Impuestos a iglesias: qué propone Mauricio Toro y cómo lo hacen otros países de Latinoamérica

La propuesta, tal como se ha descrito públicamente, excluiría las ofrendas, los diezmos y las donaciones destinadas al culto. Toro resume su argumento con la idea de que “la fe no paga, pero el negocio sí” - Foto: Archivo/Ronald Cano

La propuesta, tal como se ha descrito públicamente, excluiría las ofrendas, los diezmos y las donaciones destinadas al culto. Toro resume su argumento con la idea de que “la fe no paga, pero el negocio sí” - Foto: Archivo/Ronald Cano

El representante propone gravar los negocios comerciales con ánimo de lucro vinculados a iglesias, pero excluir diezmos, ofrendas y donaciones destinadas al culto. México y Chile tienen reglas que distinguen ingresos religiosos de actividades comerciales; Brasil ofrece una protección tributaria más amplia, con límites ligados a los fines esenciales de los templos.

La propuesta del representante a la Cámara Mauricio Toro, de Alianza Verde, volvió al debate durante la discusión de la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Toro anunció una proposición para que ciertas actividades comerciales de organizaciones religiosas paguen impuestos.

No se trata, según la información disponible, de un proyecto de ley independiente dedicado a gravar a las iglesias. Es una modificación que Toro busca incorporar al proyecto fiscal que se tramita en el Congreso, por lo que todavía debe ser debatida y votada.

El planteamiento apunta a los ingresos de actividades comerciales con ánimo de lucro vinculadas a iglesias. Toro ha mencionado negocios como hoteles, teatros, auditorios y otras empresas relacionadas con organizaciones religiosas.

La propuesta, tal como se ha descrito públicamente, excluiría las ofrendas, los diezmos y las donaciones destinadas al culto. Toro resume su argumento con la idea de que “la fe no paga, pero el negocio sí”.

El congresista sostiene que una actividad comercial debería tener obligaciones tributarias similares, aunque el negocio esté vinculado a una iglesia. Presenta la medida como un asunto de equidad fiscal y no como un gravamen a una creencia religiosa.

En Colombia, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas tienen un tratamiento particular frente al impuesto sobre la renta por sus actividades propias de culto. Pero esto no significa que cualquier empresa o actividad económica relacionada con una organización religiosa esté automáticamente exenta; el tratamiento depende de su naturaleza y de las normas aplicables.

El debate legislativo deberá precisar, si la propuesta avanza, cómo distinguir una actividad religiosa de una comercial. También tendría que definir qué ingresos se gravarían, qué entidades quedarían sujetas y qué gastos o excepciones podrían reconocerse.

La discusión no es nueva en Colombia: en años anteriores se han planteado cambios al tratamiento tributario de las iglesias, sin que prosperaran. Esta vez, la idea de Toro se discute dentro de la Ley de Rescate Económico, que aún no es una ley aprobada.

En México existe una separación explícita entre ingresos propios de la actividad religiosa e ingresos derivados de ciertas operaciones comerciales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que las ofrendas, diezmos y donativos destinados a fines religiosos no pagan ISR bajo las condiciones previstas por las reglas fiscales.

La exención mexicana también abarca ingresos relacionados con el desarrollo normal de las actividades religiosas, siempre que no se distribuyan entre los integrantes de la asociación. La venta sin fines de lucro de libros u objetos religiosos puede recibir un tratamiento similar.

En cambio, el SAT establece que ciertas ventas con fines de lucro, intereses y premios pueden estar sujetos a impuesto sobre la renta. También señala que las ventas de bienes o servicios a personas que no son miembros pueden generar ISR cuando esos ingresos superan el 5 % de los ingresos totales de la asociación religiosa.

Ese umbral hace que el caso mexicano sea uno de los ejemplos regionales más cercanos a la idea de diferenciar el culto de una actividad comercial. Aun así, sus reglas concretas no son idénticas a la propuesta de Toro y no deben trasladarse a Colombia sin considerar las diferencias entre las leyes de ambos países.

En Chile, el Servicio de Impuestos Internos señala que las iglesias no están exentas de manera general del impuesto a la renta. Las actividades propias del culto suelen recibir un tratamiento distinto, pero las rentas de actividades comerciales o empresariales pueden quedar gravadas conforme a las reglas comunes.

La autoridad tributaria chilena explica que una entidad religiosa puede tener ingresos relacionados con el culto y, a la vez, realizar actividades capaces de producir rentas gravadas. Si realiza esas actividades comerciales, puede tener que declarar y pagar impuestos como otros contribuyentes.

El ejemplo chileno se parece al principio que defiende Toro: el carácter religioso de una organización no necesariamente convierte en exenta toda actividad económica que esta realice. La aplicación concreta depende de si hay una actividad comercial y de las normas tributarias correspondientes.

Brasil presenta un modelo distinto porque su Constitución protege con inmunidad tributaria a los templos de cualquier culto respecto de patrimonio, ingresos y servicios relacionados con sus fines esenciales. Esa protección constitucional es más amplia que una simple exención administrativa, pero su alcance depende de la conexión entre la actividad y los propósitos esenciales del templo.

La autoridad tributaria brasileña ha indicado que, como regla general, los ingresos de actividades económicas sin relación con los fines esenciales del templo no quedan cubiertos por la inmunidad. También recoge criterios judiciales que permiten extender la protección a algunos ingresos comerciales bajo ciertas condiciones.

Por eso, Brasil no equivale a un régimen en el que cualquier hotel, teatro o empresa ligada a una iglesia queda automáticamente exenta. La clave es analizar si la actividad o los recursos se conectan con los fines protegidos y cómo interpretan ese vínculo las autoridades y los tribunales.

En conjunto, los ejemplos latinoamericanos muestran distintas formas de separar el culto de la actividad económica. México incluye un umbral explícito para algunos ingresos comerciales, Chile aplica las reglas generales a las rentas gravadas y Brasil parte de una inmunidad constitucional vinculada a fines esenciales.

Los tres modelos también muestran que no basta con preguntar si una entidad es religiosa. Importa qué actividad realiza, quién recibe el servicio, cómo se usan los recursos y si existe una operación comercial regular o con ánimo de lucro.

Para Colombia, el reto sería redactar reglas claras que eviten tratar de la misma manera una donación para el culto y las ganancias de un negocio abierto al público. También habría que establecer criterios verificables para que la DIAN determine cuándo corresponde gravar una actividad y cómo separar sus cuentas de los ingresos religiosos.

El debate tiene posiciones encontradas. Quienes apoyan la proposición invocan la equidad tributaria para los negocios comerciales, mientras algunos críticos sostienen que nuevos impuestos podrían reducir los recursos de las iglesias para su trabajo comunitario y social.

También se ha pronunciado sobre el tema el senador Walter Rodríguez, conocido como Wally, con un planteamiento propio para que las iglesias contribuyan. Su propuesta es distinta de la proposición de Mauricio Toro, aunque ambas se han discutido en el contexto de la misma reforma fiscal.

En esta etapa, la propuesta de Toro no es una norma vigente. Para convertirse en ley tendría que ser incorporada, discutida y aprobada durante el trámite legislativo correspondiente.

La comparación regional permite afirmar que sí hay precedentes para gravar ciertos ingresos comerciales de organizaciones religiosas, sin aplicar necesariamente el mismo tratamiento a las donaciones o al culto. Pero cada país establece sus propios límites, exenciones y condiciones.

El punto central del debate colombiano será, por tanto, cómo definir las actividades comerciales alcanzadas y cómo proteger las actividades propiamente religiosas. La experiencia de México y Chile ofrece referencias para esa distinción, mientras que Brasil muestra un modelo constitucional diferente.

La idea de gravar negocios vinculados a iglesias no es excepcional en Latinoamérica. México y Chile tienen reglas que pueden someter ciertas actividades comerciales a impuestos; la proposición de Toro busca llevar una lógica semejante al debate colombiano, pero aún debe definirse y aprobarse en el Congreso.

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