El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio abre un debate que va más allá del beneficio tributario para quienes están sujetos al gravamen: la discusión central está en cuánto dejará de recibir el Estado y cómo reemplazará esos recursos. El mandatario anunció que la eliminación hará parte de una reforma tributaria estructural que buscará simplificar el sistema y estimular la inversión, la producción y el empleo.
El impuesto al patrimonio constituye una fuente de ingresos para las finanzas públicas y está dirigido principalmente a contribuyentes con niveles elevados de riqueza. Por eso, su eliminación no tendría el mismo efecto distributivo que reducir un impuesto generalizado: el beneficio se concentraría en quienes actualmente cumplen las condiciones para pagarlo.
Una estimación citada durante el debate tributario proyectaba para 2026 un recaudo de $2,26 billones por las modificaciones al impuesto al patrimonio para personas naturales. Esa cifra permite dimensionar uno de los posibles huecos que tendría que cubrir el Estado si se elimina ese componente del tributo.
Sin embargo, no todo el impuesto al patrimonio puede resumirse en una sola cifra. En 2026 también existe un gravamen extraordinario para determinadas personas jurídicas de alto patrimonio, creado en el contexto de las medidas de emergencia. Por eso, el impacto definitivo dependerá de qué impuestos o componentes decida eliminar la reforma anunciada por el Gobierno.
La diferencia es importante porque el impuesto extraordinario a las empresas fue concebido como una fuente de financiación para atender necesidades fiscales asociadas a la emergencia. La eventual eliminación o no cobro de esos recursos tendría, por tanto, una consecuencia adicional: reduciría la disponibilidad presupuestal precisamente cuando el Estado enfrenta mayores necesidades de gasto.
El problema aparece con mayor claridad en el contexto de la emergencia provocada por el terremoto. El Gobierno debe financiar atención a las víctimas, reconstrucción de viviendas, infraestructura, servicios públicos y recuperación económica, mientras simultáneamente ha planteado una política de reducción del gasto. La reconstrucción ya está poniendo presión sobre la promesa oficial de reducir el gasto público en $20 billones.
En ese escenario, cada fuente de ingreso que desaparezca obliga a buscar una alternativa. Si el Estado deja de recibir recursos por patrimonio, tendrá que decidir si reduce otras partidas presupuestales, utiliza recursos acumulados, incrementa el endeudamiento o consigue ingresos adicionales mediante otros impuestos.
La primera alternativa sería el recorte del gasto. Pero esta opción tiene límites, especialmente cuando buena parte del presupuesto corresponde a obligaciones difíciles de reducir en el corto plazo, como funcionamiento del Estado, transferencias, pensiones, salud, educación, seguridad y servicio de la deuda.
La segunda posibilidad es aumentar el endeudamiento público. Esto permite mantener el gasto en el corto plazo, pero convierte el faltante tributario en una obligación futura. El Estado tendría que pagar posteriormente capital e intereses, lo que puede reducir el espacio fiscal de próximos gobiernos.
La tercera alternativa sería compensar la eliminación con otros impuestos. Aquí aparece uno de los principales interrogantes de la propuesta: si se elimina un tributo que concentra la carga sobre grandes patrimonios, ¿qué impuesto lo reemplazará y quién terminará asumiendo ese esfuerzo?
El Gobierno sostiene que eliminar el impuesto puede contribuir a generar un ambiente más favorable para la inversión. La tesis es que gravar el patrimonio puede desincentivar la acumulación de capital y que una menor carga tributaria podría incentivar inversión, producción y empleo. Esa es precisamente una de las razones expuestas por De la Espriella para impulsar la reforma.
Pero ese beneficio esperado debe contrastarse con el costo fiscal inmediato. El Estado pierde un ingreso cierto mientras que el eventual aumento de inversión y actividad económica es una expectativa que dependerá de múltiples factores: confianza empresarial, seguridad jurídica, tasas de interés, demanda interna, condiciones internacionales y estabilidad macroeconómica.
También existe un debate sobre la progresividad del sistema tributario. El impuesto al patrimonio permite que una parte del financiamiento estatal provenga directamente de quienes concentran mayores niveles de riqueza. Si se elimina sin crear un mecanismo equivalente, el sistema podría perder una fuente de tributación dirigida a ese segmento.
La decisión adquiere todavía mayor importancia porque el Gobierno de De la Espriella ha planteado simultáneamente reducir impuestos y disminuir el gasto público. Esa combinación puede funcionar si el crecimiento económico genera suficientes ingresos adicionales o si los recortes compensan la pérdida tributaria, pero se vuelve más compleja cuando aparece una emergencia que demanda recursos extraordinarios.
Además, la eliminación no ocurre automáticamente por decisión presidencial. El Gobierno anunció una reforma tributaria que deberá ser discutida y aprobada por el Congreso. De hecho, la eliminación del impuesto aparece entre los proyectos que pondrán a prueba las mayorías legislativas de la nueva administración.
El debate, por tanto, no debería limitarse a cuánto dejarán de pagar los contribuyentes. La pregunta fiscal fundamental es cuánto dejará de recibir la Nación y de qué manera será reemplazado ese dinero. Si no existe una fuente alternativa, el costo terminará reflejándose en menor gasto, mayor deuda o un déficit fiscal más elevado.
En un país que acaba de enfrentar una emergencia de grandes dimensiones, el interrogante es todavía más sensible. Colombia necesita recursos para responder a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas, al tiempo que enfrenta restricciones fiscales. Eliminar una fuente de ingresos puede ser compatible con una estrategia de crecimiento si la reforma logra generar suficiente actividad económica, pero en el corto plazo el Estado debe asumir el faltante.
Por eso, la discusión sobre el impuesto al patrimonio termina convirtiéndose en una discusión sobre las prioridades del nuevo Gobierno: ¿menos impuestos para estimular la inversión o más ingresos para garantizar capacidad de gasto estatal? La respuesta determinará quién absorbe finalmente el costo de la decisión.
En última instancia, el éxito de la medida dependerá de si el Gobierno consigue demostrar que los beneficios económicos derivados de una menor carga tributaria compensarán los recursos que dejará de recibir el Estado. Mientras eso ocurre, existe un hecho concreto: el dinero que no ingrese por el impuesto tendrá que ser reemplazado o dejará de estar disponible para financiar las obligaciones de la Nación.
La decisión, además, tendrá que analizarse en función de la situación fiscal que encuentre el Gobierno y de las nuevas necesidades generadas por el terremoto. La combinación de menor recaudo, emergencia nacional y promesa de reducción del gasto convierte la eliminación del impuesto al patrimonio en uno de los primeros grandes desafíos de la política económica de De la Espriella.
