El gobierno de Abelardo de la Espriella convirtió este martes en uno de sus primeros grandes episodios políticos la presentación del denominado “Libro de la verdad”, un documento que recopila denuncias y presuntos hallazgos relacionados con la administración de Gustavo Petro.
El expediente, elaborado a partir del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, reúne más de 80 casos que la nueva administración considera suficientemente relevantes para ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes.
De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, los casos abarcan contratación pública, manejo presupuestal, nombramientos, entidades descentralizadas y decisiones administrativas adoptadas durante el cuatrienio de Petro y, especialmente, durante sus últimos meses en el poder.
La administración De la Espriella presentó el documento como una radiografía de lo que considera irregularidades cometidas durante el anterior Gobierno. Sin embargo, jurídicamente, la inclusión de un caso en el informe no significa que exista una responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal comprobada.
Por esa razón, el Ejecutivo trasladó los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. Corresponderá a esas instituciones determinar cuáles hechos tienen mérito para convertirse en investigaciones y cuáles no.
La Fiscalía, según lo anunciado, realizará una valoración técnica y jurídica de las denuncias y conformará un equipo especial para revisar los casos. El objetivo será establecer cuáles podrían tener relevancia penal y cuáles corresponden a eventuales responsabilidades fiscales o disciplinarias.
El anuncio tiene una fuerte carga política. De la Espriella llegó a la Presidencia después de hacer de la crítica al gobierno de Petro uno de los ejes de su discurso electoral y de prometer una revisión exhaustiva de la administración saliente.
La presentación del “Libro de la verdad” representa, en ese sentido, el primer gran intento del nuevo Gobierno de convertir esa promesa electoral en una agenda institucional de revisión de la gestión de Petro.
Uno de los capítulos que más atención ha generado está relacionado con la contratación de la Cancillería. El informe cuestiona la celebración de cientos de contratos por valores que, según el Gobierno, deben ser examinados para establecer si se ajustaron a las normas y a las restricciones propias del período electoral.
El Ejecutivo también puso bajo observación los gastos relacionados con sedes temporales de entidades públicas. Según los datos divulgados por el Gobierno, se habrían destinado miles de millones de pesos a espacios cuya utilización estaba prevista por períodos relativamente cortos.
Otro de los frentes señalados es el manejo de los recursos de Colombia Mayor, programa social dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. El Gobierno De la Espriella cuestiona decisiones presupuestales adoptadas durante la administración anterior y pidió que sean revisadas por los organismos de control.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, también aparece dentro del conjunto de asuntos que serán revisados. La entidad ya había estado en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno Petro por el caso de los carrotanques destinados a La Guajira.
El nuevo Gobierno pretende determinar si algunas de las situaciones identificadas durante el empalme constituyen hechos aislados o si, por el contrario, forman parte de patrones de comportamiento administrativo que puedan comprometer recursos públicos.
Entre las cifras que han provocado mayor discusión aparece un señalamiento relacionado con $6,8 billones destinados a la adquisición de equipos básicos de salud. El Gobierno sostiene que existen elementos que justifican una revisión sobre la forma en que fueron comprometidos esos recursos.
Ese tipo de acusaciones será uno de los principales puntos de confrontación entre el Gobierno y quienes defienden el legado de Petro. Una cosa es detectar una decisión administrativa cuestionable y otra muy distinta demostrar judicialmente la existencia de un delito o un detrimento patrimonial.
El caso también plantea un desafío para los organismos de control. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán evaluar las denuncias con criterios técnicos y jurídicos, independientemente de la confrontación política entre el nuevo Gobierno y sus opositores.
La presentación del documento se produce además después de una transición presidencial marcada por las tensiones. El empalme entre Petro y De la Espriella estuvo acompañado de controversias y acusaciones cruzadas, mientras el mandatario saliente defendió públicamente su gestión y su interpretación de los acontecimientos políticos del país.
Esa contradicción entre las posiciones anteriores y actuales del presidente muestra que la revisión del Gobierno Petro no se limitará a asuntos presupuestales. También estará acompañada de una discusión política sobre las decisiones que marcaron los cuatro años anteriores.
En el caso de las denuncias financieras y contractuales, sin embargo, el elemento decisivo será la evidencia. Los documentos de empalme pueden servir como punto de partida para una investigación, pero no sustituyen las pruebas que deben obtener los organismos judiciales y de control.
Para el petrismo, el riesgo consiste en que el “Libro de la verdad” termine convertido en un instrumento de persecución política. Para el Gobierno, en cambio, la publicación busca demostrar que las denuncias no quedarán simplemente en declaraciones de campaña y que serán entregadas formalmente a las autoridades.
La Fiscalía ha adoptado una posición que será determinante: recibir el expediente no significa validar las acusaciones. El análisis deberá establecer cuáles hechos tienen características de delito, cuáles podrían constituir faltas disciplinarias o fiscales y cuáles corresponden simplemente a decisiones administrativas discutibles.
El resultado de esas investigaciones determinará el verdadero alcance histórico del documento. Si aparecen imputaciones, sanciones, fallos fiscales o condenas, el “Libro de la verdad” podría convertirse en el punto de partida de una revisión profunda de la administración Petro. Si los casos no prosperan, el debate sobre su utilización política adquirirá mayor fuerza.
Por ahora, el expediente funciona como una declaración de principios del Gobierno De la Espriella: revisar las decisiones de su antecesor, identificar posibles responsabilidades y llevarlas ante las instituciones competentes. El desafío será demostrar, con pruebas y no solamente con acusaciones políticas, cuáles de los más de 80 casos denunciados terminaron realmente comprometiendo la legalidad y los recursos públicos.
