El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció la noche del 19 de noviembre, después de que Gustavo Petro pidiera en Cali exigir la renuncia presidencial y mantener la movilización en las calles. De la Espriella presentó esas palabras como una amenaza contra la democracia y las instituciones.
“Con la democracia y con Colombia no se metan”, dijo el mandatario. También defendió la legitimidad de su Gobierno y afirmó que había llegado al poder mediante el voto.
De la Espriella aseguró que no le preocupaban las críticas personales de Petro, pero que no aceptaría acciones que, a su juicio, atentaran contra la democracia o buscaran desconocer el orden constitucional. En su intervención, describió al gobierno anterior como una “empresa criminal”. Esa expresión fue una acusación política, no una determinación judicial.
El mandatario pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos que avanzaran con investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas que atribuyó al gobierno anterior. Dijo que debían examinarse las pruebas y que quienes resultaran responsables debían responder ante la ley.
De la Espriella fue más allá y afirmó que Estados Unidos tenía competencia para investigar y procesar a Petro. Añadió que esperaba que, si se establecía responsabilidad, el expresidente fuera encarcelado.
Sin embargo, durante ese pronunciamiento no precisó qué expedientes concretos pedía que avanzaran ni qué delitos específicos atribuía personalmente a Petro. Tampoco presentó pruebas particulares que sustentaran las acusaciones.
La petición se produjo en un contexto en el que ya se habían divulgado reportes sobre indagaciones federales en Nueva York. En marzo, The New York Times informó que fiscales de Manhattan y Brooklyn investigaban posibles vínculos con narcotraficantes y si la campaña de Petro había solicitado donaciones a personas relacionadas con ellos.
Reuters reportó que Petro no era el foco principal de esas investigaciones, aunque su conducta habría surgido en pesquisas más amplias sobre narcotráfico y narcoterrorismo. Según esos reportes, las indagaciones estaban en una etapa inicial y no se sabía si derivarían en cargos.
A finales de marzo, funcionarios estadounidenses dijeron al Gobierno colombiano que Petro no enfrentaba cargos penales relacionados con esas investigaciones. La información publicada no identificó una acusación formal ni un número de expediente judicial contra él.
Por eso, conviene distinguir una investigación preliminar de una acusación formal. Que una persona sea mencionada en una pesquisa no significa que haya sido imputada, procesada o declarada culpable.
La inclusión de Petro en la lista OFAC es otro asunto distinto. Se trata de una medida administrativa de sanciones del Departamento del Tesoro, y no constituye por sí misma una acusación penal ni prueba de culpabilidad.
También es importante separar el pedido de investigar presuntos delitos del señalamiento sobre un supuesto golpe de Estado. En su discurso, De la Espriella respondió a las declaraciones de Petro sobre exigir su renuncia y movilizarse, y las calificó como una amenaza a la democracia.
Un supuesto intento de golpe ocurrido en Colombia correspondería principalmente a las autoridades colombianas, pues afectaría el orden constitucional y las instituciones del país. Estados Unidos no adquiere jurisdicción automáticamente porque un dirigente colombiano solicite que intervenga.
La justicia estadounidense podría tener competencia sobre conductas específicas si existiera un vínculo con sus leyes o territorio. Entre otros supuestos, podría tratarse de actos realizados en Estados Unidos o de delitos federales con alcance extraterritorial, pero la existencia de ese vínculo tendría que establecerse con hechos concretos.
En su pronunciamiento, De la Espriella no explicó qué conexión jurídica haría competente a Estados Unidos para investigar un presunto golpe ocurrido en Colombia. Su llamado se refirió de manera general a corrupción, narcotráfico y otros posibles delitos, sin detallar un expediente específico.
La respuesta de Petro se centró en defender la soberanía popular y cuestionar que se invocara a autoridades extranjeras para asuntos colombianos. Escribió que “la democracia es el poder del pueblo” y rechazó que la movilización pudiera describirse como un golpe de Estado.
El intercambio elevó la confrontación entre el presidente y su antecesor, en un momento de tensión por las protestas y las denuncias electorales de Petro. De la Espriella defendió la legitimidad de su mandato, mientras Petro sostuvo que la movilización era una forma de participación democrática.
La controversia tiene, por tanto, dos planos. Uno es político: si las palabras de Petro fueron una convocatoria legítima a protestar o un intento de desconocer al Gobierno, interpretación que ambos sectores disputan.
El otro plano es judicial: si existen conductas concretas que puedan investigarse y qué autoridad tendría competencia para hacerlo. Las declaraciones de los políticos no sustituyen una investigación, la presentación de pruebas ni una decisión de un tribunal.
Hasta ahora, lo reportado públicamente apunta a indagaciones preliminares en Nueva York, pero no a cargos penales formales contra Petro. Tampoco se ha establecido que Estados Unidos tenga jurisdicción sobre un supuesto golpe de Estado en Colombia; eso dependería de hechos y bases legales específicas.






