La decisión de que Estudios RCN, y no Inravisión —el sistema público de medios—, produzca la señal de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo frente de discusión alrededor del acto presidencial. El cambio resulta llamativo porque la transmisión de un evento de esta naturaleza tiene una dimensión institucional que trasciende la cobertura periodística de un canal privado.
El anuncio fue realizado por el equipo del presidente electo, que informó que la producción técnica estaría a cargo de Estudios RCN y que la señal sería puesta a disposición de otros medios. La determinación se conoció después de que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) hubiera contratado a Inravisión para encargarse de la producción y transmisión de la ceremonia.
El trasfondo político tampoco puede ignorarse. De la Espriella representa un proyecto político de derecha que durante la campaña mantuvo fuertes diferencias ideológicas con sectores vinculados al actual sistema de medios públicos y, en particular, con la administración de Inravisión durante el gobierno de Gustavo Petro. El cambio de operador puede ser leído, por ello, como algo más que una decisión técnica.
No obstante, atribuir el cambio exclusivamente a una retaliación política sería prematuro. Para establecerlo sería necesario conocer las razones formales que llevaron al equipo del presidente electo a preferir a RCN: si hubo una evaluación técnica, una comparación de costos, restricciones logísticas o alguna otra consideración objetiva que justificara apartarse del esquema previamente contratado.
El asunto adquiere mayor relevancia porque Inravisión afirmó públicamente que estaba disponible para realizar la transmisión. La entidad sostuvo que contaba con los recursos técnicos y humanos necesarios para asumir el evento, lo que debilita, al menos en principio, el argumento de que la sustitución obedeció a una falta de capacidad del sistema público.
También existe una pregunta económica que todavía no tiene respuesta: ¿cuánto le costará al Estado este cambio? El DAPRE había contratado aproximadamente $2.450 millones con Inravisión para la producción y transmisión. Si ese contrato se mantiene, se modifica o se termina y además existe un pago adicional a RCN, el costo final podría aumentar.
La diferencia entre el valor contratado y el gasto efectivamente ejecutado será determinante. No puede afirmarse que el cambio haya generado un sobrecosto de $2.450 millones sin conocer cuánto se ha pagado a Inravisión, qué obligaciones ya fueron ejecutadas y bajo qué condiciones se produjo la modificación o eventual terminación del contrato.
También debe esclarecerse quién asumirá los costos de la operación de RCN. Si Estudios RCN está prestando sus equipos y personal sin cobrar al Estado, el impacto fiscal sería diferente a un escenario en el que exista un nuevo contrato público. En este último caso habría que conocer el valor, el mecanismo de contratación y la justificación para escoger a un operador privado que reemplaza a una entidad pública especializada.
El posible favorecimiento a un privado es, por eso, una de las preguntas centrales. No porque contratar a una empresa privada sea ilegal en sí mismo, sino porque el Estado debe poder explicar por qué resulta conveniente pagar —si efectivamente se pagará— a un operador privado cuando Inravisión sostiene que tenía capacidad y disposición para cumplir la misma función. La transparencia del proceso será clave para despejar cualquier sospecha de trato preferencial.
El cambio también plantea una discusión sobre el papel de los medios públicos. Una posesión presidencial no es un evento comercial cualquiera: es un acto institucional que debe garantizar acceso amplio a la ciudadanía. Si la señal de RCN efectivamente será abierta y estará disponible para todos los medios, ese principio estaría preservado. Pero eso no elimina las preguntas sobre quién toma la decisión, bajo qué criterios y con qué recursos.
En últimas, el debate no debería reducirse a si RCN o Inravisión produce mejores imágenes. Lo que está en juego es la forma en que un gobierno entrante administra un recurso público, mantiene la neutralidad institucional y justifica sus decisiones frente a un sistema público de medios. Mientras no se publiquen los documentos que expliquen el cambio y sus consecuencias económicas, las razones políticas y el eventual favorecimiento a un privado seguirán siendo hipótesis que requieren comprobación.
