La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, volvió a poner en el centro del debate los protocolos de actuación de esa agencia y el trato que reciben los migrantes colombianos en territorio estadounidense. El caso adquirió una dimensión política y diplomática al tratarse de un ciudadano que, según la información conocida hasta ahora, contaba con autorización para trabajar y no era el objetivo de la operación.
Durán era oriundo de Bucaramanga y residía en Estados Unidos junto a su esposa y su hija de tres años. Familiares y organizaciones de apoyo a migrantes lo describen como un trabajador que sostenía económicamente a su hogar y que desempeñaba más de un empleo para mantener a su familia.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que el colombiano no se encontraba, de acuerdo con la información divulgada hasta el momento, en condición migratoria irregular. Medios estadounidenses y organizaciones de defensa de los migrantes han señalado que contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social, circunstancias que lo diferenciaban de otros casos asociados a operativos migratorios contra personas con órdenes de deportación vigentes.
La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostiene que agentes del ICE buscaban detener a otra persona con una orden final de deportación. Durante el procedimiento, un agente disparó contra el vehículo conducido por Durán al considerar que representaba una amenaza para los funcionarios. Las autoridades estadounidenses sostienen que el uso de la fuerza respondió a un escenario de legítima defensa.
Sin embargo, esa versión ha sido cuestionada por testigos y organizaciones de derechos de los migrantes. Además de afirmar que Durán no era la persona buscada por los agentes, han solicitado una investigación independiente para establecer si el uso de la fuerza fue proporcional y si existían alternativas antes de recurrir a disparos letales.
El caso también ha despertado preocupación por sus consecuencias familiares. La muerte de Durán dejó a su esposa y a su hija de tres años sin uno de los principales sostenes del hogar. Su padre, Omar Durán, calificó el hecho como una muerte “injusta” y pidió que las autoridades esclarezcan plenamente lo ocurrido.
La Embajada de Colombia en Washington confirmó que activó la asistencia consular a la familia y que solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos información y aclaraciones sobre las circunstancias del operativo. La representación diplomática indicó que hará seguimiento al avance de las investigaciones.
El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente a través de su cuenta en X donde calificó la muerte como un asesinato, afirmó que el colombiano fue tratado “como un ser inferior y sin derechos”, pidió al Gobierno estadounidense un mensaje oficial sobre lo sucedido y ordenó a la diplomacia colombiana impulsar las acciones jurídicas y consulares necesarias para esclarecer los hechos y buscar responsabilidades.
El pronunciamiento del mandatario se sumó a las reacciones de congresistas y dirigentes políticos de izquierda, quienes cuestionaron el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y advirtieron sobre el incremento de los riesgos para los migrantes latinoamericanos durante los operativos del ICE.
En contraste, hasta el momento no se registra un pronunciamiento público del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la muerte de Joan Sebastián Durán. Tampoco se conocen declaraciones oficiales de su equipo de transición específicamente referidas a este caso.
La muerte del colombiano ocurre además en un contexto de creciente tensión por la política migratoria de Estados Unidos. En las últimas semanas han aumentado las críticas a los procedimientos del ICE, especialmente cuando involucran a personas con permisos migratorios temporales, solicitudes en trámite o vínculos familiares consolidados en ese país. El caso de Durán se suma así al debate sobre los límites del uso de la fuerza en operativos migratorios.
Mientras avanzan las investigaciones del FBI, las autoridades estatales de Maine y los organismos federales competentes, la muerte de Joan Sebastián Durán se ha convertido en un símbolo de la incertidumbre que enfrentan muchos migrantes colombianos en Estados Unidos. El esclarecimiento de si el operativo respetó los protocolos establecidos y de si el uso de la fuerza fue justificado será determinante no solo para establecer eventuales responsabilidades, sino también para evaluar las garantías que reciben quienes, aun contando con autorización para trabajar y una vida familiar establecida, pueden verse involucrados en acciones de control migratorio.
