La discusión sobre la seguridad de Bogotá subió de tono esta semana después de que el concejal Julián Uscátegui le pidiera directamente al presidente Abelardo de la Espriella asumir la seguridad de la capital y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas que considera más afectadas por el crimen.
En un mensaje publicado el 30 de septiembre, Uscátegui escribió: “Presidente De la Espriella, en Bogotá también queremos ver a los criminales embolsados. Ponga usted la fuerza, que nosotros ponemos las bolsas”. Luego reclamó al mandatario que asumiera la seguridad de la ciudad y cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo.
La declaración ocurrió apenas un día después de que su hermano, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, radicara ante la Presidencia una solicitud para desplegar asistencia militar en tres localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.
La petición del congresista plantea que las Fuerzas Militares apoyen a la Policía Nacional mediante un plan especial y focalizado en sectores afectados por homicidios, extorsiones y presencia de estructuras criminales.
La propuesta contempla operaciones contra organizaciones delincuenciales, controles de armas y explosivos, acciones contra economías ilícitas, protección de zonas comerciales afectadas por extorsiones y un refuerzo de las capacidades de inteligencia e investigación criminal.
José Jaime Uscátegui justificó la solicitud con el comportamiento de los homicidios en esas localidades. En 2024, Ciudad Bolívar registró 236 asesinatos, Kennedy 174 y Bosa 118, para un total de 528 casos, equivalentes al 43,8 % de los homicidios registrados entonces en Bogotá.
Las cifras de 2026 también fueron utilizadas como argumento. De acuerdo con los datos citados en los reportes sobre la solicitud, hasta el momento del corte Ciudad Bolívar acumulaba 126 homicidios, Kennedy 105 y Bosa 61.
Los tres territorios sumaban así 292 homicidios, con Ciudad Bolívar como la localidad con mayor número de casos entre las tres. Otro reporte del Concejo de Bogotá, con cifras de enero a agosto, registra 740 homicidios en toda la ciudad y 126 de ellos en Ciudad Bolívar y 105 en Kennedy.
Para los Uscátegui, estos números respaldan la necesidad de ampliar el papel de las Fuerzas Militares en el sur y suroccidente de la capital. La propuesta no plantea retirar a la Policía, sino utilizar a los militares como apoyo en operaciones específicas.
El representante también ha mencionado hechos recientes para sustentar su planteamiento. Entre ellos está el asesinato del subintendente de la Sijín Edilberto Pinilla, ocurrido el 27 de agosto mientras adelantaba labores de investigación relacionadas con un triple homicidio en Ciudad Bolívar.
La Policía informó posteriormente la captura de siete personas señaladas de participar en ese crimen. La Fiscalía les imputó homicidio y delitos relacionados con armas de fuego, y un juez impuso medidas privativas de la libertad.
El otro hecho citado por Uscátegui fue la explosión ocurrida el 25 de agosto en el barrio El Amparo, en Kennedy, que afectó varias viviendas y generó una investigación sobre el artefacto utilizado y sus responsables.
El planteamiento de los hermanos Uscátegui, sin embargo, choca con la posición de la Administración Distrital. Para el secretario de Seguridad, César Restrepo, hablar de una llegada del Ejército a Bogotá desconoce que los militares ya participan en operaciones coordinadas con la Policía.
“Pretender que la entrada del Ejército sea una novedad es desconocer que el Ejército ya está adentro”, respondió Restrepo frente a la propuesta de militarización. El funcionario señaló que la Décima Tercera Brigada desarrolla operaciones conjuntas con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad.
Restrepo explicó que la Brigada tiene jurisdicción sobre Bogotá y Cundinamarca y cuenta con más de 10.000 soldados. Según su respuesta, los uniformados participan en patrullajes mixtos, controles territoriales y operaciones contra diferentes delitos.
El Distrito también ha documentado esa cooperación. Durante el operativo de seguridad por Amor y Amistad, realizado el 19 y 20 de septiembre, participaron 1.400 policías junto con integrantes de la Décima Tercera Brigada y más de 450 funcionarios distritales.
Los patrullajes mixtos incluyeron precisamente algunas de las localidades que están en el centro de la controversia: Kennedy y Ciudad Bolívar, además de San Cristóbal, Usme, Fontibón, Santa Fe, Los Mártires, Rafael Uribe y otras zonas de Bogotá.
En consecuencia, la discusión entre el Distrito y los Uscátegui no gira exclusivamente alrededor de si hay o no militares en Bogotá. El punto de diferencia está en el alcance de esa participación, las funciones que deben cumplir y si se necesita un despliegue adicional y focalizado en las tres localidades.
Restrepo ha planteado, además, que la ciudad necesita fortalecer el número de policías, investigadores y las capacidades de respuesta judicial. Su argumento es que la presencia militar ya existente debe complementarse con capacidades específicamente policiales y de investigación criminal.
El secretario también aseguró que los homicidios habían disminuido 9 % en Ciudad Bolívar. Esa afirmación debe leerse con cautela: el reporte público que recoge la declaración no especifica el periodo exacto de comparación ni el número de casos utilizado para calcular ese porcentaje.
La confrontación tiene además una dimensión política. Mientras los Uscátegui presentan la asistencia militar como una respuesta que debe asumir el Gobierno Nacional, la Administración de Galán sostiene que la coordinación con el Ejército ya existe y que el reto consiste en fortalecer las capacidades institucionales de seguridad e investigación.
El debate no comenzó con la carta enviada por José Jaime Uscátegui al presidente. Desde hace meses Julián Uscátegui impulsa un cabildo abierto para discutir la asistencia militar en Bogotá, iniciativa que logró superar el número de firmas requerido para activar el mecanismo de participación ciudadana.
La Registraduría certificó 37.056 firmas válidas de las 52.965 que fueron revisadas. El mínimo requerido era de 31.096 firmas, por lo que el proceso puede avanzar hacia la discusión institucional en el Concejo de Bogotá.
Esto significa que la frase de Julián Uscátegui a De la Espriella forma parte de una estrategia política más amplia para trasladar al Gobierno Nacional una discusión que hasta ahora ha estado concentrada en la administración distrital. El concejal reclama que el presidente “asuma” la seguridad de Bogotá, mientras su hermano solicita formalmente que despliegue asistencia militar en tres localidades.
Por ahora, sin embargo, no existe una orden presidencial de militarización de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Lo que existe es una solicitud formal del representante José Jaime Uscátegui, un cabildo abierto promovido por Julián Uscátegui y una respuesta del Distrito que sostiene que el Ejército ya participa en la seguridad de Bogotá. La disputa, por tanto, se concentra en cuánto debe ampliarse esa presencia y quién debe responder políticamente por la seguridad de la capital.
