La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla terminó este martes con una agenda bilateral que combinó seguridad, comercio, energía e inversión. El funcionario estadounidense se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella y posteriormente participó en la firma de dos memorandos de entendimiento con el canciller colombiano, Omar Bula.
El encuentro fue presentado por ambos gobiernos como un nuevo momento en la relación entre Colombia y Estados Unidos. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico ocuparon un lugar central en las conversaciones, pero la agenda también incorporó asuntos estratégicos relacionados con minerales críticos y energía nuclear para uso civil.
Los dos instrumentos firmados corresponden a cooperación en minerales críticos y cooperación nuclear civil. El Departamento de Estado estadounidense confirmó que Rubio y Bula suscribieron ambos acuerdos durante la visita del secretario de Estado a Colombia.
El primero busca profundizar la cooperación en minerales estratégicos para las cadenas de suministro que Estados Unidos considera relevantes para su seguridad económica y tecnológica. El entendimiento apunta a áreas como conocimiento geológico, cadenas de suministro, procesamiento y oportunidades de inversión.
El alcance del memorando no significa que Estados Unidos haya adquirido derechos sobre los yacimientos colombianos. La información divulgada sobre el acuerdo señala que el instrumento establece un marco de cooperación y no una cesión de los recursos minerales del país.
La agenda incluye además el propósito de avanzar hacia actividades con mayor valor agregado. Colombia busca aprovechar sus recursos para desarrollar capacidades de procesamiento, tecnología, innovación y nuevas cadenas industriales relacionadas con tecnologías limpias, infraestructura eléctrica, baterías e industrias avanzadas.
El acuerdo también contempla cooperación relacionada con conocimiento geológico, identificación de oportunidades de inversión, reciclaje y diversificación de las cadenas de suministro, junto con estándares ambientales, sociales y de gobernanza. El objetivo declarado es fortalecer la posición de Colombia como socio en sectores considerados estratégicos.
El segundo memorando está dedicado a la energía nuclear civil. De acuerdo con la información oficial colombiana, abre un espacio para desarrollar cooperación técnica, gradual y responsable sobre las aplicaciones de esta tecnología en seguridad energética e investigación científica.
El entendimiento nuclear también contempla el fortalecimiento de capacidades regulatorias y la formación de talento humano. Su alcance está relacionado con usos civiles de la tecnología nuclear y no equivale, por sí mismo, al anuncio de una central nuclear ni a la autorización de un proyecto específico de generación eléctrica.
Los instrumentos buscan además ampliar la cooperación científica y tecnológica entre ambos países. Para Colombia, la apuesta oficial consiste en que la transición energética no se limite a la extracción de materias primas, sino que genere industria, empleo formal, conocimiento y desarrollo regional.
Durante el encuentro, De la Espriella planteó una agenda más amplia que denominó de reconstrucción, recuperación económica y fortalecimiento de la seguridad hemisférica. En ese marco, señaló el interés de atraer capital estadounidense hacia sectores como infraestructura, vivienda y energía, especialmente en el proceso de recuperación tras el terremoto de agosto.
La seguridad, sin embargo, fue el otro gran componente de la reunión. Rubio destacó que Washington quiere profundizar la cooperación con Colombia contra el narcotráfico y que Estados Unidos está dispuesto a suministrar equipos, inteligencia y entrenamiento para fortalecer las capacidades colombianas.
Rubio hizo además una precisión relevante sobre la presencia militar estadounidense. Señaló que los colombianos nunca habían pedido que soldados estadounidenses ingresaran al país para enfrentar directamente a los carteles de droga, sino que habían solicitado ayuda y entrenamiento.
La declaración adquiere especial importancia después de las afirmaciones realizadas en agosto por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Hegseth sostuvo entonces que Colombia había autorizado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para combatir el denominado “narco-terrorismo”.
Las dos declaraciones no necesariamente describen exactamente el mismo nivel de cooperación. Rubio se refirió al patrón histórico de asistencia estadounidense, mientras Hegseth habló de operaciones conjuntas, una modalidad que implicaría una participación operacional distinta de la tradicional cooperación basada en entrenamiento, inteligencia y equipamiento.
El antecedente inmediato para entender esa diferencia está en Ecuador. Desde marzo de 2026, fuerzas estadounidenses y ecuatorianas comenzaron operaciones conjuntas contra organizaciones criminales designadas como terroristas por Washington. El Comando Sur confirmó públicamente el inicio de esas operaciones.
En ese país, la cooperación pasó de esquemas de asistencia a una participación militar estadounidense directa en operaciones realizadas junto con las fuerzas ecuatorianas. Uno de los episodios reportados involucró una acción contra un campamento atribuido a Comandos de la Frontera.
Ese precedente es relevante para Colombia porque permite distinguir entre dos modelos: uno en el que Estados Unidos proporciona capacidades para que las fuerzas nacionales ejecuten las operaciones y otro en el que efectivos estadounidenses participan directamente en acciones militares junto con las fuerzas del país receptor.
La historia colombiana muestra que la presencia militar estadounidense no es nueva, incluso cuando no ha implicado combate directo contra organizaciones narcotraficantes. Durante décadas, militares estadounidenses participaron en entrenamiento, cooperación técnica, inteligencia y ejercicios con las Fuerzas Militares colombianas.
Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 2020, cuando militares estadounidenses y colombianos realizaron en Tolemaida un ejercicio de inserción aerotransportada que simuló la toma de un aeródromo. Participaron aproximadamente 75 paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada estadounidense y 40 integrantes del Ejército de Estados Unidos, junto con tropas colombianas. Fue un ejercicio militar, no una operación de combate.
También hubo controversias alrededor del acuerdo militar de 2009 que ampliaba el acceso estadounidense a instalaciones colombianas. La iniciativa generó un intenso debate sobre soberanía y presencia extranjera y posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, al considerar que un acuerdo de esa naturaleza debía seguir el procedimiento constitucional correspondiente.
La presencia estadounidense dejó además antecedentes más graves relacionados con la conducta de algunos militares y contratistas. Un informe histórico divulgado en 2015 documentó denuncias de abusos sexuales contra al menos 54 menores en hechos ocurridos entre 2003 y 2007 en los alrededores de Tolemaida y Melgar. Se trata de denuncias recogidas en un informe, no de 54 condenas judiciales.
Uno de los casos que mayor controversia produjo fue el de una niña de 12 años que denunció una violación en 2007 en Melgar. El caso estuvo marcado por la discusión sobre la inmunidad de personal estadounidense y por el traslado de los señalados fuera de Colombia, lo que generó cuestionamientos sobre la capacidad de la justicia colombiana para investigar y procesar este tipo de hechos.
Estos antecedentes explican por qué una eventual ampliación de la cooperación militar no solo plantea preguntas operacionales. También obliga a precisar las reglas de ingreso y permanencia de personal extranjero, su régimen jurídico, las competencias de las autoridades colombianas y los mecanismos para investigar eventuales delitos cometidos durante su permanencia en el país.
Por ahora, los dos memorandos firmados por Rubio y Bula pertenecen a otra dimensión de la relación bilateral: minerales críticos y energía nuclear civil. La discusión militar avanza por un canal diferente, pero las declaraciones de Hegseth y Rubio y el precedente ecuatoriano muestran que Colombia y Estados Unidos están redefiniendo el alcance de su cooperación en seguridad.
La reunión de Barranquilla, por tanto, dejó una relación bilateral con varios frentes abiertos: inversión y reconstrucción, minerales estratégicos, tecnología nuclear civil y lucha contra el narcotráfico. El punto que todavía requiere mayor precisión pública es hasta dónde llegará la cooperación militar anunciada y bajo qué reglas operarán eventuales fuerzas estadounidenses en territorio colombiano.
