La decisión de once representantes de las Curules Transitorias Especiales de Paz (CITREP) de expresar su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella provocó una fuerte controversia política, al tratarse de escaños creados como desarrollo del Acuerdo de Paz de 2016, mientras el mandatario electo ha mantenido una postura crítica frente a varios de sus principales componentes.
Las CITREP fueron concebidas para garantizar representación política a las víctimas y a los territorios más afectados por el conflicto armado. Su creación fue uno de los compromisos del Acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC, posteriormente incorporado al ordenamiento jurídico mediante una reforma constitucional. Por ello, el respaldo mayoritario de estos representantes a un gobierno que ha anunciado cambios a instituciones derivadas del proceso de paz ha sido interpretado por distintos sectores como una paradoja política.
Los once congresistas firmantes sostuvieron que su decisión responde a la necesidad de trabajar con el nuevo Gobierno en favor de las comunidades que representan. En la carta pública afirmaron que su apoyo busca garantizar mayor inversión estatal, infraestructura, seguridad y programas de desarrollo para los municipios históricamente golpeados por la violencia, y subrayaron que actúan de manera autónoma e independiente, sin renunciar a la defensa de los derechos de las víctimas.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Uno de los primeros en cuestionar la decisión fue el exsenador Roy Barreras, quien sostuvo que resulta contradictorio que representantes elegidos gracias a un mecanismo nacido del Acuerdo de Paz respalden a un presidente que ha prometido revisar instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros instrumentos de justicia transicional.
Organizaciones de víctimas y algunos sectores defensores de la implementación del Acuerdo también manifestaron preocupación. Sus cuestionamientos se centran en que las curules fueron concebidas para fortalecer la participación política de territorios históricamente excluidos y consideran que un respaldo político temprano al nuevo Ejecutivo podría interpretarse como una renuncia a la independencia que esperaban de estos representantes.
Entre los firmantes figura Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante de la Circunscripción 12 e hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Tovar defendió la decisión argumentando que las curules representan a comunidades concretas y no a una corriente ideológica específica, por lo que dialogar con el gobierno elegido democráticamente hace parte de su responsabilidad institucional para buscar beneficios para sus regiones.
Otros representantes que suscribieron la carta también han insistido en que las CITREP no constituyen una bancada de gobierno ni de oposición. Recordaron que fueron elegidos por organizaciones sociales, consejos comunitarios, asociaciones de víctimas y comunidades rurales, lo que les permite fijar posiciones políticas de manera independiente según las necesidades de sus territorios.
El debate ha puesto sobre la mesa una discusión de fondo sobre el alcance de las Curules de Paz. Mientras algunos sectores consideran que, por su origen, deberían mantener una defensa activa de la arquitectura institucional creada por el Acuerdo de Paz, otros sostienen que el mandato recibido por estos congresistas consiste en representar a las víctimas y gestionar soluciones para sus comunidades, independientemente del color político del gobierno de turno.
Hasta el momento, no se conoce ninguna acción judicial o demanda formal encaminada a anular la carta de respaldo o a retirar la investidura de los representantes que la firmaron. Los cuestionamientos se han mantenido en el plano político y ético, pero no existe una norma que prohíba a los integrantes de las CITREP expresar respaldo o establecer canales de interlocución con el Ejecutivo.
Tampoco se ha anunciado una demanda de nulidad basada exclusivamente en ese pronunciamiento. Juristas consultados por distintos medios han señalado que los representantes de las curules especiales conservan los mismos derechos políticos que cualquier otro congresista y que la expresión de una posición política, por sí sola, no constituye una causal de pérdida de investidura ni de nulidad electoral.
La controversia adquiere mayor relevancia porque Abelardo de la Espriella ha manifestado durante su carrera política reparos frente a diversos aspectos del Acuerdo de Paz y ha propuesto reformar varias de las instituciones creadas tras su firma. Esa circunstancia explica por qué el respaldo de una mayoría de representantes elegidos gracias a ese mismo proceso ha sido interpretado por algunos analistas como un giro político inesperado.
En contraste, los firmantes sostienen que el apoyo no implica un cheque en blanco al nuevo Gobierno. En la carta señalaron que esperan que la nueva administración cumpla sus compromisos con los territorios más afectados por la violencia y que la relación estará condicionada al avance de políticas de desarrollo, reparación y presencia efectiva del Estado.
Así, la discusión trasciende el contenido de una carta y abre un debate más amplio sobre la naturaleza de las Curules de Paz. Mientras unos consideran que su legitimidad está estrechamente ligada a la defensa del Acuerdo que les dio origen, otros defienden que precisamente la existencia de esas circunscripciones garantiza la libertad política de sus representantes para dialogar con cualquier gobierno elegido democráticamente.
Por ahora, el episodio refleja una de las primeras reconfiguraciones políticas de la nueva legislatura. El respaldo de once representantes de las CITREP al gobierno entrante ha evidenciado que las dinámicas parlamentarias pueden diferir de las afinidades ideológicas que dieron origen a determinados mecanismos institucionales, y que la tensión entre la implementación del Acuerdo de Paz y las prioridades del nuevo Ejecutivo seguirá siendo uno de los ejes del debate político en el Congreso durante los próximos cuatro años.
