La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia abrió un nuevo frente en el departamento del Chocó: las dificultades de acceso a comunidades afectadas por el control territorial de grupos armados. En Quibdó, la situación llevó a la Defensoría del Pueblo a plantear una tregua humanitaria para facilitar la atención de los damnificados y la entrega de ayudas.
La propuesta fue formulada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien pidió a los grupos armados que operan en el departamento permitir el ingreso de las instituciones y de la asistencia humanitaria sin restricciones. El planteamiento surgió en medio de las dificultades reportadas para atender a comunidades afectadas por el sismo.
Estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y bandas criminales ejercen control social y territorial en diferentes zonas. Esa situación, está afectando la atención de las personas damnificadas por el terremoto.
La Defensoría del Pueblo territorial en Chocó ha logrado ingresar con ayuda a algunos barrios, pero la disputa territorial entre los grupos armados también se mantiene durante la emergencia. El problema, por tanto, no se limita a la disponibilidad de alimentos, medicamentos o equipos, sino a las condiciones de seguridad para que estos puedan llegar a determinados sectores.
Marín planteó que el objetivo de una eventual tregua debe ser estrictamente humanitario: garantizar que las personas puedan recibir atención y que las instituciones puedan ingresar sin restricciones. La solicitud no fue presentada como un acuerdo político con las organizaciones armadas, sino como un llamado para aliviar las condiciones de la población afectada.
La defensora recordó además que el Chocó enfrenta desde antes de la emergencia situaciones de confinamiento en distintas regiones. Según explicó, existen comunidades donde las restricciones al movimiento y el ingreso de las autoridades son prácticamente permanentes, lo que vuelve todavía más compleja la respuesta frente a un desastre natural.
En ese contexto, la petición de Marín busca que los actores armados prioricen temporalmente las necesidades de las comunidades afectadas. La funcionaria pidió que se permita el ingreso de quienes deben prestar asistencia y que se ponga en primer lugar el bienestar de la población y el alivio de su sufrimiento.
La propuesta llegó al Gobierno nacional y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó la necesidad de que las organizaciones armadas faciliten el acceso de las ayudas. El funcionario hizo un llamado a sus integrantes para que adopten un comportamiento humanitario frente a las víctimas.
Lara sostuvo que incluso quienes hacen parte de organizaciones armadas pueden tener un gesto humanitario frente a la población. Aunque en un tono desafiante indicó: “Hasta los más bandidos pueden tener gestos humanitarios”.
El ministro pidió a los integrantes de esas estructuras mostrar consideración por las comunidades que han sufrido las consecuencias del terremoto y facilitar el traslado de las ayudas. Su argumento es que el Estado y el sector privado buscan movilizar recursos para atender a los afectados, pero las condiciones de seguridad pueden dificultar esa operación.
Lara también cuestionó que, mientras se intenta llevar asistencia a las comunidades, persistan actividades atribuidas a esas organizaciones. En particular, mencionó el uso de drones y la minería ilegal como factores que, según su declaración, complican las condiciones para desarrollar la respuesta humanitaria.
El llamado del ministro no es como tal un nuevo proceso de negociación ni como un cese al fuego. Se trata de una solicitud para que los grupos armados permitan el paso de la asistencia y faciliten la atención de las personas que quedaron afectadas por la emergencia.
La situación vuelve a poner en evidencia una de las particularidades de la emergencia en Chocó: la respuesta humanitaria se desarrolla en territorios donde existen restricciones de movilidad y disputas por el control territorial. En esos lugares, incluso cuando existen recursos y personal disponible, llegar hasta las comunidades puede convertirse en un desafío adicional.
Para la Defensoría, la prioridad inmediata es evitar que esas condiciones terminen profundizando el sufrimiento de las víctimas. Una tregua humanitaria permitiría, en los términos planteados por Marín, que las instituciones puedan ingresar y que las comunidades reciban atención sin que la disputa entre los grupos armados se convierta en una barrera adicional.
El planteamiento adquiere especial relevancia mientras continúan las labores de atención en el departamento. La emergencia sísmica no solo dejó daños materiales y víctimas: también expuso las dificultades que enfrenta el Estado para llegar a determinados territorios, donde la presencia y el control de estructuras armadas condicionan la movilidad de las instituciones.
La Defensoría y el Ministerio del Interior coinciden, al menos en este punto, en que la población civil debe quedar al margen de las disputas armadas durante la emergencia. La propuesta de Iris Marín busca abrir ese espacio humanitario, mientras Rodrigo Lara reclama que las organizaciones permitan que el Estado y los particulares puedan llevar las ayudas.
El reto ahora es que ese llamado se traduzca en condiciones efectivas de acceso para las comunidades que permanecen con necesidades. En un departamento que ya enfrenta dificultades históricas de conectividad y presencia institucional, cualquier restricción adicional puede retrasar la llegada de alimentos, medicamentos, personal médico y otros elementos necesarios para superar la emergencia.
La propuesta también plantea una discusión más amplia sobre la respuesta a desastres en territorios afectados por el conflicto armado. La atención de una catástrofe requiere no solo capacidad logística, sino garantías para que rescatistas, médicos, funcionarios y organizaciones humanitarias puedan desplazarse hasta las zonas donde se encuentran las víctimas.
Mientras continúan las labores de atención tras el terremoto, la petición de Iris Marín y la respuesta de Rodrigo Lara ponen sobre la mesa una condición particular de la emergencia en Chocó: para que la ayuda llegue, también se necesita que quienes ejercen control armado sobre los territorios permitan el paso.
