El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto dejó en Roldanillo, Valle del Cauca, una devastación que va mucho más allá de viviendas destruidas, iglesias agrietadas y calles cubiertas de escombros. El movimiento de la tierra también abrió una estructura del cementerio municipal y dejó al descubierto restos humanos que permanecían ocultos.
El hallazgo fue fortuito y ocurrió cuando el sismo derribó un muro de doble pared que ocultaba una especie de bóveda. Detrás de la estructura aparecieron restos humanos depositados en bolsas negras, algunos acompañados de prendas de apariencia militar y botas de caucho.
Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue una anotación visible en una de las bolsas. Según la información trasladada a Bogotá, allí podía distinguirse una fecha correspondiente al año 2006, un dato que ahora hace parte de las pistas que deberán ser examinadas por los investigadores.
La noticia del hallazgo llegó a las autoridades a través del párroco de Roldanillo, municipio ubicado a unos 149 kilómetros de Cali. A partir de la información recibida, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, inició las actuaciones correspondientes para establecer la procedencia de los restos.
La primera conclusión, sin embargo, es que todavía no existe una conclusión. La UBPD no ha establecido que los restos correspondan a personas desaparecidas durante el conflicto armado ni, mucho menos, que se trate de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Esa posibilidad surgió a partir de las características del hallazgo, pero deberá ser comprobada o descartada mediante investigación forense.
La presencia de prendas similares a uniformes militares tampoco permite establecer por sí misma quiénes eran las personas cuyos restos fueron encontrados. No permite saber si eran civiles o combatientes, cuándo murieron ni bajo qué circunstancias fueron enterrados. Para responder esas preguntas serán necesarios análisis forenses, estudios antropológicos, cruces documentales y, eventualmente, pruebas genéticas.
El procedimiento que adelanta la UBPD corresponde al denominado hallazgo fortuito, utilizado para manejar, trasladar y custodiar restos encontrados por fuera de una búsqueda activa. La aplicación de este mecanismo no implica que la entidad haya determinado que se trata de personas desaparecidas, aunque tampoco descarta esa posibilidad.
El caso de Roldanillo llevó además a la UBPD a prestar atención a otros cementerios afectados por el terremoto. Después del sismo comenzaron a circular fotografías que mostraban daños en paredes de bóvedas, contenedores y otras estructuras que podrían contener restos de personas no identificadas.
Por esa razón, desde el mismo día del terremoto la entidad puso en marcha un censo para establecer preliminarmente el nivel de afectación de esos lugares y determinar cuáles necesitan verificación o atención prioritaria. Los reportes no se limitaron al cementerio de Roldanillo.
Los equipos territoriales de la UBPD en Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó comenzaron labores destinadas a proteger los cuerpos que hubieran quedado expuestos como consecuencia del movimiento telúrico. Se trata de una tarea humanitaria que busca evitar la pérdida o alteración de restos que puedan contribuir a identificar a personas desaparecidas.
El hallazgo adquirió una dimensión adicional por el contexto de violencia que ha marcado al Valle del Cauca. En 1999 llegó a la región el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, una estructura paramilitar que operó principalmente en Valle y Cauca, aunque también tuvo presencia en municipios de Huila y Quindío.
El Bloque Calima estuvo comandado militarmente por José Éver Veloza, alias HH, y su expansión ocurrió durante una etapa de intensa confrontación entre guerrillas, fuerza pública, narcotraficantes y grupos paramilitares. Registros del Centro Nacional de Memoria Histórica lo relacionan con numerosas masacres y miles de hechos de desplazamiento forzado individual y colectivo.
La historia de esa estructura también forma parte de las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el Caso 05, la JEP investiga la posible existencia de alianzas entre integrantes de la fuerza pública y miembros del Bloque Calima, además de hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales atribuidos al Gaula Valle.
El Bloque Calima se desmovilizó formalmente el 18 de diciembre de 2004, en el corregimiento de Galicia, en Bugalagrande. Sin embargo, años después distintos informes señalaron que algunos de sus antiguos integrantes volvieron a las armas y terminaron vinculados a estructuras criminales sucesoras.
Ese contexto ayuda a explicar por qué la aparición de restos con prendas militares despertó inmediatamente preguntas sobre los desaparecidos y las ejecuciones extrajudiciales. Durante el conflicto armado colombiano, numerosos cuerpos fueron enterrados sin identificación, convertidos en los llamados NN, mientras sus familias permanecían sin conocer su destino.
Uno de los datos que dimensiona el problema es el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Durante años se manejó la cifra de 6.402 víctimas entre 2002 y 2008. En abril de 2026, la JEP amplió ese universo a 7.837 víctimas, al extender el periodo de análisis entre 1990 y 2016 e incorporar nuevas bases de datos.
Los cementerios han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de esos desaparecidos. Casos como el del Cementerio Central de Cúcuta, donde en 2021 el desplome de un muro dejó expuestas bolsas con restos humanos. La UBPD ha advertido que allí podrían encontrarse cientos de personas que murieron violentamente entre 1985 y 2016.
También se mencionan las exhumaciones realizadas en 2024 en el cementerio Eccehomo de Valledupar, donde la JEP y la UBPD intervinieron cientos de cadáveres sin identificar. Algunos presentaban lesiones compatibles con impactos de arma de fuego. En Dabeiba, Antioquia, investigaciones de la JEP condujeron además al hallazgo de un cementerio clandestino cuyos cuerpos fueron relacionados con ejecuciones extrajudiciales.
Pero el cementerio de Roldanillo no puede separarse de la tragedia que provocó el terremoto. El municipio registró dos personas fallecidas, 112 heridas y más de 1.200 viviendas afectadas, de las cuales cerca de 500 quedaron completamente destruidas. Entre el 75 % y el 80 % de las edificaciones presentó algún tipo de daño.
El Hospital San Antonio sufrió afectaciones en cerca del 80 % de su infraestructura y una parte deberá ser demolida. La Alcaldía y la iglesia principal también resultaron gravemente afectadas y, según las autoridades locales, deberán ser demolidas. El terremoto rompió además una tubería principal que abastece de agua potable a Roldanillo y otros siete municipios del norte del Valle.
Ahora, mientras Roldanillo intenta reconstruirse, la atención de los investigadores se concentra en aquello que el terremoto sacó de la tierra. Todavía no se sabe quiénes son las personas cuyos restos quedaron expuestos, cuándo murieron ni cómo llegaron a ese lugar. Tampoco está demostrado que tengan relación con los falsos positivos.
Lo que sí existe es una coincidencia inquietante: restos humanos ocultos durante años, prendas de apariencia militar y una anotación que apunta a 2006. La tarea de la UBPD será determinar si esas pistas conducen hacia una historia de personas desaparecidas durante el conflicto o hacia un episodio diferente que aún permanece sin esclarecer.
Por ahora, la respuesta no está en las fotografías que circularon por redes sociales ni en las hipótesis que surgieron después del hallazgo. Está en los restos, en la ciencia forense y en los documentos que permitan reconstruir la identidad y la historia de quienes fueron enterrados allí. El terremoto abrió el muro; ahora los investigadores tendrán que descubrir qué historia permanecía detrás de él.
