El uso de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para los desplazamientos del presidente Abelardo de la Espriella quedó en el centro de un nuevo debate político. Una respuesta del Ministerio de Defensa a una solicitud de información presentada por el representante José Luis Bohórquez registra 103 movimientos aéreos realizados entre el 7 y el 24 de agosto, durante los primeros 18 días del Gobierno, con un costo acumulado de $1.117.705.478,79.
El dato adquiere relevancia porque la administración de De la Espriella ha presentado la austeridad fiscal y la reducción del gasto como parte de su discurso de gobierno. La oposición cuestiona ahora si ese principio también se está aplicando a la movilidad del jefe de Estado y, particularmente, al uso de helicópteros para desplazamientos que se desarrollan dentro de una misma ciudad.
Bohórquez fue uno de los congresistas que puso bajo la lupa los registros. Según explicó tras conocer la respuesta oficial, 64 de los 103 trayectos tuvieron una duración inferior a diez minutos y 36 fueron de menos de cinco minutos. El congresista cuestionó que recursos públicos fueran destinados a vuelos tan cortos cuando, en determinados casos, existirían alternativas terrestres.
Los registros divulgados muestran que una parte de esos movimientos corresponde a desplazamientos en Barranquilla. Entre ellos aparecen vuelos entre el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la sede deportiva Adelita de Char, donde entrena el Atlético Junior. Algunos de esos recorridos tuvieron duraciones de apenas unos minutos.
Uno de los casos documentados ocurrió el 24 de agosto. A las 6:05 de la mañana, un helicóptero UH-60 L salió del aeropuerto Ernesto Cortissoz y llegó cinco minutos después a Sabanilla-Sede Deportiva Adelita. El reporte divulgado por Vanguardia señala un costo de $1.812.489,64 para ese desplazamiento.
Posteriormente, entre las 7:05 y las 7:15 de la mañana, se realizó el recorrido en sentido contrario. Ese vuelo, también en un UH-60 L, tuvo un costo reportado de $3.624.979,29. En horas de la noche se registraron otros dos desplazamientos entre los mismos puntos, cada uno de diez minutos y con el mismo costo reportado.
En conjunto, esos cuatro movimientos documentados entre el aeropuerto y la sede deportiva muestran por qué los vuelos cortos se convirtieron en el principal foco de la controversia. La pregunta no es simplemente cuánto cuesta operar un helicóptero, sino por qué se utilizó una aeronave militar para desplazamientos urbanos cuya duración registrada fue de entre cinco y diez minutos.
La existencia de una alternativa terrestre, sin embargo, no permite concluir por sí sola que un vuelo haya sido innecesario. Un desplazamiento presidencial está condicionado por protocolos de seguridad, rutas, cierres viales, tiempos de agenda y otros factores que no necesariamente aparecen en el registro de vuelo. Por eso, la discusión requiere conocer la justificación operacional de cada trayecto.
El punto central del cuestionamiento de Bohórquez es precisamente ese. Si el Gobierno sostiene que los desplazamientos obedecen a necesidades de seguridad o de agenda presidencial, debería poder explicar qué circunstancia hacía necesario emplear un helicóptero en cada uno de los recorridos más cortos. Esa información permitiría distinguir entre una decisión operacional justificada y un uso que podría haber tenido una alternativa terrestre menos costosa.
El debate adquiere otra dimensión por el discurso de austeridad del Gobierno. La cifra de $1.117 millones corresponde al conjunto de los 103 movimientos y no significa que cada uno haya tenido un costo similar ni que todo el monto corresponda a helicópteros. El reporte incluye diferentes aeronaves y desplazamientos con características muy distintas.
El mismo 24 de agosto permite observar esa diferencia. Un B737-700 BBJ salió de Barranquilla hacia Quibdó a las 7:36 de la mañana y llegó a las 9:00. El costo registrado para ese trayecto fue de $54.429.574,09. Posteriormente, la aeronave voló de Quibdó a Guabito y finalmente regresó a Barranquilla, con costos reportados de $23.974.931,45 y $47.301.891,77, respectivamente.
Esos vuelos de mayor duración tienen una justificación funcional diferente a los trayectos urbanos. El presidente se desplazó a Quibdó en medio de las actividades relacionadas con la reconstrucción del Chocó después del terremoto del 10 de agosto. Por eso, no sería correcto equiparar automáticamente un vuelo presidencial hacia una región afectada por una emergencia con un desplazamiento de pocos minutos dentro de Barranquilla.
La controversia, entonces, no está necesariamente en que el presidente utilice aeronaves oficiales. El jefe de Estado requiere mecanismos de transporte que cumplan condiciones especiales de seguridad y disponibilidad. La discusión está en establecer cuándo el uso de una aeronave resulta proporcional a la necesidad que pretende atender.
También está pendiente determinar cuánto de los 103 movimientos estuvo relacionado con la decisión del Gobierno de mantener en Barranquilla una sede alterna de la Presidencia. Esa variable resulta relevante porque los desplazamientos entre ciudades y los movimientos locales pueden multiplicarse cuando la agenda presidencial se desarrolla simultáneamente desde diferentes puntos del país.
La discusión sobre los helicópteros también tiene un antecedente político. Durante el Gobierno anterior, el uso de aeronaves oficiales por parte de la entonces vicepresidenta Francia Márquez fue objeto de fuertes críticas, especialmente por desplazamientos relacionados con su seguridad y sus viajes hacia el Valle del Cauca. Ahora algunos de los mismos argumentos sobre austeridad vuelven a aparecer, pero aplicados a un Gobierno de signo político diferente.
La comparación, sin embargo, debería hacerse sobre criterios verificables y no sobre posiciones partidistas. Si un helicóptero es necesario por razones de seguridad, la justificación debería ser válida independientemente de quién ocupe la Presidencia. Y si un trayecto puede realizarse de manera segura por tierra con un costo significativamente menor, la pregunta sobre la eficiencia del gasto también debería aplicarse independientemente del Gobierno.
Por ahora, el dato más concreto es que los registros oficiales entregados a la Cámara contabilizan 103 desplazamientos y un costo superior a $1.117 millones durante el periodo analizado. Dentro de ellos aparecen decenas de vuelos de duración muy corta, incluidos recorridos entre el aeropuerto de Barranquilla y la sede deportiva Adelita de Char.
La información conocida no demuestra por sí misma que esos vuelos hayan sido irregulares, ilegales o injustificados. Tampoco permite atribuir todo el gasto a trayectos que pudieron realizarse por tierra. Lo que sí hace es abrir una pregunta legítima sobre eficiencia y austeridad: ¿qué razones operativas explican que un Gobierno que reivindica la reducción del gasto público utilice helicópteros para determinados desplazamientos urbanos de apenas unos minutos?
La respuesta dependerá del detalle de los registros y de las explicaciones que entregue el Gobierno. Una auditoría que permita conocer la ruta, duración, aeronave, costo, pasajeros, finalidad y justificación de cada uno de los 103 movimientos sería el mecanismo más adecuado para determinar cuánto del gasto respondió a necesidades propias del cargo y cuánto pudo haberse reducido mediante alternativas logísticas.
El debate, en última instancia, no debería reducirse a una fotografía de un helicóptero ni a una cifra acumulada. La cuestión de fondo es si el principio de austeridad anunciado por la administración de De la Espriella también se refleja en las decisiones cotidianas de movilidad presidencial y si esas decisiones pueden ser justificadas ante los ciudadanos con criterios objetivos de necesidad, seguridad y eficiencia del gasto público.
