La Corte Constitucional abrió una nueva discusión sobre la forma en que se planean y construyen las ciudades colombianas. El alto tribunal señaló que el diseño urbano no puede estar pensado exclusivamente desde las necesidades humanas y que debe tener en cuenta a los animales que habitan, transitan y dependen de los espacios urbanos.
El pronunciamiento plantea que las decisiones sobre la construcción y transformación de las ciudades deben incorporar una perspectiva que reconozca la presencia de otras especies. De esta manera, el debate sobre la protección animal trasciende los casos individuales de maltrato y llega al terreno del urbanismo, el ordenamiento territorial y la infraestructura.
La Corte vinculó esta discusión con el concepto de justicia espacial, una perspectiva que busca analizar cómo se distribuyen, organizan y transforman los espacios y quiénes pueden acceder o verse afectados por ellos. En este caso, el tribunal plantea que esa reflexión debe incluir también a los animales.
Según el alto tribunal, las ciudades son territorios compartidos en los que conviven seres humanos con animales domésticos y con distintas especies de fauna. Por ello, las intervenciones urbanas pueden generar consecuencias sobre su movilidad, supervivencia, hábitat y bienestar.
El pronunciamiento se produce en un contexto en el que la expansión urbana, la construcción de vías, edificaciones y otras obras de infraestructura han transformado ecosistemas y fragmentado espacios utilizados por diferentes especies. La propia jurisprudencia constitucional ha reconocido que el ordenamiento territorial está atravesado por un componente ambiental y que la protección y conservación de los recursos naturales debe ser considerada en la planificación física del territorio.
En su decisión, la Corte exhortó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a construir lineamientos técnicos que permitan concretar el concepto de justicia espacial y trasladarlo a criterios aplicables en el diseño y la planificación de las ciudades.
El llamado no significa, por sí solo, que todas las obras urbanas deban adoptar inmediatamente un mismo modelo o que exista una fórmula única para cada ciudad. El propósito es avanzar en herramientas técnicas que permitan incorporar de manera concreta la relación entre el diseño del espacio y las necesidades de los animales que lo habitan.
El debate puede alcanzar decisiones relacionadas con vías, parques, zonas verdes, proyectos inmobiliarios, infraestructura y otros elementos que modifican el espacio urbano. La pregunta que plantea la Corte es cómo evitar que la planificación ignore por completo a las especies que también dependen de esos territorios.
La decisión se inscribe además en una línea jurisprudencial en la que la Corte ha analizado la relación entre los espacios físicos, la accesibilidad y los animales. En la Sentencia T-006 de 2025, por ejemplo, el tribunal protegió los derechos de una persona con discapacidad visual a quien se le había impedido ingresar a un gimnasio con su perro guía y ordenó modificar el reglamento para excluir a los animales de asistencia de la prohibición general de ingreso.
En ese caso, la Corte concluyó que los perros de asistencia cumplen un papel fundamental para garantizar la autonomía y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y que las reglas internas de un establecimiento no pueden convertirse en barreras que desconozcan esos derechos.
El nuevo pronunciamiento amplía la discusión hacia una dimensión más general: no se trata únicamente de permitir el acceso de animales de asistencia a determinados lugares, sino de considerar que el propio diseño de las ciudades puede producir barreras o impactos sobre animales y otras especies.
La incorporación de una perspectiva multiespecie en la planificación urbana supondría, entre otros desafíos, estudiar cómo las obras afectan los desplazamientos de la fauna, la conexión entre espacios naturales y urbanos y la disponibilidad de zonas que permitan la coexistencia entre personas y animales.
La Corte no sustituye con esta decisión a las autoridades encargadas de definir los planes de ordenamiento territorial ni establece directamente cómo debe construirse cada proyecto. Su exhorto a MinVivienda busca precisamente avanzar hacia criterios técnicos que permitan convertir el principio de justicia espacial en herramientas concretas para la toma de decisiones.
El pronunciamiento deja así una discusión de fondo para las políticas urbanas del país: las ciudades no son espacios habitados únicamente por seres humanos. La manera en que se diseñen calles, parques, edificios y demás infraestructuras deberá incorporar cada vez más la pregunta por los animales que comparten esos territorios y por los efectos que las decisiones urbanísticas tienen sobre ellos.
