La propuesta atribuida a la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, de redistribuir parte de los afiliados de la Nueva EPS entre otras aseguradoras plantea un cambio relevante en la respuesta del Gobierno entrante a la crisis sanitaria. La idea parte de un diagnóstico operativo: la concentración de millones de usuarios en una sola entidad habría aumentado las dificultades para garantizar consultas, medicamentos, tratamientos y pagos a la red prestadora. Sin embargo, el traslado de afiliados también abre interrogantes jurídicos, económicos y técnicos, así como una controversia política por el eventual fortalecimiento de las EPS privadas.
La medida tendría una lógica inmediata. Si la Nueva EPS administra una población superior a su capacidad financiera y operativa, reducir el número de afiliados podría disminuir la presión sobre sus redes de atención y facilitar la administración de los servicios. La desconcentración podría permitir que otras entidades con mayor capacidad territorial asumieran parte de la población y evitar que la crisis de una sola EPS afectara a millones de personas. Pero esa lógica solo funcionaría si las entidades receptoras cuentan con solvencia, infraestructura y redes suficientes.
Desde el punto de vista jurídico, una redistribución no podría realizarse de manera discrecional ni limitarse a trasladar usuarios según una decisión política. El sistema reconoce la libertad de elección y exige proteger la continuidad de la atención. Cualquier mecanismo tendría que respetar las reglas de afiliación, evitar interrupciones en tratamientos y establecer criterios objetivos para determinar qué usuarios serían trasladados y a cuáles EPS. La situación sería especialmente delicada para pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, patologías de alto costo o tratamientos que dependen de una red médica específica.
La viabilidad legal también dependería de la figura utilizada. No es lo mismo trasladar afiliados por una decisión voluntaria, por una medida de reorganización administrativa, por la incapacidad de una EPS o como consecuencia de una liquidación. Cada escenario tiene procedimientos y garantías diferentes. Si la Nueva EPS continúa operando, una redistribución masiva tendría que justificar por qué es necesaria y demostrar que no vulnera los derechos de los usuarios ni altera de manera arbitraria las condiciones de afiliación.
La experiencia reciente muestra que los traslados masivos pueden generar controversias judiciales. Una medida de este tipo tendría que demostrar que las EPS receptoras tienen capacidad real para atender a la nueva población y que el cambio no producirá barreras adicionales. La disponibilidad de hospitales, clínicas, especialistas, medicamentos y servicios en cada territorio sería determinante. No bastaría con que una entidad tenga autorización para operar: tendría que probar que puede ampliar su cobertura sin deteriorar la atención de sus afiliados actuales.
En el plano económico, la discusión gira alrededor de la Unidad de Pago por Capitación, o UPC. La ADRES reconoce recursos a las EPS de acuerdo con la población afiliada y las condiciones definidas para financiar la atención. Por ello, si una EPS recibe más usuarios, también aumenta el volumen de recursos públicos que administra. En 2026, el Gobierno proyectó más de $101 billones para la financiación asociada a la UPC, mientras los giros mensuales ya superaban los $8 billones.
Esto significa que la crítica sobre un posible favorecimiento a las EPS privadas tiene una base material. Una entidad que reciba cientos de miles o millones de afiliados no solo ampliaría su participación en el mercado del aseguramiento, sino que administraría una porción mayor de los recursos públicos destinados a la salud. No obstante, sería impreciso afirmar que esos recursos equivalen automáticamente a una ganancia o a una transferencia gratuita: la EPS receptora también asumiría la obligación de garantizar la atención y responder por los costos médicos de la nueva población.
La controversia aparecería porque el aumento de afiliados puede generar beneficios institucionales y económicos aun cuando los recursos estén destinados a financiar servicios. Una EPS con más usuarios gana tamaño, capacidad de negociación y mayor presencia territorial. Además, si logra administrar los recursos con costos inferiores a los reconocidos o ampliar su operación mediante economías de escala, podría fortalecer su posición financiera. Por eso, la discusión no se limita al dinero girado por la ADRES, sino al poder que adquieren las entidades al controlar una mayor proporción del aseguramiento.
El debate sería todavía más sensible por la trayectoria de Vesga. Antes de ser designada ministra, fue presidenta de Acemi, gremio que representa a varias EPS y que ha defendido el fortalecimiento financiero del modelo de aseguramiento. Su nombramiento ha sido cuestionado por sectores que advierten un posible conflicto de intereses, aunque su experiencia gremial no constituye por sí sola una irregularidad ni demuestra que una eventual política pública vaya a favorecer indebidamente a las entidades representadas por el gremio.
La eventual redistribución tendría que estar acompañada de reglas estrictas de transparencia. El Gobierno debería explicar cuáles EPS pueden recibir afiliados, cuántos usuarios asumiría cada una, qué indicadores de solvencia y calidad se utilizarían y cómo se evitaría que la decisión favoreciera a entidades determinadas. También tendría que publicar información sobre las deudas, la capacidad de las redes prestadoras y los resultados de atención de las EPS receptoras. Sin esos criterios, la medida podría ser interpretada como una transferencia de usuarios y recursos públicos hacia aseguradoras privadas con las que la ministra ha tenido vínculos gremiales.
Desde una perspectiva técnica, la pregunta central no es únicamente cuántos afiliados pueden salir de la Nueva EPS, sino qué ocurrirá con las obligaciones acumuladas. El traslado de usuarios no elimina automáticamente las deudas con hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y otros prestadores. Tampoco borra los déficits financieros ni resuelve las dificultades administrativas que hayan contribuido a la crisis. La Nueva EPS podría tener menos usuarios, pero conservaría obligaciones anteriores y problemas patrimoniales que requerirían un plan de saneamiento independiente.
La medida tampoco crearía recursos nuevos para el sistema. Si la crisis se explica parcialmente por una brecha entre los costos de atención y los ingresos reconocidos, trasladar afiliados solo redistribuiría la presión financiera. Las nuevas EPS recibirían recursos asociados a los usuarios, pero también asumirían sus riesgos y gastos. Si la UPC es insuficiente, si existen deudas acumuladas o si el costo de medicamentos y tratamientos continúa aumentando, el problema podría trasladarse de una entidad a varias.
Por eso, la propuesta no necesariamente solucionaría la crisis sanitaria. Podría aliviar la carga administrativa de la Nueva EPS y mejorar la atención en algunos territorios, pero no resolvería por sí sola las causas estructurales del deterioro. El sistema enfrenta problemas relacionados con financiación, cartera hospitalaria, acceso a medicamentos, capacidad de las redes, supervisión y gestión de riesgos. Una redistribución podría ser una herramienta de reorganización, no una reforma integral.
El resultado también dependería de la calidad de las EPS receptoras. Si los afiliados son trasladados a entidades con buenos indicadores, redes amplias y capacidad financiera, la medida podría mejorar la oportunidad de la atención. Pero si se asignan usuarios a EPS que ya tienen deudas, dificultades operativas o un alto número de quejas, el traslado podría extender la crisis y aumentar las barreras. El riesgo sería pasar de una entidad sobrecargada a varias entidades con problemas similares.
Otro aspecto técnico sería la continuidad de los tratamientos. Los pacientes no son cifras intercambiables dentro de una base de datos. Un traslado puede obligar a cambiar médicos, hospitales, autorizaciones y rutas de atención. Para evitar daños, el Gobierno tendría que garantizar que los tratamientos en curso continúen sin interrupciones y que las nuevas EPS respeten las órdenes médicas, procedimientos y medicamentos ya aprobados. La protección tendría que ser reforzada para personas con enfermedades de alto costo y para quienes dependen de atención especializada.
La propuesta también podría generar una discusión sobre el papel del Estado en el sistema. El Gobierno saliente buscó aumentar el control público y cuestionó el modelo de intermediación de las EPS. El Gobierno entrante, en cambio, ha planteado fortalecer el aseguramiento y devolver protagonismo a las entidades privadas. La redistribución de afiliados podría convertirse en una señal de ese cambio: menos concentración en la Nueva EPS y mayor participación de aseguradoras privadas en la administración de recursos públicos.
Los defensores de la medida podrían argumentar que la naturaleza pública o privada de una EPS no debería ser el criterio decisivo. Según esa posición, lo importante sería identificar qué entidades pueden atender mejor a los usuarios y distribuir la población de acuerdo con criterios de capacidad, calidad y solvencia. Si las EPS privadas demuestran mejores resultados y tienen redes disponibles, recibir afiliados podría ser una decisión técnica orientada a proteger a los pacientes.
Los críticos, por el contrario, podrían sostener que la propuesta representa una forma de fortalecer a las EPS privadas sin solucionar los problemas de fondo. El traslado aumentaría su número de usuarios, su participación en el sistema y el volumen de recursos administrados, mientras la Nueva EPS conservaría parte de sus deudas y dificultades. La controversia sería mayor si las entidades beneficiadas pertenecen al gremio que dirigía la ministra o si no existen criterios públicos para justificar su selección.
También habría un debate sobre la responsabilidad histórica de las EPS. La crisis del modelo no comenzó durante el Gobierno saliente y varias aseguradoras públicas y privadas han enfrentado investigaciones, intervenciones, liquidaciones, deudas y cuestionamientos por la atención a los pacientes. Por ello, una política que entregue más afiliados a EPS privadas tendría que demostrar que las entidades seleccionadas no reproducirán las fallas que han afectado al sistema durante años.
La medida podría ser jurídicamente viable si se adopta mediante un procedimiento compatible con las normas de afiliación, respeta la libertad de elección y protege la continuidad de los servicios. También podría ser económicamente razonable si las EPS receptoras tienen capacidad comprobada y si el traslado reduce costos administrativos o mejora la eficiencia. Pero su viabilidad técnica dependería de estudios detallados sobre redes, población, riesgos, financiación y capacidad territorial, no únicamente de la necesidad de descongestionar a la Nueva EPS.
En conclusión, redistribuir afiliados podría aliviar parte de la presión sobre la Nueva EPS, pero no constituye una solución automática a la crisis. La medida no eliminaría las deudas, no crearía recursos adicionales y no corregiría por sí sola los problemas de financiación, gestión y acceso. Al mismo tiempo, sí podría favorecer a las EPS privadas al aumentar su población, su participación en el sistema y el volumen de recursos públicos que administran. La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en si se trasladan usuarios, sino en quiénes los reciben, bajo qué criterios, con qué controles y qué resultados concretos se ofrecen a los pacientes.
