Colombia enfrenta una nueva emergencia ambiental mientras todavía atiende las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Los incendios forestales se han multiplicado en distintas regiones y el Ideam reportó, para el 14 de agosto, 618 municipios bajo algún nivel de alerta por amenaza de incendios de cobertura vegetal: 344 en nivel alto, 158 en nivel moderado y 116 en nivel bajo.
El panorama combina incendios que permanecen activos con territorios donde, aunque no se reporta una conflagración en curso, las condiciones meteorológicas favorecen la aparición y rápida propagación del fuego. El Ideam atribuye el aumento de las alertas a las condiciones secas registradas durante los últimos días.
El principal foco de emergencia es Tolima. La Defensoría del Pueblo reportó 31 incendios activos en 15 municipios, con una afectación aproximada de 11.220 hectáreas. Además, 36 de los 47 municipios del departamento se encuentran en alerta roja. Las llamas han afectado viviendas y medios de vida, y también han generado impactos sobre servicios como agua, salud y educación.
Entre los municipios tolimenses donde se han reportado conflagraciones aparecen San Luis, Ortega, Guamo, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Piedras, Alvarado, Coyaima, Venadillo, Anzoátegui, Coello, Rovira y San Antonio. La respuesta ha requerido la participación de bomberos, Ejército, Fuerza Aeroespacial, Policía y otros organismos de socorro.
San Luis concentra una de las situaciones más graves. Allí las llamas afectaron miles de hectáreas y obligaron a desplegar capacidades aéreas para combatir el incendio. La Fuerza Aeroespacial y el Ejército han realizado descargas de agua y líquido retardante para contener los focos.
La magnitud de la emergencia llevó a la Gobernación del Tolima a declarar la calamidad pública. La administración departamental también anunció la creación de un fondo de reconstrucción para canalizar recursos hacia las comunidades afectadas por los incendios y por otros daños recientes.
Antioquia es otro de los departamentos con incendios activos. La Defensoría identificó cuatro focos en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí, además de dos emergencias adicionales en Medellín, una de ellas en el sector del Alto de Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal. En Santa Fe de Antioquia el incendio presentaba cerca de 90 % de control, mientras que en Abejorral el terreno dificultaba las labores.
En Nariño, la Defensoría reportó tres incendios activos en Los Andes-Sotomayor, La Llanada y Santacruz de Guachavés. La Gobernación declaró calamidad pública y urgencia manifiesta para enfrentar la emergencia. Estos municipios forman parte del grupo de territorios donde persisten focos activos identificados por la autoridad de derechos humanos.
En Cesar, los incendios se concentran principalmente en zonas rurales y en ecosistemas de la Serranía del Perijá. Los focos activos identificados por la Defensoría están en Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego, municipios donde las autoridades solicitaron apoyo adicional para fortalecer las labores de control y extinción.
Cundinamarca presenta una situación particularmente preocupante por la extensión del riesgo. La Defensoría reportó puntos activos en La Vega, mientras que en el sector de Chusacá, entre Soacha y Sibaté, se presentó un complejo de incendios que llegó a amenazar infraestructura estratégica, incluida la planta Alicachín, fundamental para la regulación del río Bogotá.
El departamento concentra además el mayor número de municipios en alerta roja según el reporte del Ideam citado el 14 de agosto: 85 municipios en ese nivel. La cifra coloca a Cundinamarca por encima de Tolima, Antioquia, Nariño, Boyacá y Cauca en cuanto al número de territorios clasificados con amenaza alta.
En Cundinamarca, además de los 85 municipios en alerta roja, la Defensoría reportó 10 municipios en alerta naranja dentro de su seguimiento para los meses de junio, julio y agosto. El dato evidencia que la situación departamental no se limita a los incendios que ya se han presentado, sino que existe una extensa zona bajo condiciones de amenaza.
En Quindío, la Defensoría señaló que Génova y Pijao se encontraban en alerta roja. En alerta naranja estaban Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Quimbaya, mientras que Córdoba figuraba en alerta amarilla. El escenario está asociado a altas temperaturas, baja humedad y vegetación seca.
El panorama nacional de alertas rojas del Ideam para el 14 de agosto estaba distribuido así: Cundinamarca, 85 municipios; Tolima, 47; Antioquia, 38; Nariño, 31; Boyacá, 30; Cauca, 30; Valle del Cauca, 14; Caldas, 13; Norte de Santander, 13; Santander, 12; Quindío, 9; La Guajira, 5; Risaralda, 2; Bogotá, 1, y Caquetá, 1. En total, 344 municipios estaban en alerta alta.
El resto del mapa de riesgo se completaba con 158 municipios en alerta moderada y 116 en alerta baja. El reporte del Ideam muestra, por tanto, una amenaza extendida por buena parte del territorio nacional y no únicamente en los departamentos donde actualmente se concentran los incendios de mayor magnitud.
En la región Caribe, 78 municipios aparecían bajo algún nivel de alerta: 32 en alerta alta y 46 en alerta moderada. Atlántico concentraba 21 municipios bajo vigilancia; Cesar, 13; La Guajira, 12; Bolívar y Magdalena, 11 cada uno; mientras Córdoba y Sucre registraban cinco cada uno.
En Atlántico, los municipios incluidos en el reporte eran Baranoa, Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Puerto Colombia, Sabanagrande, Santo Tomás, Soledad, Tubará, Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Ponedera, Repelón, Sabanalarga y Usiacurí. El dato es especialmente relevante porque prácticamente todo el departamento aparece bajo algún nivel de amenaza.
En cuanto a los incendios controlados, la información disponible muestra que la condición de un incendio puede cambiar rápidamente. El reporte nacional de la UNGRD citado el 13 de agosto contabilizaba 36 incendios activos, mientras que también se registraban incendios liquidados y otros bajo control. En Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, el avance de control se aproximaba al 90 %, aunque el foco todavía era objeto de seguimiento.
La Defensoría del Pueblo identificó como territorios prioritarios a Antioquia, Quindío, Nariño, Tolima, Cesar y Cundinamarca. La entidad pidió al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales y ambientales y a los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantener una respuesta articulada y oportuna.
La preocupación de la Defensoría no se limita a apagar las llamas. La entidad advirtió que las emergencias pueden amenazar vidas, viviendas, cultivos, animales y medios de subsistencia, y pidió disponer de recurso humano, maquinaria, equipos especializados, brigadas forestales, carros cisterna, elementos de protección y, cuando sea necesario, apoyo aéreo.
El escenario climático también constituye un factor de presión. El Ideam mantiene el seguimiento de las condiciones secas y ha advertido sobre la persistencia de condiciones favorables para los incendios. En Tolima, por ejemplo, las autoridades ambientales han reportado disminuciones en los niveles de varios ríos, entre ellos el Saldaña, Amoyá, Magdalena, Cucuana y Lagunilla.
La emergencia, por ahora, tiene dos dimensiones distintas: los incendios que ya están consumiendo cobertura vegetal y los cientos de municipios donde las condiciones favorecen que aparezcan nuevas conflagraciones. Confundir ambos fenómenos llevaría a interpretar los 618 municipios bajo alerta como 618 municipios con incendios activos, algo que los reportes oficiales no sostienen.
El desafío para las autoridades será evitar que los focos activos se multipliquen mientras mantienen capacidad suficiente para responder en los territorios donde todavía no hay incendios declarados. La simultaneidad de emergencias, particularmente en Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Cesar, está poniendo a prueba la capacidad operativa de los cuerpos de socorro y de las entidades territoriales.
El mapa nacional muestra así una emergencia de alcance considerable: 36 incendios activos reportados por la UNGRD, cientos de municipios bajo diferentes niveles de alerta y seis departamentos identificados por la Defensoría como prioritarios. En medio de esta situación, Tolima concentra el frente operativo más severo, mientras Cundinamarca encabeza el número de municipios en alerta roja.
