La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, envió al presidente electo Abelardo de la Espriella una carta en la que advierte sobre posibles riesgos para los derechos humanos asociados con varias de las decisiones anunciadas por su futuro Gobierno. El documento, fechado el 31 de julio, plantea recomendaciones antes de la posesión del nuevo mandatario, prevista para el 7 de agosto.
La comunicación parte de una disposición de colaboración institucional. Marín señala que la Defensoría trabajará con el nuevo Gobierno desde su independencia y autonomía constitucional, pero recuerda que su misión incluye promover y divulgar los derechos humanos, advertir escenarios de riesgo y formular recomendaciones a las autoridades.
La defensora explica que las observaciones surgen de anuncios realizados tanto por De la Espriella como por integrantes de su equipo designado. Aunque reconoce que el presidente tiene facultades para definir las políticas y la organización de su administración, advierte que algunas propuestas podrían generar riesgos adicionales en un contexto que considera crítico en materia de derechos humanos.
El primer bloque de preocupaciones está relacionado con la libertad de expresión, la prensa, la oposición política y la protesta social. La Defensoría recuerda que los medios y periodistas están amparados por la libertad de expresión y que, aunque el Gobierno puede controvertir públicamente informaciones, no le corresponde determinar quién puede ser considerado periodista.
La entidad hace referencia específica a una declaración de De la Espriella en la que estableció una diferencia entre periodistas y “activistas”. Para la Defensoría, el presidente debe proteger a todas las personas que ejercen el periodismo, incluidas aquellas que mantienen posiciones críticas o adversas frente al Gobierno.
La carta también aborda la protesta social y el anuncio del equipo del presidente electo de derogar el Decreto 003 de 2021 y regresar al modelo del antiguo ESMAD para responder a situaciones de disturbios. Marín recuerda que el decreto vigente fue expedido en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia y después de una mesa de trabajo con participación ciudadana y de entidades estatales.
Por esa razón, la defensora pide que cualquier modificación a las reglas para responder a las protestas tenga en cuenta las directrices establecidas por la Corte Suprema. También recomienda preservar los avances alcanzados y ofrece al nuevo Gobierno el trabajo del Observatorio de Conflictividad Social y la capacidad de mediación de la Defensoría.
La oposición política constituye otro de los asuntos señalados. La Defensoría afirma que durante la campaña monitoreó episodios de polarización extrema, violencia simbólica, estigmatización y difamación, y recuerda que, una vez elegido, De la Espriella tiene el deber de garantizar los derechos de todas las personas, incluidos sus opositores.
En ese punto, Marín cuestiona una publicación del portal Defensores de la Patria en la que se hablaba de garantías para la oposición, pero también se advertía al senador Iván Cepeda sobre la posibilidad de estimular la violencia y sembrar terror. Según la defensora, esa asociación puede resultar infundada y contribuir a estigmatizar a la oposición política.
El segundo capítulo está relacionado con los nombramientos que hará el nuevo Gobierno, especialmente con la dirección de la Unidad Nacional de Protección. La Defensoría manifiesta preocupación por publicaciones anteriores atribuidas al funcionario designado, en las que habría utilizado expresiones ofensivas o estigmatizantes contra medios, periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición.
Marín enfatiza que la UNP tiene entre sus responsabilidades proteger a defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, integrantes de la oposición y firmantes del Acuerdo de Paz. Por ello, solicita que quien esté al frente de la entidad ofrezca garantías de imparcialidad y que la protección se determine de acuerdo con el nivel de riesgo, sin discriminación.
La implementación del Acuerdo de Paz constituye el tercer gran motivo de preocupación. La Defensoría señala que De la Espriella ha anunciado una reestructuración de la Presidencia que eliminaría la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y otras instancias relacionadas con la implementación del Acuerdo Final.
Marín reconoce la facultad del nuevo presidente para reorganizar la administración, pero advierte que no debería desacelerarse o suspenderse la implementación del Acuerdo. La carta recuerda que el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció su cumplimiento integral y de buena fe como una obligación constitucional para las autoridades.
La Defensoría también pide evaluar las consecuencias prácticas y simbólicas de eliminar la Consejería de Derechos Humanos, que, según el documento, existe desde finales de la década de 1980. La entidad considera necesaria una instancia de nivel presidencial que coordine políticas de prevención del reclutamiento y la violencia contra niños y adolescentes y movilice el Sistema Nacional de Derechos Humanos.
El cuarto asunto está relacionado con los pueblos indígenas. La carta menciona información según la cual el nuevo Gobierno tendría la intención de derogar los decretos que dieron origen a las Entidades Territoriales Indígenas. La defensora sostiene que estas entidades materializan derechos constitucionales relacionados con la autonomía, el gobierno propio y la administración de recursos, y pide evitar decisiones regresivas.
La política de erradicación de cultivos ilícitos y la explotación de recursos naturales conforman otro de los puntos centrales. La Defensoría cita el anuncio de retomar la fumigación aérea mediante bioherbicidas y las propuestas relacionadas con reformas al licenciamiento ambiental, la consulta previa y el fracking.
Ante estas iniciativas, Marín solicita que se respeten los derechos de las comunidades étnicas y la protección de la naturaleza. También recuerda que los procesos de participación y consulta previa son obligatorios cuando estén comprometidos los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y pide informar qué sustancias se utilizarían en eventuales operaciones de aspersión aérea.
La educación pluralista es otro de los temas incluidos en la carta. La Defensoría cuestiona los antecedentes de la ministra designada en asuntos relacionados con educación sexual y adopción por parejas del mismo sexo y recuerda que el sistema educativo debe promover los derechos humanos, la paz y la democracia, además de prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
La defensora pide que las convicciones religiosas personales de quienes dirijan la política educativa no obstaculicen los derechos de los estudiantes. También reclama garantías para niñas, adolescentes, personas LGBTIQ+, grupos étnicos y otros sectores discriminados, y menciona expresamente la obligación de proteger la diversidad en los entornos educativos.
Finalmente, la Defensoría aborda la situación de los colombianos en el exterior. Según la carta, durante 2025 la entidad acompañó la recepción de 48 vuelos de deportación que trasladaron a Colombia a 5.121 personas, principalmente desde Estados Unidos, y documentó casos de posibles vulneraciones al debido proceso, malos tratos, pérdida de pertenencias y hechos de violencia.
La carta termina con una oferta de diálogo institucional, pero también con una advertencia sobre la necesidad de prevenir retrocesos en derechos humanos. Marín propone instalar durante los primeros días del nuevo mandato un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia, los ministerios y la Defensoría para revisar las decisiones cuestionadas, formular recomendaciones y establecer mecanismos de seguimiento.
