La protesta de habitantes de la vereda Granizal, en Bello, Antioquia, comenzó como una movilización para reclamar soluciones a una crisis que la comunidad considera histórica: acceso insuficiente al agua potable, vías en mal estado y falta de soluciones de vivienda y servicios públicos. El 13 de agosto los manifestantes realizaron cierres intermitentes en la Autopista Medellín-Bogotá, en inmediaciones de La Báscula, afectando uno de los principales corredores entre Medellín y Bogotá.
Los líderes comunitarios sostienen que llevan cerca de tres décadas reclamando respuestas de las autoridades. Su principal exigencia es el acceso permanente a agua potable. También reclaman mejores vías, vivienda digna y el cumplimiento efectivo de decisiones judiciales que, según la comunidad, han reconocido sus derechos y ordenado actuaciones de las autoridades.
El reclamo por el agua tiene además un antecedente judicial. Documentos oficiales recuerdan que el Tribunal Administrativo de Antioquia determinó en 2019 la vulneración de derechos de los habitantes de Granizal y ordenó garantizar el acceso al agua potable. Posteriormente, el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Bello y a EPM adelantar las acciones necesarias para garantizar los servicios de acueducto y alcantarillado.
La comunidad sostiene que las soluciones implementadas hasta ahora no equivalen a un acueducto definitivo. Según los voceros, la cantidad de agua que reciben estaría por debajo de los estándares que reclaman. Reportes sobre la protesta señalan que los habitantes hablan de un mínimo de 50 litros diarios por persona y aseguran que actualmente no alcanzarían siquiera 10 litros.
La Alcaldía de Bello, sin embargo, sostiene que sí ha venido ejecutando medidas. En conjunto con Empresas Públicas de Medellín, informó la instalación de 6.865 metros de tubería, 59 puntos humanitarios de distribución y seis plantas portátiles de potabilización, dentro de una prueba piloto de dos meses. También mantiene el suministro mediante carrotanques mientras se estructura una solución definitiva.
La distancia entre ambas posiciones fue uno de los factores que mantuvo la protesta. Para la Administración, las obras y el esquema provisional constituyen avances concretos; para los habitantes, no solucionan el problema estructural de un territorio que continúa sin un sistema convencional de acueducto y alcantarillado.
Durante el 13 de agosto, los bloqueos provocaron una fuerte afectación de la movilidad. Con el paso de las horas aumentó la presencia de la Policía y posteriormente intervinieron unidades del UNDMO, antiguo Esmad, para recuperar el tránsito de la autopista. Registros difundidos durante la jornada muestran el despliegue policial y la dispersión de quienes permanecían en la vía.
La intervención policial es uno de los puntos más controvertidos. Publicaciones de personas vinculadas con la movilización denuncian que el UNDMO utilizó gases lacrimógenos contra la comunidad y califican la actuación como una represión de una protesta que, según su versión, era pacífica. En redes sociales circularon videos en los que se observa el empleo de gases durante la intervención.
Los manifestantes también cuestionaron que la respuesta de las autoridades haya sido el envío del antiguo Esmad en lugar de una solución a sus demandas. Algunos voceros y simpatizantes de la protesta describieron la actuación policial como “desproporcionada” y sostuvieron que la comunidad había salido a reclamar un derecho básico: el acceso al agua.
No obstante, con la información pública disponible no es posible establecer de manera concluyente quién inició la confrontación. Está documentado que existía un bloqueo de la carretera y que el UNDMO intervino posteriormente para restablecer el tránsito, pero las fuentes consultadas no permiten determinar con certeza qué ocurrió en cada momento previo al uso de la fuerza.
El episodio se complicó además por un incendio registrado en una zona cercana a la autopista. La Secretaría de Gestión del Riesgo y los Bomberos de Bello investigaban el origen de dos incendios forestales en el sector de Manantiales, ocurridos en medio de las jornadas de protesta. Algunas versiones de testigos apuntaban a que el fuego habría sido iniciado por personas vinculadas a la movilización, pero las autoridades mantenían abierta la investigación.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó una versión más contundente. Según el mandatario, después de que la Fuerza Pública consiguió restablecer el tránsito, la Policía le informó que manifestantes habrían prendido fuego a una zona aledaña a la carretera. Rendón calificó el hecho de “indolencia y vandalismo” y pidió identificar y judicializar a los responsables.
La acusación del gobernador fue rechazada en la narrativa pública de sectores que respaldan a los manifestantes. En redes sociales circularon señalamientos en sentido contrario, según los cuales el incendio habría comenzado durante la intervención del UNDMO y estaría relacionado con el uso de gases. Esas afirmaciones, sin embargo, tampoco han sido establecidas como hechos por una investigación oficial.][8])
Así, uno de los principales puntos pendientes es determinar el origen del fuego. Mientras Rendón atribuyó a la Policía el reporte de que los manifestantes habían provocado el incendio, las autoridades locales señalaron que todavía estaban verificando las circunstancias y las versiones de testigos. Por ahora, no existe una conclusión oficial que permita atribuir definitivamente el incendio a los manifestantes o al UNDMO.
La protesta de Granizal, por tanto, terminó convirtiéndose en una disputa que va más allá del bloqueo de una carretera. De un lado está una comunidad que reclama el cumplimiento de derechos y decisiones judiciales sobre agua, vías y servicios públicos; del otro, autoridades que argumentan que están ejecutando soluciones y que deben garantizar la movilidad y el orden público. La intervención del UNDMO y las acusaciones por el incendio añadieron una nueva dimensión al conflicto, mientras los reclamos estructurales de Granizal siguen sin una solución definitiva.
