La disputa por el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entró en una nueva fase durante el primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Lo que oficialmente se presenta como una discusión sobre eficiencia y prioridades fiscales también ocurre en el marco de una promesa de campaña: desmontar la justicia transicional creada después del Acuerdo de Paz.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla un recorte al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hacen parte la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La discusión llegó al Congreso en medio de una ofensiva política contra la permanencia y las funciones de la jurisdicción.
El ajuste inicialmente planteado para la JEP tomó una dimensión mayor durante el trámite presupuestal. Según el reporte de CAMBIO, la discusión terminó involucrando una reducción de hasta $170.000 millones para el sistema, con una propuesta de destinar $100.000 millones a la justicia ordinaria y otros $70.000 millones al sector deporte.
El Gobierno sostiene que la decisión tiene una explicación económica: los recursos deben concentrarse en necesidades consideradas prioritarias y la justicia ordinaria enfrenta un déficit de financiación de varios billones de pesos. El argumento oficial, por tanto, no es que el presupuesto de la JEP deba reducirse simplemente por razones ideológicas, sino que sus recursos pueden ser utilizados en otros frentes de la administración de justicia.
Pero la proporción de las cifras introduce una pregunta que va más allá de la contabilidad. El déficit de la Rama Judicial ha sido calculado en alrededor de $6 billones, de modo que los $100.000 millones que se propone trasladar representarían aproximadamente el 1,7 % de esa necesidad. Incluso si se tomaran los $170.000 millones completos, equivaldrían a cerca del 2,8 %. CAMBIO destacó precisamente que el traslado propuesto tendría un impacto reducido frente al tamaño del déficit judicial.
Esto no significa que la justicia ordinaria no necesite esos recursos. Significa que existe una diferencia considerable entre justificar el recorte como una manera de ayudar a resolver la crisis presupuestal de la justicia y demostrar que el dinero liberado tenga una dimensión suficiente para solucionar una parte sustancial de ese problema.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa el origen político de la posición presidencial. Durante la campaña electoral, De la Espriella anunció públicamente su intención de desmontar la JEP. CAMBIO recordó que esa promesa fue planteada desde escenarios de campaña y que, menos de dos meses después de su llegada al poder, la disputa presupuestal se convirtió en uno de los primeros escenarios concretos de confrontación con la jurisdicción.
El propio presidente electo había anunciado en julio que su Gobierno desmontaría lo que denominaba la “falsa paz” y que eliminaría diferentes componentes institucionales relacionados con la política de paz del Gobierno anterior. Entre las estructuras señaladas estaban la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la Consejería para la Paz.
La JEP ocupa un lugar diferente dentro de esa arquitectura porque no se trata de una dependencia administrativa que pueda desaparecer simplemente mediante una decisión presidencial. Su existencia y competencias tienen respaldo constitucional y legal, por lo que su eliminación requeriría superar obstáculos jurídicos e institucionales. Por eso, la disputa por su financiación adquiere especial relevancia como una de las vías mediante las cuales el Gobierno puede intentar reducir su margen de funcionamiento.
El conflicto tampoco nació con el presupuesto de 2027. Durante la campaña, De la Espriella cuestionó duramente a la jurisdicción y llegó a afirmar que la JEP no era un verdadero tribunal judicial y que, en su opinión, había perseguido de manera humillante a integrantes de la Fuerza Pública. Esas declaraciones permiten identificar cuál es uno de los fundamentos políticos de su rechazo a la institución.
Esa visión también aparece entre sectores políticos cercanos al Gobierno. El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, uno de los promotores de las modificaciones presupuestales y de otros cambios a la JEP, ha sostenido que existe una supuesta asimetría en el trato que reciben militares y policías frente a antiguos integrantes de las FARC. En una entrevista con CAMBIO, Gómez argumentó que los miembros de la Fuerza Pública reciben un tratamiento más duro por los llamados falsos positivos mientras antiguos comandantes de las FARC cumplen sanciones restaurativas sin cárcel.
Esa interpretación es una posición política, no una descripción neutral del funcionamiento de la JEP. La jurisdicción fue creada precisamente para investigar y juzgar graves violaciones cometidas durante el conflicto, tanto por integrantes de las antiguas FARC como por miembros de la Fuerza Pública y otros comparecientes. Sus primeras sentencias definitivas han incluido condenas contra antiguos integrantes del Secretariado de las FARC y contra militares por ejecuciones extrajudiciales.
El punto de fricción está entonces en la manera de interpretar esa competencia. Para De la Espriella y sectores de su entorno político, la actuación de la JEP contra integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía representa un problema de garantías y de trato desigual. Para la jurisdicción y sus defensores, investigar esas conductas forma parte de su mandato y no constituye una persecución contra la institución militar.
Esa diferencia explica por qué el debate presupuestal difícilmente puede entenderse únicamente como una discusión sobre eficiencia administrativa. La institución que está siendo objeto de recortes es, al mismo tiempo, la jurisdicción que investiga algunos de los episodios más controvertidos cometidos por agentes estatales durante el conflicto armado.
Entre ellos están los llamados falsos positivos, cuya investigación se encuentra dentro del Caso 03 de la JEP. La jurisdicción también ha trabajado sobre secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual y otros hechos atribuidos a las antiguas FARC. Su actuación, por tanto, afecta judicialmente a distintos actores del conflicto y no exclusivamente a antiguos guerrilleros.
El enfrentamiento político se produce además cuando la JEP comienza a dejar atrás una etapa predominantemente investigativa y entra en una fase de aplicación de sus primeras sanciones. En septiembre de 2026, antiguos comandantes de las FARC empezaron a cumplir trabajos restaurativos derivados de las decisiones de la jurisdicción.
Para el Gobierno y sus aliados, ese modelo es insuficiente. Una de las principales críticas consiste en que las primeras sanciones no implican necesariamente prisión para los máximos responsables, sino trabajos restaurativos y otras medidas previstas por el modelo de justicia transicional. Esa característica ha sido presentada por sectores de derecha como evidencia de que la JEP concede un tratamiento excesivamente favorable a los excombatientes.
La JEP, en cambio, sostiene que ese es precisamente el diseño de la justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz: establecer sanciones propias para quienes aporten verdad y reparación, diferenciadas de las penas ordinarias. Su presidente, Alejandro Ramelli, ha advertido que evaluar el rendimiento de la jurisdicción únicamente por el número de sentencias desconoce la cantidad de investigaciones, decisiones y actuaciones que anteceden cada fallo.
CAMBIO encontró que la JEP ha producido miles de providencias desde su creación y alrededor de 4.400 al año, mientras que sus cuatro primeras sentencias de 2025 fueron utilizadas por el Gobierno como referencia para cuestionar su productividad. El contraste muestra que el resultado de una jurisdicción transicional puede medirse de maneras diferentes según el indicador escogido.
También está en discusión cuánto representa realmente la JEP dentro de las finanzas nacionales. CAMBIO señala que su presupuesto equivale aproximadamente al 0,14 % del Presupuesto General de la Nación y que, desde 2018, la jurisdicción ha recibido alrededor de $4,26 billones. El dato permite dimensionar el gasto, pero también muestra que su eliminación o reducción no resolvería por sí misma el problema fiscal de la justicia colombiana.
El recorte, sin embargo, puede tener un efecto institucional aunque su peso dentro del presupuesto nacional sea pequeño. La reducción de recursos puede limitar investigaciones, protección de comparecientes, representación judicial de víctimas y ejecución de sanciones restaurativas, aunque el alcance concreto dependerá de cómo termine distribuido el presupuesto y de qué partidas sean finalmente afectadas.
Por eso, el debate central ya no es solamente cuánto cuesta la JEP, sino qué tipo de justicia quiere financiar el Estado después de una década del Acuerdo de Paz. El Gobierno de De la Espriella está planteando que los recursos deben concentrarse en otras prioridades y cuestiona la legitimidad y los resultados de la justicia transicional; sus críticos advierten que la reducción presupuestal puede convertirse en una forma indirecta de debilitar una institución cuya eliminación enfrenta obstáculos constitucionales.
La coincidencia temporal resulta políticamente significativa: el presidente llegó al poder después de prometer el desmonte de la JEP y ahora su administración impulsa una reducción de los recursos destinados al sistema del que forma parte. Eso no permite afirmar que el recorte sea jurídicamente equivalente a desmontar la jurisdicción ni que su única finalidad sea eliminarla, pero sí permite observar una continuidad entre una promesa electoral y una decisión concreta de política pública.
La discusión también anticipa una batalla por el lugar de la Fuerza Pública dentro de la memoria judicial del conflicto. Mientras el Gobierno reivindica públicamente el papel de militares y policías como responsables de enfrentar a los grupos armados —y el presidente ha reiterado que los combatirá con “toda la fuerza legítima” de la República—, sectores de su coalición consideran que la justicia transicional ha tratado injustamente a quienes integraron esas instituciones.
Así, los $170.000 millones son apenas la dimensión contable de una disputa más profunda. La pregunta que queda planteada para el trámite del presupuesto de 2027 es si la reducción responde principalmente a una decisión de eficiencia y reasignación fiscal o si constituye también una herramienta dentro de la estrategia política con la que De la Espriella busca cumplir su promesa de desmontar o limitar la JEP. Las cifras muestran que el dinero transferido tendría un peso reducido frente al déficit de la justicia ordinaria; el contexto político muestra, al mismo tiempo, que el ajuste recae precisamente sobre una institución que el actual presidente prometió eliminar y que sectores de su entorno consideran adversa a los intereses de la Fuerza Pública.
