El Gobierno nacional inició oficialmente el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad mediante el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, poniendo fin a una de las principales apuestas institucionales del gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se produjo tras el vencimiento del plazo otorgado por la Corte Constitucional para subsanar los vicios jurídicos que afectaban la creación de la cartera.
La Corte Constitucional había declarado inexequible la Ley 2281 de 2023, mediante la cual fue creado el Ministerio, al considerar que la iniciativa carecía del correspondiente aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Aunque el alto tribunal permitió al Gobierno corregir el trámite legislativo durante dos legislaturas, el Ejecutivo no logró consolidar una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar la nueva ley.
El proyecto de ley que buscaba salvar la entidad avanzó parcialmente durante el primer semestre de 2026. Las comisiones primeras del Senado y la Cámara alcanzaron a aprobar 15 de los 17 artículos del articulado, pero la iniciativa no logró completar su trámite legislativo antes del cierre de la legislatura, quedando archivada por falta de quórum y respaldo político.
Con la expedición del decreto presidencial, el Ministerio pasó oficialmente a denominarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, proceso que tendrá una duración inicial de un año. Durante este periodo, el Gobierno deberá designar un agente liquidador encargado de administrar el cierre administrativo, financiero y contractual de la entidad.
La decisión provocó una inmediata reacción entre los trabajadores del Ministerio. El lunes 22 de junio, decenas de funcionarios denunciaron que se les impidió ingresar a las instalaciones de la entidad en Bogotá, situación que generó protestas y movilizaciones hacia la sede del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Los sindicatos y organizaciones de empleados aseguraron que cerca de 580 funcionarios de planta y contratistas quedaron en situación de incertidumbre laboral. Los manifestantes reclamaron la ausencia de información oficial sobre eventuales reubicaciones, indemnizaciones o garantías laborales durante el proceso de liquidación.
Entre las principales exigencias de los trabajadores figura el nombramiento inmediato de un agente liquidador, figura prevista legalmente para garantizar el debido proceso en el cierre de entidades públicas. Los empleados también denunciaron que algunos funcionarios fueron notificados de manera informal sobre la terminación de sus actividades, sin claridad sobre los procedimientos administrativos que deberán seguirse.
El decreto de liquidación establece que varios programas y funciones desarrollados por el Ministerio serán redistribuidos entre otras entidades del Estado. Uno de los casos más relevantes corresponde al fondo “No es Hora de Callar”, impulsado por la periodista Yineth Bedoya para la atención de víctimas de violencia sexual, cuya administración será asumida por el Ministerio del Interior.
Otras iniciativas sociales, programas de inclusión y políticas orientadas a poblaciones vulnerables deberán ser reasignadas gradualmente a diferentes entidades del Gobierno nacional, aunque hasta el 22 de junio no existía un cronograma definitivo sobre la redistribución de competencias y recursos.
La liquidación del Ministerio de la Igualdad representa uno de los principales reveses institucionales del gobierno de Gustavo Petro. Mientras avanza el cierre administrativo de la entidad, persisten las dudas sobre la continuidad de sus programas, el futuro laboral de cientos de funcionarios y la capacidad del Estado para mantener las políticas públicas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas.
