Comunidades Judías de Colombia ha estimado alrededor de 5.500 judíos en el país, según el mismo reporte. Aproximadamente 70 % de ellos reside en Bogotá. Es decir, ambas son minorías religiosas, pero el número estimado de musulmanes es muy superior al de judíos.
Por eso, la ausencia de un representante musulmán permite formular una pregunta política sobre qué expresiones religiosas fueron consideradas apropiadas para acompañar el comienzo del nuevo Gobierno y cuáles no estuvieron presentes.
La otra pieza de ese rompecabezas fue Israel. La frase “Viva Israel”, pronunciada por el rabino Michaan, debe entenderse como una expresión del líder religioso que participó en la ceremonia y no necesariamente como una declaración programática del presidente. Sin embargo, ocurrió dentro de un acto de Estado y después de que De la Espriella hubiera anunciado durante la campaña su intención de recomponer las relaciones con Israel.
Además, Israel no es religiosamente homogéneo. El país tiene una importante población musulmana y cristiana entre sus ciudadanos árabes y una comunidad drusa con una relación histórica particular con el Estado israelí. Los drusos constituyen una minoría religiosa distinta, con raíces históricas vinculadas al islam, y una parte significativa de los drusos israelíes ha servido en las Fuerzas de Defensa de Israel. Reuters estimaba en torno a 150.000 drusos viviendo en Israel.
Esto importa porque la expresión “Israel” tampoco puede convertirse automáticamente en sinónimo de “judaísmo”. Israel es un Estado y los judíos son un pueblo y una comunidad religiosa diversa. Del mismo modo, musulmanes, cristianos, drusos y judíos que viven en Israel tienen posiciones políticas diferentes frente al Gobierno, la guerra y la cuestión palestina.
Tampoco es correcto asumir que todos los judíos respaldan las decisiones del Gobierno israelí sobre Gaza. Las encuestas recientes muestran importantes divisiones dentro de la población judía israelí sobre la conducción de la guerra. Una encuesta del Institute for National Security Studies de 2025 encontró que 69 % de los judíos israelíes estaban insatisfechos con la gestión gubernamental de la guerra en Gaza, mientras que la población judía también estaba dividida frente a distintas operaciones militares.
La misma cautela debe aplicarse en sentido contrario: no todos los musulmanes desconocen a Israel ni todos respaldan a Hamás. Las comunidades musulmanas son políticamente diversas y la relación con Israel puede ir desde la oposición a determinadas políticas hasta posiciones de coexistencia, reconocimiento o incluso colaboración. Reducir una comunidad religiosa a una única postura política reproduce precisamente el tipo de generalización que debería evitar un Estado que garantiza la libertad de cultos.
El problema de fondo es entonces constitucional. Colombia, desde la Constitución de 1991, es un Estado laico y pluralista, no un Estado confesional. El artículo 19 garantiza la libertad de cultos y establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. La Corte Constitucional ha desarrollado ese principio y ha señalado que el Estado no puede identificarse formalmente con una religión ni realizar actos oficiales de adhesión a una determinada confesión.
Eso no significa que las personas religiosas no puedan participar en actos oficiales ni que esté prohibido todo elemento de carácter religioso. La jurisprudencia constitucional reconoce la libertad religiosa. La cuestión es la neutralidad del Estado: una ceremonia presidencial puede contar con la presencia de ciudadanos y líderes religiosos, pero el Estado debe evitar convertir el acto oficial en una expresión de preferencia religiosa. La Corte ha señalado expresamente que la laicidad implica una separación estricta entre Estado e iglesias y un tratamiento igualitario de las confesiones.
Desde esa perspectiva, la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima, las oraciones y las invocaciones religiosas durante la ceremonia abren un debate distinto al de las convicciones personales del presidente. De la Espriella tiene derecho a profesar su fe católica y expresarla personalmente; la pregunta constitucional aparece cuando esa simbología y esas prácticas forman parte de una ceremonia oficial de investidura presidencial.
El contraste se vuelve más evidente al observar la composición de las intervenciones: hubo católicos, un pastor evangélico y un rabino, pero no un imán. Se desconoce exactamente la razón por la cual el Gobierno excluyó a los musulmanes, y aunque esto mostró una imagen de plurarlismo religioso, si se puede malinterpretar la ausencia de representantes de religión predominante en Medio Oriente.
En última instancia, el asunto no consiste en exigir que toda ceremonia presidencial tenga una cuota matemática de religiones. La Constitución tampoco obliga a que cada confesión tenga un representante en cada acto oficial. El punto es otro: si el Gobierno decide incorporar explícitamente religión, oración y símbolos religiosos a una ceremonia de Estado, la neutralidad constitucional exige especial cuidado para que esa incorporación no termine privilegiando unas creencias sobre otras.
Y ahí aparece la tensión política más interesante de la posesión: un presidente que se presenta como católico, invoca reiteradamente a Dios y permite una fuerte presencia religiosa en su ceremonia, que reivindica públicamente a Israel, pero que meses antes había definido al islam como “una gran amenaza para la humanidad”. Esa combinación no demuestra por sí sola una política estatal de discriminación religiosa, pero sí plantea preguntas sobre cómo entenderá el nuevo Gobierno la libertad de cultos, el pluralismo y la separación entre religión y Estado durante los cuatro años de mandato.
