La representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada está bajo escrutinio por presuntas irregularidades en documentos académicos y profesionales. Las denuncias conocidas incluyen un diploma de ingeniería, una tarjeta profesional, certificados laborales y un título de bachiller.
El primer cuestionamiento público de gran alcance se centró en un diploma que la acreditaría como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional. El documento indicaba que se había graduado el 16 de noviembre de 2021.
La Universidad Nacional informó que no encontró registro de que Estrada hubiera estudiado o se hubiera graduado de ese programa. También comunicó que la copia del registro del diploma presentada para verificar sus credenciales no fue expedida por la institución.
La verificación se originó en una consulta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), entidad que revisa requisitos para autorizar el ejercicio profesional de la ingeniería. Tras conocer que la universidad no reconocía el diploma, COPNIA negó la matrícula profesional solicitada por Estrada.
COPNIA también anunció que denunciaría ante la Fiscalía el presunto uso de un documento profesional que, según la entidad, no había expedido. La posible falsedad de la tarjeta profesional se sumó así a los cuestionamientos sobre el diploma universitario.
La Universidad Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía por la presunta falsedad del diploma. Su secretario general explicó que la institución activó el procedimiento jurídico luego de revisar sus registros y no encontrar a Estrada entre sus estudiantes o egresados.
El caso se amplió cuando aparecieron documentos atribuidos a la Universidad de Antioquia. Según publicaciones periodísticas, Estrada habría afirmado que cursó Ingeniería de Minas en esa institución, pero el pregrado con ese nombre no existiría allí; también se cuestionó la autenticidad de una tarjeta profesional y de documentos de experiencia laboral.
Otro frente de la controversia es su supuesto título de bachiller. El diploma que circula a su nombre señala que se graduó en 2017 de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta, Antioquia, como bachiller de media técnica con especialidad en Comercio.
Las directivas del colegio afirmaron que revisaron sus libros de registro y actas de evaluación, pero no encontraron evidencia de que Estrada hubiera culminado allí la educación media. El plantel dijo que el diploma y el acta atribuidos a la institución no corresponden a sus archivos y los calificó de falsos e ilegales.
Según los registros escolares citados por los medios, Estrada figuraba en 2017 como estudiante de octavo grado y repitente. La secretaria del colegio también afirmó que la firma que aparece en el acta de grado no es suya.
Caracol Radio comparó el supuesto diploma con el acta oficial de graduación correspondiente a ese año. En el acta figuran 14 estudiantes, pero el nombre de Estrada no aparece entre quienes recibieron el título.
El colegio informó que puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y de la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, los reportes consultados no precisan si presentó una denuncia penal independiente, además de esa comunicación.
La Fiscalía ha informado que existen tres indagaciones por presunta falsedad en documento público relacionadas con Estrada. La apertura de una indagación permite que las autoridades revisen los hechos, pero no significa que haya una condena ni que la responsabilidad de la representante esté establecida.
La Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria por los cuestionamientos sobre sus credenciales. A la vez, se presentaron denuncias ante distintas instancias, entre ellas la Corte Suprema, la Fiscalía, la Contraloría y la Comisión de Ética de la Cámara.
Entre quienes presentaron denuncias hay legisladores y particulares. La senadora Jennifer Pedraza y otros congresistas llevaron el caso ante varias autoridades; también se reportó una denuncia de la Red de Veedurías.
Las denuncias buscan que se determine si los documentos fueron falsificados o utilizados para acreditar estudios, obtener una matrícula profesional o respaldar contratos. Entre los asuntos señalados por los denunciantes está un contrato con la DIAN; corresponde a las autoridades verificar qué documentos se presentaron y si tuvieron incidencia en la contratación.
La controversia tiene consecuencias dentro de su partido. El Pacto Histórico le pidió a Estrada que renuncie a su curul para concentrarse en su defensa ante las autoridades y las instancias partidistas.
La colectividad convocó a su Comisión Nacional de Ética para revisar el caso y, al anunciar la solicitud de renuncia, dijo que debían respetarse la presunción de inocencia y el debido proceso. La petición del partido es una decisión política y no reemplaza las investigaciones oficiales.
Por ahora, las instituciones educativas y COPNIA han desconocido documentos concretos que se les atribuyen, mientras Fiscalía y Procuraduría revisan los hechos. La autenticidad de los documentos y el posible uso que se les haya dado son asuntos que deben resolverse en esas actuaciones.
El caso comprende, entonces, más que una duda sobre un diploma universitario: también hay cuestionamientos al título de bachiller, a una tarjeta profesional y a documentos laborales. Estrada deberá someterse también al escrutinio del comité de ética de su partido, el cual también debe revisar su proceso de otorgamiento de avales.






