Una nueva controversia rodea al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a su directora, Carolina Restrepo Cañavera, por una presunta directriz interna que habría buscado modificar el lenguaje utilizado por la entidad para referirse a la población menor de edad.
La discusión surgió después de que la representante a la Cámara Lourdes Mateus denunciara la existencia de una instrucción según la cual las comunicaciones institucionales debían evitar el uso de la palabra “niñas” y emplear otras fórmulas para referirse a la población atendida por el ICBF.
La directriz habría sido transmitida desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección General de la entidad. El señalamiento generó críticas y abrió una discusión que rápidamente trascendió el ámbito administrativo.
El centro de la polémica está en el lenguaje que debe utilizar una institución cuya misión está directamente relacionada con la garantía y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
La controversia no se limita a una discusión gramatical. Para los sectores que cuestionan la presunta instrucción, dejar de mencionar expresamente a las niñas puede representar una forma de invisibilización en un contexto en el que la legislación colombiana ha incorporado progresivamente un enfoque diferenciado de protección.
La representante Jennifer Pedraza fue una de las voces críticas. La congresista recordó que el Código de Infancia y Adolescencia utiliza expresamente la fórmula “niños, niñas y adolescentes”, y cuestionó la posibilidad de que una entidad estatal modificara esa referencia en sus comunicaciones institucionales.
El debate también recibió la intervención de María Cristina Hurtado, una de las corredactoras del Código de Infancia y Adolescencia, quien defendió la importancia de mantener una referencia explícita a las niñas dentro del lenguaje utilizado para hablar de la protección de los menores de edad.
Para Hurtado y otros críticos de la medida, la discusión tiene un trasfondo histórico: la inclusión expresa de las mujeres y las niñas en el lenguaje institucional ha sido parte de una transformación orientada a hacer visibles situaciones de desigualdad y vulneraciones específicas.
La respuesta de Carolina Restrepo no consistió en negar de manera directa, que hubiera existido la instrucción interna denunciada. La directora optó por explicar el sentido del lenguaje que considera adecuado para la entidad.
Restrepo sostuvo que la misión del ICBF está relacionada con la protección integral de “la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia”. Además, aclaró que cuando habla de niñez se refiere tanto a los niños como a las niñas.
La directora aseguró, además, que las niñas cuentan con la protección establecida en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, e hizo referencia al enfoque de género contemplado en el artículo 12 del Código de Infancia y Adolescencia.
Su explicación trasladó así el debate a una pregunta de fondo: si el término “niñez” resulta suficiente para representar a toda la población infantil o si, por el contrario, la mención expresa de “niñas” debe mantenerse como una decisión institucional y política.
Para quienes defienden la postura de Restrepo, la palabra “niñez” funciona como una categoría general que comprende a niños y niñas y permite simplificar el lenguaje institucional sin afectar el alcance de los derechos protegidos.
Sin embargo, los críticos consideran que una categoría general no necesariamente reemplaza la importancia de nombrar de manera expresa a las niñas, especialmente cuando existen enfoques normativos destinados a reconocer diferencias en las formas de violencia, discriminación y vulnerabilidad que enfrentan.
La discusión también plantea interrogantes sobre el alcance exacto de la presunta directriz. Hasta ahora, la controversia pública se ha concentrado en las denuncias sobre su existencia y en la respuesta de la directora, pero el documento interno señalado no ha sido divulgado públicamente en la información conocida.
Esa ausencia se ha convertido en uno de los puntos centrales del caso. Conocer el texto de la instrucción permitiría establecer si se trataba de una prohibición expresa, de una recomendación de estilo o de un cambio general en los criterios de comunicación del ICBF.
La polémica se produce, además, en medio de otros cuestionamientos alrededor de las primeras decisiones de Restrepo al frente de la entidad. Días antes, su administración había enfrentado críticas por el retiro de un mural relacionado con el colectivo “Resistencia Chiquita”, una decisión que abrió otro debate sobre la participación y representación de niños y niñas.
En ese episodio, Restrepo cuestionó lo que consideró una instrumentalización política de la niñez, mientras la exdirectora Astrid Cáceres defendió la autonomía y la expresión artística de las integrantes del colectivo.
Ahora, el debate sobre la palabra “niñas” vuelve a situar al ICBF en el centro de una discusión sobre el significado político e institucional del lenguaje. Lo que para la dirección puede ser el uso de una categoría general, para sus críticos representa el riesgo de eliminar una referencia que consideran necesaria para la visibilidad y protección diferenciada.
La controversia queda abierta mientras persiste una pregunta sin resolver públicamente: cuál fue exactamente el contenido de la directriz denunciada y qué alcance tuvo dentro del ICBF. La respuesta de Carolina Restrepo ha defendido que la “niñez” incluye a las niñas y ha reiterado su obligación de protegerlas, pero las críticas apuntan a que, precisamente por la naturaleza de esa protección, nombrarlas explícitamente también importa.
