El cambio de Gobierno también empieza a reflejarse en una de las decisiones más importantes de la política de defensa de los últimos años: la adquisición de 17 aviones de combate Gripen a Suecia. La administración de Abelardo de la Espriella no plantea, al menos por ahora, reversar la compra, pero sí pretende revisar las condiciones bajo las cuales fue acordada.
La diferencia con el gobierno anterior está, precisamente, en el enfoque. Mientras la administración de Gustavo Petro defendió el negocio con Saab frente a los cuestionamientos que surgieron por el precio, el nuevo Ejecutivo pretende sentarse con Suecia para buscar un reajuste de las condiciones económicas y de las contraprestaciones para Colombia.
El contrato compromete alrededor de $16,5 billones y contempla la adquisición de los 17 aviones. Aunque el Gobierno de De la Espriella reconoce que los Gripen son aeronaves de calidad y mantiene la decisión de recibirlos y ponerlos en funcionamiento para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, espera negociar el acuerdo.
Por eso, el viraje no consiste en abandonar la compra, sino en reabrir políticamente la discusión sobre sus condiciones. La nueva administración quiere determinar si Colombia puede obtener mejores términos de Suecia después de que el contrato ya fue suscrito.
Uno de los argumentos que aparece en los análisis del nuevo Gobierno son los cuestionamientos que surgieron al comparar el precio pagado por Colombia con una operación realizada posteriormente por Tailandia. Según han indicado varios medios, se habla de unos US$215 millones por aeronave para Colombia, frente a aproximadamente US$138 millones en el caso tailandés.
Sin embargo, hay una precisión fundamental: esa diferencia no demuestra por sí misma que haya existido un sobrecosto. El Gobierno de Petro rechazó en su momento esa interpretación y Saab también hizo precisiones sobre las diferencias entre ambos negocios. Además, el contrato estuvo bajo vigilancia de la Contraloría.
Lo que cambia ahora es que una discusión que durante el Gobierno Petro fue defendida desde Bogotá pasa a ser utilizada por la nueva administración como argumento para negociar mejores condiciones con Estocolmo. Bogotá pretende que Suecia revise variables relacionadas con el precio y con los beneficios que recibiría Colombia.
El margen de maniobra, no obstante, tiene límites. De acuerdo con reportes de varios medios, el negocio compromete al Estado colombiano y supone obligaciones financieras que hacen poco probable una ruptura unilateral. El objetivo sería, por tanto, renegociar o ajustar, no simplemente cancelar.
El cambio también tiene una dimensión diplomática. Suecia fue un socio estratégico del gobierno anterior en esta operación y una delegación de ese país estuvo en Cali el 7 de agosto, durante la posesión de De la Espriella. Ahora Bogotá deberá plantearle a Estocolmo una revisión de un acuerdo que ya fue firmado.
Pero el viraje es todavía más evidente cuando aparece Estados Unidos en la ecuación. Washington respalda la postura del nuevo Gobierno y el Departamento de Justicia estadounidense estaría recopilando información sobre cómo se realizó el negocio de los Gripen.
El interés estadounidense estaría relacionado con el hecho de que la operación fue realizada en dólares y con que determinados componentes de los aviones son fabricados en Estados Unidos. Según las fuentes citadas por el medio, esto abriría un margen de investigación sobre eventuales irregularidades o desvíos de piezas.
Ese acercamiento no surgió después de la posesión. En noviembre de 2025, cuando todavía era candidato, De la Espriella había solicitado a la administración de Donald Trump que vigilara el negocio de los Gripen por los cuestionamientos sobre sus costos. Esa posición previa ayuda a explicar por qué su Gobierno ahora mira hacia Washington como un eventual respaldo para la revisión del acuerdo.
El contraste político con el Gobierno Petro es evidente. La anterior administración convirtió la selección del Gripen en una decisión estratégica para renovar la flota de combate de la Fuerza Aérea, mientras que la nueva administración conserva la compra, pero pone el énfasis en auditar, revisar y renegociar sus condiciones.
No obstante, también hay una continuidad importante: ambos gobiernos consideran necesaria la modernización de la capacidad aérea de Colombia. La diferencia está en la forma de abordar el contrato y, sobre todo, en las relaciones internacionales que acompañan la política de defensa.
Esa diferencia queda todavía más clara con el segundo anuncio que aparece en la información: el Gobierno de De la Espriella estudia adquirir seis helicópteros Black Hawk de Estados Unidos para la Policía. La operación se presenta como una respuesta a las necesidades operativas derivadas del fortalecimiento de los despliegues contra la delincuencia.
La eventual compra de los Black Hawk representa, por tanto, un nuevo elemento en el mapa de cooperación militar y policial. Mientras la relación con Suecia queda marcada por la revisión del contrato de los Gripen, Estados Unidos aparece como proveedor y como posible aliado en la evaluación del negocio.
El momento también es significativo porque la Fuerza Pública enfrenta problemas de disponibilidad de aeronaves. Una parte importante de la flota permanece fuera de operación por falta de mantenimiento y recursos, de manera que los nuevos helicópteros buscarían reforzar una capacidad que actualmente presenta limitaciones.
La discusión sobre los Gripen, entonces, no puede separarse de la política de seguridad del nuevo Gobierno. De la Espriella busca fortalecer la capacidad aérea mientras endurece su estrategia contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. La renovación de equipos aparece como una pieza de esa estrategia.
Pero también abre un interrogante fiscal y político: ¿cuánto costará mantener y operar los nuevos sistemas de armas? La compra de los aviones no constituye el único gasto. Entrenamiento, mantenimiento, repuestos, infraestructura, armamento y operación determinarán durante años el costo real de la modernización de la Fuerza Aérea.
El Gobierno tendrá además que demostrar que la revisión anunciada puede producir resultados concretos. Si consigue mejores condiciones para Colombia, podrá presentar la negociación como una corrección de un negocio cuestionado. Si no obtiene cambios significativos, tendrá que explicar por qué decidió reabrir una discusión que finalmente no produjo modificaciones sustanciales.
En el fondo, el caso de los Gripen se convierte en una expresión del viraje político de la administración De la Espriella: no rompe con la decisión de modernizar la Fuerza Aérea, pero sí cambia la relación con el contrato heredado del Gobierno Petro y busca apoyarse más abiertamente en Estados Unidos.
La paradoja es que el nuevo Gobierno mantiene una compra que en su momento cuestionó, pero pretende obtener de ella mejores condiciones. Al mismo tiempo, profundiza la cooperación con Washington mediante los Black Hawk y el eventual respaldo estadounidense a la revisión del negocio.
Así, el debate ya no es solamente si Colombia necesitaba los Gripen. La discusión que abre el nuevo Gobierno es si los 17 aviones fueron negociados en las mejores condiciones posibles para el país y si todavía existe margen para modificarlas. Esa será una de las primeras pruebas de la política de defensa y de la nueva orientación diplomática de la administración De la Espriella.
