El pasado 12 de julio, Rosa Mayerly Olaya fue asesinada en su lugar de trabajo, un almacén Homecenter en Soacha, presuntamente por un hombre que la acosó durante varios meses después de que ella rechazara mantener una relación sentimental con él. El crimen conmocionó al país por haber ocurrido en un espacio público, frente a otras personas y pese a que existían antecedentes de hostigamiento.
Según la Fiscalía, el presunto agresor es Óscar Giovanny Marulanda, quien fue capturado en flagrancia tras el ataque y posteriormente enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso por el delito de feminicidio agravado. De acuerdo con las autoridades, el procesado no aceptó los cargos.
La investigación indica que el acoso no comenzó el día del crimen. La Fiscalía sostiene que Marulanda persiguió a Rosa Mayerly durante más de cinco meses, la buscaba en su vivienda, en su lugar de trabajo e incluso acudía a la residencia de su expareja con el propósito de intimidarla.
Ante esa situación, la víctima solicitó en dos oportunidades acompañamiento policial debido al temor que le generaba el comportamiento del hombre. Esos antecedentes se convirtieron en uno de los aspectos más relevantes del caso, pues reabrieron el debate sobre la eficacia de las medidas de protección para mujeres que denuncian violencia y acoso antes de que ocurra un feminicidio.
Rosa Mayerly era madre de un niño de 11 años. Había llegado desde el Tolima a Soacha con la expectativa de encontrar mejores oportunidades laborales y, según familiares y publicaciones en sus redes sociales, su hijo ocupaba un lugar central en su proyecto de vida. Su muerte dejó al menor como una de las múltiples víctimas indirectas de la violencia de género.
El caso volvió a traer al debate, a otros feminicidios ocurridos en establecimientos comerciales o espacios públicos, donde los agresores atacaron a sus víctimas pese a la presencia de decenas de personas. Para organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, estos hechos evidencian patrones repetitivos que no han sido suficientemente prevenidos por las instituciones.
Las cifras también han alimentado la preocupación. La Defensoría del Pueblo ha registrado 171 feminicidios en Colombia hasta abril de 2026, un panorama que mantiene el problema de la violencia basada en género como uno de los principales desafíos para las autoridades.
Otro de los aspectos que volvió al centro del debate es la situación de los hijos de las víctimas. El artículo señala que el Congreso aprobó una ley destinada a brindar apoyo económico y psicosocial a niños y adolescentes que pierden a sus madres por feminicidio, pero la implementación de esas medidas permanece en incertidumbre por los cambios institucionales relacionados con el Ministerio de Igualdad.
Ese escenario ha abierto interrogantes sobre la responsabilidad que tendrá el próximo gobierno en la ejecución de esas políticas públicas. Hasta el momento, no se conoce una posición pública del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la implementación de dichas medidas de apoyo para las víctimas indirectas de feminicidio.
El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya volvió a poner sobre la mesa una preocupación recurrente: que muchas mujeres denuncian amenazas, persecuciones o actos de hostigamiento antes de ser asesinadas. El caso se ha convertido en un nuevo llamado a revisar la capacidad de respuesta institucional frente a las alertas tempranas y a fortalecer los mecanismos de prevención para evitar que el acoso escale hasta convertirse en violencia letal.
