Un nuevo proyecto de acto legislativo radicado en la Cámara de Representantes volvió a poner sobre la mesa una discusión que ha acompañado al constitucionalismo colombiano durante décadas: permitir que los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo puedan ejercer el derecho al voto. La iniciativa busca modificar el artículo 219 de la Constitución, que desde 1991 les prohíbe sufragar mientras permanezcan en servicio activo.
La propuesta fue presentada por el senador Germán Rodríguez, del Partido Salvación Nacional, quien sostiene que miles de integrantes de la Fuerza Pública continúan privados de un derecho fundamental pese a ser ciudadanos que cumplen con las mismas obligaciones constitucionales que el resto de la población. Según el congresista, la reforma no pretende convertir a los uniformados en actores políticos, sino restituirles únicamente el derecho al sufragio.
El proyecto mantiene intacta la prohibición para que militares y policías participen en actividades partidistas, hagan proselitismo, intervengan en campañas electorales o formen parte de controversias políticas. En otras palabras, la iniciativa distingue entre el derecho individual a votar y la obligación institucional de permanecer como una fuerza no deliberante y subordinada al poder civil.
Los promotores de la reforma argumentan que Colombia constituye hoy una excepción dentro de América Latina y de buena parte de las democracias occidentales. Países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Chile y México permiten que los integrantes de sus Fuerzas Armadas voten, mientras mantienen estrictas restricciones para impedir que participen en política activa.
Entre los argumentos a favor figura la necesidad de reconocer plenamente la ciudadanía de quienes integran la Fuerza Pública. Los defensores sostienen que el sufragio constituye un derecho político fundamental que solo debería restringirse por razones excepcionales y que resulta contradictorio exigir a militares y policías defender el orden democrático sin permitirles participar en la elección de sus gobernantes.
Asimismo, los autores del proyecto sostienen que el voto secreto no convierte automáticamente a un uniformado en un actor político. En su criterio, mientras continúen prohibidas la militancia partidista, la deliberación política y el proselitismo dentro de las instituciones armadas, el ejercicio del sufragio no afectaría la disciplina ni la cadena de mando.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta importantes cuestionamientos de constitucionalistas, expertos en relaciones cívico-militares y organizaciones de la sociedad civil. Uno de los principales reparos consiste en que abrir la puerta al voto podría convertirse en el primer paso hacia una progresiva politización de la Fuerza Pública, especialmente en un país con altos niveles de polarización como Colombia.
Quienes se oponen a la reforma recuerdan que el artículo 219 de la Constitución fue diseñado precisamente para blindar a las Fuerzas Militares y a la Policía frente a las disputas partidistas. Desde esta perspectiva, la neutralidad política constituye uno de los pilares de la democracia colombiana y garantiza que la Fuerza Pública permanezca al servicio del Estado y no de un determinado gobierno o corriente ideológica.
Los críticos también advierten sobre el riesgo de que los partidos políticos comiencen a considerar a los uniformados como un nuevo electorado de gran tamaño. Con cerca de medio millón de potenciales votantes, podrían aumentar los incentivos para ofrecer beneficios salariales, pensionales o laborales con fines electorales, comprometiendo la independencia institucional.
El debate suele recurrir al caso de Venezuela como ejemplo de los riesgos de una Fuerza Armada crecientemente involucrada en la política. Aunque los militares venezolanos pueden votar desde hace décadas, diversos analistas coinciden en que el deterioro democrático no obedeció al sufragio en sí mismo, sino a la progresiva identificación institucional de la Fuerza Armada con el proyecto político del chavismo, la ocupación de cargos civiles por altos mandos militares y la pérdida de neutralidad frente al poder político.
Otro caso citado con frecuencia es el de Turquía. Durante buena parte del siglo XX, las Fuerzas Armadas se consideraron garantes del orden constitucional e intervinieron directamente en la política mediante varios golpes de Estado. Aunque los militares contaban con derechos políticos como ciudadanos, el caso turco suele utilizarse para ilustrar los riesgos que implica una institución militar con excesiva influencia sobre la vida política del país, incluso cuando posteriormente el poder civil reforzó su control sobre ella.
Chile también aparece con frecuencia en la discusión, aunque por razones distintas. Si bien las Fuerzas Armadas chilenas votan y desde el retorno a la democracia no han vuelto a intervenir institucionalmente en la política, todavía persisten debates sobre beneficios pensionales especiales heredados de la dictadura de Augusto Pinochet y sobre una cultura institucional que algunos sectores consideran más cercana a posiciones conservadoras. Para varios analistas, ello demuestra que el voto no es el único elemento que determina la relación entre la Fuerza Pública y la democracia.
También se recuerda el caso reciente en donde correos institucionales de miembros de las fuerza pública aparecieron en bases de datos del entonces movimiento Defensores de la Patria, quedando en el aire la discusión sobre si hubo o no participación en política.
En contraste, los defensores de la iniciativa recuerdan que existen numerosos países donde los militares ejercen el derecho al sufragio sin que ello haya comprometido la estabilidad democrática. Señalan que el verdadero factor de protección radica en la fortaleza de las instituciones, el estricto control civil sobre las Fuerzas Armadas y la existencia de sanciones severas frente al proselitismo político dentro de los cuerpos uniformados.
Desde el punto de vista político, el proyecto enfrenta un camino complejo. Al tratarse de un acto legislativo, deberá superar ocho debates distribuidos en dos periodos ordinarios del Congreso, además de reunir mayorías calificadas en cada etapa. Históricamente, iniciativas similares han sido archivadas antes de culminar su trámite.
La viabilidad de la reforma dependerá también del ambiente político que encuentre en el Congreso. Aunque algunos sectores de centroderecha y derecha han expresado simpatía por la propuesta, varias bancadas de izquierda, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos constitucionalistas han manifestado reservas sobre modificar uno de los principios que ha regido la relación entre la Fuerza Pública y el poder civil desde la Constitución de 1991.
Más allá del resultado legislativo, la iniciativa ha reabierto una discusión de fondo sobre el equilibrio entre los derechos políticos individuales de quienes integran la Fuerza Pública y la necesidad de preservar una institución completamente neutral frente a las disputas partidistas. Ese será, probablemente, el principal eje del debate constitucional que comenzará en el Congreso durante los próximos meses
