La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó el miércoles 25 de junio las declaraciones del concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, quien sugirió que se deberían dirigir “ataques y bombardeos” contra los territorios en los que el candidato presidencial Iván Cepeda Castro obtuvo votaciones superiores al 80 % durante la segunda vuelta presidencial. La Defensoría calificó estas expresiones como incompatibles con los principios del Estado social y democrático de derecho.
La polémica surgió luego de una intervención realizada por Rodríguez durante una sesión del Concejo de Medellín, en la que afirmó que, si existían mesas de votación con porcentajes superiores al 80 % a favor de Cepeda, “los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas”, al considerar que allí operarían grupos armados ilegales. Sus declaraciones provocaron una oleada de críticas desde distintos sectores políticos e institucionales.
En un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo sostuvo que ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a la violencia dirigidos contra comunidades enteras ni la estigmatización de poblaciones por la manera en que ejercieron su derecho al voto. La entidad recordó que la participación política constituye una garantía fundamental protegida por la Constitución.
La defensora Iris Marín advirtió que señalar territorios como objetivos militares debido a sus preferencias electorales constituye un discurso contrario a los derechos humanos y representa un riesgo directo para la vida, la integridad y la seguridad de millones de personas que habitan en esas regiones.
Como primera medida, la Defensoría solicitó formalmente a Andrés Felipe Rodríguez que realice una retractación pública de sus afirmaciones. La entidad argumentó que, debido a su condición de servidor público y representante de elección popular, el concejal está obligado a observar estándares reforzados de responsabilidad, veracidad y respeto por los derechos fundamentales.
La Defensoría también remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si las declaraciones del cabildante podrían constituir conductas punibles relacionadas con la incitación a la violencia, la discriminación o la estigmatización de poblaciones civiles. La entidad señaló que corresponde al ente investigador establecer eventuales responsabilidades penales.
En su pronunciamiento, la Defensoría enfatizó que las autoridades públicas no pueden utilizar su investidura para asociar decisiones electorales con criminalidad o para promover acciones violentas contra territorios y comunidades. Agregó que este tipo de discursos profundizan la polarización y deterioran las garantías democráticas.
Las declaraciones de “El Gury” generaron especial rechazo en municipios de Antioquia que fueron mencionados dentro de la discusión sobre los resultados electorales. El Concejo Municipal de Campamento, por ejemplo, exigió al concejal ofrecer disculpas públicas y calificó sus afirmaciones como una forma de estigmatización y una incitación a la violencia contra la población civil.
Por su parte, Iván Cepeda rechazó las afirmaciones que relacionan los resultados electorales con supuestos mecanismos de coerción armada y aseguró que cualquier denuncia sobre irregularidades debe sustentarse en pruebas concretas y no en generalizaciones sobre regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. El dirigente calificó estas acusaciones como peligrosas e irresponsables.
El pronunciamiento de Iris Marín se suma a otros llamados institucionales que, tras las elecciones presidenciales, han insistido en la necesidad de reducir la estigmatización política y proteger el pluralismo democrático. La Defensoría reiteró que el respeto a las decisiones electorales y a la dignidad de las comunidades constituye un requisito indispensable para preservar la convivencia democrática y evitar la escalada de discursos de odio y violencia política en el país.
