Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), enfrenta cuestionamientos por su participación en la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella y, particularmente, por los recursos que reportó como préstamo a esa candidatura. Una investigación de La Silla Vacía encontró diferencias entre el dinero que aportó y la capacidad económica que reflejan sus declaraciones patrimoniales.
Ríos no tuvo un papel secundario en la aspiración presidencial. Fue el gerente de la campaña desde la etapa de recolección de firmas y estuvo a cargo de la administración de los recursos durante las dos vueltas electorales. Después de la elección, De la Espriella lo nombró director del DAPRE, una de las posiciones centrales de la Presidencia.
Los registros entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran que Ríos le prestó a la campaña $767.831.000 durante la primera vuelta. Además, donó los honorarios que recibió por su trabajo como gerente: $9 millones correspondientes a la primera vuelta y $1 millón por la segunda.
La pregunta que plantea la investigación es de dónde obtuvo el funcionario el dinero para realizar ese préstamo. La Silla Vacía cruzó los reportes financieros de la campaña con las declaraciones de renta, patrimonio y conflictos de interés que Ríos presentó ante Función Pública, y encontró que esos documentos no permiten establecer la procedencia de los recursos.
Según la información publicada, en 2025 Ríos reportó ingresos por $229 millones, provenientes de su actividad laboral. Esa cifra equivale aproximadamente a una tercera parte del préstamo que hizo a la candidatura presidencial, una diferencia que llevó al medio a preguntar cómo consiguió la liquidez para entregar los $767 millones.
En su declaración de conflictos de interés, fechada el 22 de septiembre de 2026, el director del DAPRE reportó un patrimonio bruto de $2.473 millones y deudas por $1.458 millones. La diferencia entre ambos valores representa un patrimonio líquido de poco más de $1.000 millones, compuesto principalmente por bienes.
La investigación también revisó sus obligaciones financieras. Entre ellas aparece un préstamo por $811 millones, registrado desde 2024, cuyo destino no está identificado en la declaración. A esto se suma una hipoteca de $900 millones sobre una vivienda que adquirió en Medellín ese mismo año.
Los vehículos de Ríos también fueron adquiridos mediante créditos que, de acuerdo con sus reportes, todavía debía. Además, declaró que en diciembre de 2025 tenía apenas $20.000 en su cuenta de ahorros. Para La Silla Vacía, el conjunto de esos datos no permite explicar cómo reunió el dinero que figura como préstamo a la campaña.
El medio señaló que, si los recursos provinieron de un préstamo de terceros, esa obligación tendría que estar reflejada en sus declaraciones. Sin embargo, no encontró allí información que permitiera identificar una fuente de financiación adicional para el dinero entregado a la candidatura.
La Silla Vacía informó que el 6 de octubre solicitó a Ríos una explicación sobre el origen de los $767 millones y le preguntó si otras personas habían contribuido a los recursos que reportó como propios. Según la publicación del 29 de octubre, el funcionario no había respondido al cierre de la investigación.
El caso también involucra a Ana María Ríos, hermana del director del DAPRE, quien fue tesorera de la campaña presidencial. De acuerdo con los registros contables entregados al CNE, ella prestó $897.086.000 a la candidatura, también bajo la modalidad de préstamo.
De esta manera, los dos hermanos aportaron mediante préstamos cerca de $1.665 millones a la campaña de De la Espriella. La participación de Ana María no se limitó a la financiación: como tesorera, tenía a su cargo la administración y el control de los recursos de la aspiración presidencial.
La relación familiar y financiera tomó otra dimensión cuando se conoció que Ana María Ríos fue postulada por el Gobierno para dirigir ISA, filial de Ecopetrol. La eventual llegada de la ex tesorera de campaña a la presidencia de esa compañía abrió preguntas sobre la relación entre los aportes a la candidatura y los nombramientos posteriores en el sector público.
Otro elemento señalado por la investigación es la participación de los hermanos Ríos en Estaco SAS, una empresa antioqueña dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas. Carlos, Ana María y Juan Felipe Ríos aparecen como accionistas de la compañía desde 2025, mientras que los dos últimos figuran como representantes legales.
Estaco también apareció relacionada con la operación administrativa de la campaña. Una factura revelada durante la contienda mostró que la candidatura utilizó una dirección de correo electrónico de esa empresa para recibir facturas. Entre ellas se encontraba una cuenta de cobro de Atlas Intel por un servicio de seguimiento electoral, conocido como tracking, por $195 millones.
La Silla Vacía señaló que Carlos Ríos no reportó haber recibido utilidades de Estaco durante 2025 y que la empresa no había registrado en la Cámara de Comercio una decisión de distribución de ganancias durante 2026. El medio también advirtió que la participación accionaria en esa compañía no fue mencionada en el registro de conflictos de interés presentado para asumir la dirección del DAPRE.
La controversia incluye, además, el nombramiento de Alfonso Soler Casteblanco como jefe financiero del DAPRE. Soler fue el contador encargado de certificar la información financiera y contable de la campaña de De la Espriella, según los reportes oficiales entregados al CNE.
Por sus servicios durante las dos vueltas, la campaña le pagó a Soler $255 millones. La cifra contrasta con los $10 millones que recibió Ríos por su trabajo como gerente y que posteriormente donó a la candidatura. Ahora, el contador está bajo la dirección del mismo funcionario que administró la campaña cuyas cuentas certificó.
Ese vínculo plantea preguntas sobre la separación entre las responsabilidades desempeñadas durante la campaña y las relaciones profesionales que se establecieron después en el Gobierno. No obstante, la información publicada no demuestra por sí misma que el nombramiento haya sido irregular ni que Soler hubiera certificado información falsa.
Los cuestionamientos sobre Ríos se producen en medio de otras revelaciones acerca de la financiación de la candidatura. La investigación de La Silla Vacía también ha examinado los aportes de particulares, las relaciones empresariales de personas cercanas al presidente y el papel de quienes participaron en la organización de la campaña.
En el caso del director del DAPRE, el punto central es la diferencia entre el préstamo reportado ante el CNE y la información patrimonial disponible. Sus declaraciones muestran ingresos laborales por $229 millones en 2025, deudas por $1.458 millones y una cuenta de ahorros con un saldo declarado de $20.000 al cierre de ese año, mientras que el aporte a la campaña superó los $767 millones.
La situación de su hermana agrega otro componente: fue la responsable de la tesorería y prestó cerca de $897 millones a la misma candidatura. Su posterior postulación para dirigir ISA amplió el debate sobre los vínculos entre los financiadores de la campaña y los cargos de responsabilidad en empresas con participación estatal.
También está pendiente de explicación la relación entre Estaco y la operación administrativa de la campaña, así como la omisión de esa participación empresarial en el registro de conflictos de interés de Ríos. Estos elementos no prueban una conducta ilegal, pero forman parte de las preguntas planteadas por las investigaciones periodísticas sobre la transparencia de sus vínculos económicos.
Hasta la publicación de la investigación de La Silla Vacía, Ríos no había respondido las preguntas sobre el origen de los recursos que prestó a la campaña. Tampoco se había divulgado una explicación que permitiera conciliar ese desembolso con los ingresos, las deudas y la liquidez que aparecen en sus declaraciones.
Por ahora, los datos conocidos no permiten afirmar que el préstamo haya tenido un origen ilegal, que existieran aportantes ocultos o que los nombramientos posteriores fueran una contraprestación por la financiación electoral. Lo que sí está documentado es la participación de Ríos como gerente, prestamista y donante de la campaña, así como las relaciones familiares, empresariales y laborales que han quedado bajo escrutinio.
El caso deja una pregunta central para las autoridades electorales y los organismos de control: ¿cuál fue el origen de los $767 millones que Carlos Ríos reportó como préstamo a la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella? La respuesta permitiría aclarar uno de los principales interrogantes sobre la financiación de esa candidatura y la transparencia de los vínculos entre sus responsables y el actual Gobierno.
