El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso una nueva reforma tributaria que busca convertirse en una hoja de ruta para enfrentar el déficit fiscal que heredará la próxima administración. Aunque será el gobierno de Abelardo de la Espriella el encargado de decidir si impulsa, modifica o retira la iniciativa, el proyecto ya abrió uno de los primeros grandes debates económicos de la transición presidencial.
El Ministerio de Hacienda justificó la propuesta señalando que la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento que acompañaba el Presupuesto General de 2026 dejó un vacío estructural en los ingresos del Estado. Según el ministro Germán Ávila, el objetivo de la reforma es recuperar recursos para garantizar el funcionamiento institucional y preservar la inversión social, por lo que decidió dejar radicado el proyecto antes del cambio de gobierno.
La iniciativa plantea un incremento gradual del recaudo tributario durante los próximos años mediante la ampliación de algunas bases gravables y el aumento de cargas sobre determinados patrimonios y actividades económicas. Entre las medidas conocidas figuran la aplicación del IVA del 19 % a los vehículos híbridos, la extensión del mismo impuesto a conciertos y eventos deportivos, el mantenimiento del gravamen a los juegos de suerte y azar y el fortalecimiento del impuesto al patrimonio para los contribuyentes de mayores ingresos.
El Gobierno saliente sostiene que el proyecto procura un esfuerzo fiscal concentrado en los sectores con mayor capacidad económica, evitando trasladar nuevas cargas a la canasta básica o a los hogares más vulnerables. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el propósito es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin comprometer los programas sociales impulsados durante el cuatrienio.
La radicación, sin embargo, encontró una respuesta inmediata del equipo económico del presidente electo. Durante la primera reunión formal de empalme, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitó expresamente al Gobierno abstenerse de presentar la reforma tributaria y concentrar los esfuerzos en un proceso de transición transparente y en la entrega de información completa sobre la situación fiscal del país.
Restrepo argumentó que corresponde a la administración que asumirá el 7 de agosto definir la política tributaria que acompañará su programa de gobierno y sostuvo que una reforma de esa magnitud debería ser diseñada por quienes tendrán la responsabilidad de ejecutarla. Además, explicó que el equipo de empalme llevaba varios meses preparando el diagnóstico de las finanzas públicas para formular sus propias propuestas económicas.
Las críticas fueron aún más contundentes por parte del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez. En declaraciones públicas calificó la iniciativa como “el último gesto de irresponsabilidad” del gobierno saliente y cuestionó que, después de varios años de aumento del gasto público, se pretenda resolver el desequilibrio fiscal mediante un nuevo incremento de los impuestos.
Miguel Gómez también anticipó que la visión económica del nuevo gobierno será distinta. Señaló que la administración de Abelardo de la Espriella impulsará una reforma tributaria orientada a aliviar la carga fiscal sobre las empresas, fortalecer la inversión privada y estimular el crecimiento económico, en contraste con un modelo basado en mayores ingresos tributarios para financiar el gasto público.
Ese contraste refleja dos enfoques económicos claramente diferenciados. El gobierno de Petro ha defendido que el fortalecimiento del recaudo constituye una condición necesaria para ampliar la inversión social, reducir la desigualdad y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. En esa lógica, considera que los sectores de mayores ingresos deben realizar un mayor esfuerzo contributivo para sostener las políticas públicas.
Por el contrario, el gobierno entrante ha planteado que el principal desafío consiste en reducir la presión tributaria sobre el aparato productivo, incentivar la inversión nacional y extranjera y promover un crecimiento económico capaz de ampliar la base de contribuyentes sin recurrir a incrementos generalizados de impuestos. Ese enfoque ha sido uno de los ejes del programa económico de Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial.
La diferencia también tiene implicaciones políticas. La reforma fue radicada el mismo día en que comenzó la nueva legislatura, pero será discutida por un Congreso cuya composición responde al nuevo escenario político y en el que el Ejecutivo entrante deberá construir mayorías para sacar adelante su propia agenda económica. La reciente elección de las mesas directivas evidenció que esas mayorías no están plenamente consolidadas.
En ese contexto, el proyecto presentado por Petro podría convertirse en el primer gran debate económico del nuevo periodo legislativo, incluso si finalmente es modificado o retirado por el próximo gobierno. La iniciativa servirá como punto de partida para confrontar dos modelos fiscales: uno que prioriza el aumento del recaudo para sostener el gasto social y otro que propone una reducción de la carga tributaria como mecanismo para impulsar la actividad económica.
Más allá de su futuro legislativo, la reforma simboliza el cierre de una etapa y el comienzo de otra. El gobierno saliente deja planteada una estrategia para corregir el déficit fiscal mediante mayores ingresos tributarios, mientras el equipo de Abelardo de la Espriella anuncia que buscará transitar hacia un esquema de menor presión impositiva y mayor protagonismo del sector privado en la recuperación económica.
El desenlace dependerá ahora del Congreso y del margen político que logre construir la administración entrante. Allí se definirá si Colombia mantiene la senda tributaria defendida por el gobierno de Petro o si adopta el giro fiscal que promete el nuevo Ejecutivo, en una discusión que marcará el rumbo de la política económica durante los próximos años.
